La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca (SCTG) puso en marcha el Programa Anual de Auditorías (PAA) 2015, mediante el cual implementará 52 acciones de fiscalización a dependencias, entidades y organismos auxiliares del Gobierno del Estado, informó la titular de la dependencia, Perla Woolrich Fernández.
La servidora pública detalló que derivado de este Programa, se realiza una revisión de la aplicación de los recursos presupuestales del ejercicio 2014 en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, Comisión Estatal del Agua, Centro de Salud Urbano de Matías Romero, Monte de Piedad, Instituto Catastral, Secretaría de Finanzas, además de la Universidad Tecnológica de la Sierra Sur, el Instituto Estatal de Educación para los Adultos, la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión.
Woolrich Fernández abundó que para fortalecer la rendición de cuentas en la administración estatal, también se auditan los recursos humanos, materiales y financieros, en las coordinaciones para la Atención de los Derechos Humanos y Comunicación Social, así como la Secretaría de Asuntos Indígenas y la Gubernatura.
Precisó que a través del PAA se ejecutan auditorías al gasto corriente, es decir, a los presupuestos destinados a la operación de los entes públicos como es el caso de la compra de bienes, pago de servicios y contratación de recursos humanos que no son verificados por los órganos de fiscalización federal, como es el caso de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.
Además se aplicarán auditorías integrales y específicas a las secretarías de Administración, Trabajo (SETRAO), de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG), Desarrollo Social y Humano, Turismo y Desarrollo Económico (STYDE), Seguridad Pública (SSP), Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA) y General de Gobierno (SEGEGO), así como al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), entre otras instancias.
Respecto al PAA, la titular del Órgano Estatal de Control dejó en claro que la fiscalización además que permite detectar probables anomalías administrativas en la ejecución de los presupuestos, tiene un fin superior que es mejorar la gestión gubernamental, cerrar espacios a la excesos o abusos en el servicio público, y combatir la discrecionalidad en el uso de los recursos destinados al desarrollo de programas y políticas públicas.
La servidora pública explicó que cada uno de los procesos de auditorías tendrá una duración en promedio de dos a tres meses. Tiempo en que los auditores revisarán la documentación comprobatoria sobre la aplicación de los recursos autorizados, conforme con las partidas correspondientes. Además que cada ente público fiscalizado, haya observado en el ejercicio de sus presupuestos la normatividad vigente y los principios de eficiencia, legalidad, transparencia y racionalidad, en el cumplimiento de las metas y objetivos de su programa operativo e institucional.
