El presidente en turno de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, precipitó el cierre de la sesión del pleno cameral, omitiendo el acuerdo que la Junta de Coordinación Política asumió la víspera para debatir en tribuna el señalamiento de probable acto de corrupción del gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés, y la reducción del precio de las gasolinas a lo largo de la República.
Por la mañana el coordinador parlamentario del PAN, Ricardo Anaya, dio por buena la noticia de que el pleno cameral abordaría durante los trabajos de este jueves el debate sobre los señalamientos contra el gobernador de Sonora (su correligionario), quien probablemente habría establecido actos fuera de la norma al recibir recursos de un empresario contratista de la administración de aquella entidad.
El político queretano comprometió a su partido a combatir la corrupción. Pero denunció, “dejemos de simular, dejemos solamente de utilizar esos temas con fines de golpeteo político y vamos a demostrarle a los ciudadanos que sin colores partidistas estamos dispuestos a ir adelante a la corrupción”.
–¿Caiga quien caiga?
–Por supuesto que sí.
No obstante, el tema que atañe a la probable corrupción del gobernador Padrés, y su hermano, que fue agendado en el orden del día para ser tratado desde tribuna, no alcanzó a ser procesado porque el priísta Arroyo decretó el fin de la sesión.
Tal situación generó encono entre los diputados promoventes del debate.
Lilia Aguilar, del Partido del Trabajo, denunció que el PAN “aplicó un intenso cabildeo, no solo aquí en la Cámara de Diputados sino con el gobierno federal para impedir que el debate pudiera concretarse”.
La legisladora acusó también, que las fracciones parlamentarias del PRI, su apéndice el Partido Verde y el PAN, enviaron una pésima señal a la opinión pública al impedir se debatiera un tema de relevancia política, por el sencillo hecho de defender a un gobernante y los intereses que éste representa.
Antes, Manuel Huerta, de Morena, la emprendió contra Ricardo Anaya, porque horas antes se había comprometido públicamente a incluir en el orden del día el tema de la corrupción de Guillermo Padrés y su familia.
“De lo que hoy fuimos testigos fue una simulación. Nosotros exhortamos a la presidencia de la mesa directiva para que se incluyera en el debate, no solo el exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informara si el SAT realiza alguna investigación con relación a los probables contratos asignados a Guillermo Padrés Elías y Miguel Padrés Elías.
Huerta señaló que su propuesta de añadidura al punto de acuerdo que contemplaba que la Secretaría de la Función Pública investigara los contratos otorgados por dependencias federales al conglomerado Higa, el mismo que celebró operaciones de compraventa en el caso de la residencia de Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto y propietaria de la llamada Casa Blanca; y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
