El gobierno de México rechazó que la práctica de la tortura en el país sea “generalizada”, como afirma en su informe el relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez y señala que de las 12 mil 787 quejas documentadas entre 2006 y 2014, el relator sólo pudo sustentar 14.
“México identifica una serie de retos que debe atender a fin de asegurar la erradicación por completo de esta práctica. No obstante, no podemos compartir una aseveración como la que propone en el sentido de que la tortura es una práctica generalizada en el país, ya que no corresponde con la realidad ni refleja los enormes esfuerzos que ha desplegado mi país para consolidar en la ley y en la práctica, una cultura de respeto a los derechos humanos, los que por cierto, han sido acompañados en gran medida por las Naciones Unidas”, advirtió el representante permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Jorge Lomónaco.
En entrevista con La Jornada, el diplomático enfatizó que “esta aseveración tampoco corresponde con el contenido del resto del informe del relator”, y reiteró que desde su visita al país, en 2014, “el relator ha presentado información sobre14 casos, todos importantes y por los cuales se inició el proceso de investigación correspondiente, a fin de que el Estado pueda asegurar el acceso pleno a la justicia de las respectivas víctimas de violaciones a los derechos humanos y fincar las responsabilidades correspondientes a los autores”.
Lomónaco puntualizó que “se ha proporcionado información puntual al relator sobre el 95 por ciento de los casos referidos y se continúa trabajando para seguir con dicho proceso” y destaca que el que el relator “pudo constatar, a través de las reuniones que sostuvo con cerca de 100 servidores públicos de alto nivel la voluntad y el compromiso del Estado mexicano por cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
-¿Cómo queda la imagen de México en el exterior con este informe? Se le preguntó.
-Debemos tomar en cuenta que México no es el único país que ha recibido observaciones como ésta. Otras naciones comprometidas con la democracia, como Estados Unidos o países europeos, también han recibido observaciones. Es entendible que en el caso de la sociedad mexicana, se atienda particularmente a los temas asociados con el país, pero debemos ver los informes en su contexto, respondió.
Lomónaco agregó que para obtener un efecto positivo de este informe, “los mecanismos especiales del Consejo de Derechos Humanos deben sustentar su actuación en una reflexión objetiva y ponderar adecuadamente los distintos puntos de vista”.
Recordó que “el Estado mexicano cuenta con un andamiaje jurídico y una determinación institucional que favorece y amplia el espectro de protección a los derechos humanos”, y que para prevenir y atender la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, se han promovido leyes como la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, a fin de asegurar que todo el personal militar implicado en presuntas violaciones de derechos humanos contra civiles sea investigado, encausado y juzgado por el sistema de justicia ordinario.
La publicación de los Protocolos de cadena de custodia, preservación de evidencias y uso de la fuerza, además de la presentación de la iniciativa de ley federal para la regulación del Uso de la Fuerza, la promulgación de la Ley General de Víctimas y el establecimiento de las instancias para garantizar la adecuada reparación de las víctimas, entre otros.
De acuerdo con una encuesta de Amnistía Internacional, “México es el segundo país con el porcentaje más alto de personas que tienen miedo a ser torturadas en caso de ser detenidos con 67 por ciento”, superado únicamente por Brasil.
El presidente del Senado y coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, coincidió en negar que en el país la tortura sea generalizada. “Sí existen casos que realizan servidores públicos vinculados con la seguridad pública y asuntos policiacos, pero no es generalizada la tortura”.
El perredista insistió: “no podemos admitir una opinión como si cada persona que fuera detenida o sujeta a investigación pudiera ser torturada. Eso no es real. Tampoco hay que admitir este tipo de calificaciones a lo que ocurre en el país porque no habla de la realidad”.
