El gobierno federal dará este año subsidios por 5 mil 605 millones de pesos a estados y municipios para equipamiento e infraestructura en seguridad pública.
En esta partida se incluye la compra de 6 mil 400 unidades móviles policiales (patrullas, entre otras modalidades), así como recursos para la construcción de comandancias para las corporaciones e instancias de procuración de justicia.
El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), de la Secretaría de Gobernación (SG), prometió transparencia y una labor de revisión constante en la aplicación de esos recursos, para evitar el desvío o mal uso de parte de las autoridades locales.
Los apoyos ya están etiquetados, es decir, con base en un análisis previo con los enviados de los gobernadores se definió en qué se gastará el dinero en cada entidad y municipio, dentro de un conjunto de 17 programas de prioridad nacional en profesionalización, equipamiento, infraestructura y tecnología de las instituciones de seguridad pública, administración y procuración de justicia.
El año pasado, Iguala, Guerrero, recibió de la Federación 10 millones de pesos, dentro del plan de subsidios a municipios para mejor sus sistemas de seguridad púbica.
El entonces alcalde José Luis Abarca determinó, con la venia del SNSP, que el dinero se emplearía para comprar patrullas. Hasta el momento se sabe que los 10 millones fueron justificados adecuadamente en términos administrativos. Sin embargo, a nivel operativo, algunas de las unidades adquiridas con recursos federales posiblemente fueron utilizadas por los policías de Iguala para levantar a normalistas de Ayotzinapa y entregarlos luego a criminales, de ahí que el SNSP busca garantizar la compra de equipo, pero también el desarrollo y confiabilidad policial.
El sector seguridad no ha sido afectado hasta el momento por el recorte presupuestal al gasto federal.
Como se ha informado, para este ámbito la bolsa total de apoyos y subsidios es de 16 mil millones de pesos; un tercio del presupuesto total es para equipo e infraestructura.
También se incluye una partida de mil millones para fortalecer los 35 centros estatales de control de confianza; mil 267 millones para capacitación de los policías, incluidos cursos para 840 mandos; mil 177 millones para homologación salarial y mejora de las condiciones laborales de los policías municipales, y casi 2 mil milones para la red de comunicaciones, entre otros subsidios.
La vigilancia de la correcta y transparente aplicación de los recursos estará a cargo del SNSP, la Secretaría de la Función Pública y, como en todo el sector público, de la Auditoría Superior de la Federación.
Jorge Márquez, oficial mayor de la SG, dijo ante los representantes de los consejos de seguridad pública estatales que los convenios de apoyos y subsidios, así como sus anexos técnicos, serán públicos.
Subrayó además que estados y municipios deben realizar una adecuada planeación administrativa para ejercer los recursos de manera correcta.
Ante un escenario económico como el que hoy vivimos, en el ejercicio de los recursos públicos que son de todos los mexicanos nunca habrá lugar para ineficiencias, subejercicios y muchos menos ineficacias. Cumplamos el mandato de transparencia y rendición de cuentas; más que obligación, debe ser una convicción de todos los funcionarios públicos, dijo.
