La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados decidió, por unanimidad de sus ocho partidos integrantes, posponer ‘‘el tiempo que sea necesario’’ la discusión en el pleno del dictamen de la Ley General de Aguas, que se pretendía aprobar en la sesión de hoy.
Las bancadas opositoras opinaron que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tenía los votos necesarios, pero no el respaldo social, debido a que el documento abre la puerta a la iniciativa privada a prestar el servicio público de agua potable, facturar y cobrar al usuario final.
La junta autorizó foros de discusión, pero legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Morena plantearon que ello debe ser para modificar el dictamen y quitar los puntos que llevan a la privatización del agua, e incluso a presentar un documento distinto basado en la propuesta de la sociedad civil.
Manlio Fabio Beltrones (PRI), presidente de la Junta de Coordinación, cuestionó que con ‘‘la simple lectura (del dictamen) le quedaría claro, a cualquiera que no tenga lento aprendizaje, que no hay intención privatizadora, como ciertos políticos demagógicos lo han expresado’’.
Beltrones explicó que los partidos en ese órgano de dirección de la cámara optaron por abrir un espacio de participación ciudadana y de expertos ‘‘para que se aclaren dudas y se deje atrás la desinformación de algunos políticos en campaña, que quieren tomarlo como bandera para confundir’’.
El coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, resaltó que la apertura a las opiniones de la sociedad y los propios legisladores conducirá a cambios en el contenido del dictamen promovido por el gobierno federal por medio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
‘‘No tendría ningún sentido escuchar a las asociaciones y a los investigadores que han expresado dudas, si no hay intención de modificar el dictamen. Las reuniones de trabajo son para escuchar y ajustarlo’’, declaró el legislador.
Manuel Huerta (Morena) deseó que al posponer la discusión del dictamen no se abra un espacio sólo ‘‘para aplazar la sentencia de muerte; esto es, que la ley Korenfeld (por el director de la Conagua, David Korenfeld) la aprueben mañana, pasado mañana o dentro de un año, sino que se abra una discusión seria y se invite a quienes se excluyeron, entre éstos al movimiento Agua para Todos’’.
También la diputada Lilia Aguilar (PT) consideró que este plazo no debe ser sólo para diferir por unos días las críticas de la sociedad civil y de los investigadores o para evitar las manifestaciones en la calle y en la tribuna.
Antes de que el PRI aceptara posponer el debate de la Ley General de Aguas, diputados y senadores de ese partido defendieron el dictamen e incluso invitaron a empresarios que ya operan el servicio de agua potable en los municipios, así como al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Jesús Reyes Heroles, a quien diputados del PRD señalaron de ser el principal cabildero de la iniciativa a nombre del capital privado.
Kamel Athie (PRI), presidente de la Comisión de Agua Potable y uno de los principales impulsores del proyecto oficial, afirmó que ‘‘no hay privatización encubierta’’ del agua, pero enseguida justificó la apertura que conlleva el dictamen a que, por ejemplo, durante su administración en el gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador permitió la operación de empresas privadas en el Sistema de Aguas de la ciudad.
Se trata, leyó en una tarjeta, de las empresas Proactiva, Medio Ambiente, Sacsa, Industrias del Agua de la Ciudad de México, Tecnología y Servicios del Agua y Agua de México. ‘‘Creo que vio que con esto el Sistema de Aguas podría ser mucho más eficiente’’ y ya prestan el servicio de agua potable, dijo.
