Conforme a lo establecido en el artículo 2, fracción VIII de la Constitución Federal, y el artículo 10 de la Ley general de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, las personas indígenas tienen en todo momento el derecho a contar con un intérprete para que puedan expresarse en su propia lengua en el sistema judicial.
Para Oaxaca, el estado con mayor diversidad lingüística de México, y con más leguas que en todo el continente europeo, conocer y aplicar tales derechos representa un gran desafío, considera Tomás López Sarabia, presidente del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A.C. (CEPIADET).
A propósito del Día Internacional de la Lengua Materna, este 21 de febrero, el titular de la asociación civil dio a conocer que con el objetivo de difundir la diversidad lingüística y el pluralismo jurídico de Oaxaca, desde el año pasado CEPIADET imparte talleres a servidores públicos del Poder Judicial.
“En coordinación con el Poder Judicial del Estado de Oaxaca impartimos un curso de actualización para servidores públicos del sistema de justicia, entre ellos jueces, secretarios de acuerdo y oficiales administrativos de las regiones Mixteca, Costa, Cuenca, Valles Centrales e Istmo, a fin de garantizar un acceso adecuado a la justicia de personas, pueblos y comunidades indígenas”, explicó.
Luego de dar a conocer la campaña “Los derechos viven en todas las lenguas”, en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, López Sarabia comentó que en los talleres de actualización al Poder Judicial también participa la Biblioteca Juan de Córdova.
Precisó que son dos los temas de estos talleres: Diversidad lingüística, a cargo de la lingüista Yásnaya Aguilar Gil, de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova; y Pluralismo jurídico, impartido por el abogado y antropólogo Guillermo Padilla.
La presencia de un intérprete o traductor en cualquier procedimiento judicial es una garantía en México para los procesados que no hablan español, sin embargo, apuntó, suele ocurrir que si un extranjero requiere un intérprete en caso de ser detenido, se le consigue de inmediato, pero cuando se trata de un indígena resulta una tarea titánica cuando no, imposible.
“Algunas ocasiones por falta de conocimiento entre el personal de un juzgado o tribunal, y en otras por falta de recursos para pagar viáticos y honorarios a un intérprete, los casos de muchas personas que no hablan español suelen alentarse hasta por cinco años”, comentó López Sarabia.
Indicó que a los servidores públicos del Poder Judicial se les actualizó sobre el pluralismo jurídico y diversidad lingüística en virtud de la reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos y de la adopción del Poder Judicial del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas, comunidades y pueblos indígenas, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, añadió, también obedece al compromiso realizado en el Primer Encuentro Nacional de Intérpretes en Lenguas Indígenas celebrado en Oaxaca en el año 2013.
Tomás López Sarabia detalló que de acuerdo con datos de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el 33 por ciento de la población penitenciaria en Oaxaca es indígena, cifra que corresponde al mismo porcentaje de hablantes de estas lenguas en el estado.
En materia penal, señaló que de ese 33 por ciento, el 80 por ciento de los casos corresponde al fuero local, y sólo el 20 por ciento al fuero federal, motivo por el cual el sistema de impartición de justicia del estado ha empezado a actualizarse a través de un programa coordinado con el CEPIADET.
“La idea es que se consolide el Poder Judicial para garantizar la justicia con perspectiva intercultural en nuestro estado, un propósito que como oaxaqueños nos ocupa y en el que somos pioneros pues estamos hablando de que vivimos en el estado con mayor diversidad lingüística del mundo”, concluyó López Sarabia.
