La CIDH emitió una misiva en que explicaba que si el Gobierno venezolano accedía a la visita, se eliminaría al país de la ‘lista negra’ de países del continente que no avanzan lo suficiente en derechos humanos.
El Gobierno de Venezuela rechazó hoy por “ilegal e inmoral” una petición formal de laComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para visitar ese país y documentar su situación de derechos humanos.
En una audiencia sobre Venezuela en la CIDH, el representante del Gobierno venezolano para derechos humanos, Germán Saltrón, reveló que ese organismo solicitó formalmente hacer una visita al país en una carta enviada a finales de enero.
La misiva, firmada por el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, y dirigida a la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, planteaba de nuevo la posibilidad de que el pleno de la Comisión visitara Venezuela, algo a lo que Caracas se ha negado reiteradamente desde hace más de una década.
Icaza recordaba en su carta que, si el Gobierno venezolano accedía a la visita, se eliminaría al país del Capítulo 4 del informe anual de la CIDH, conocido como la “lista negra” de países del continente que no avanzan lo suficiente en derechos humanos, y en el que Venezuela aparece cada año desde 2005.
Colombia y Honduras han accedido en los últimos años a acoger una visita de la CIDH a cambio de que su situación sea analizada en un informe especial sobre su país y excluida temporalmente de la “lista negra”, una posibilidad que está disponible a raíz de la reforma de la Comisión aprobada por los Estados del continente en 2013.
“El Gobierno legítimo de Venezuela, comprometido en la defensa de los derechos humanos (…), rechaza por ilegal e inmoral el canje que se le propone”, dijo Saltrón durante la audiencia.
Aseguró que Venezuela no está “de acuerdo con el Capítulo 4”, que crea “categorías al incluir o excluir arbitrariamente a determinados países” como los que menos cumplen con los derechos humanos.
“La Comisión (comete) el atentado de intentar negociar la inclusión o la exclusión en determinadas categorías o capítulos a cambio de alguna concesión del gobierno ilegalmente incriminado, por ejemplo la invitación a visitar el país injuriado” , sostuvo Saltrón.
“Esta propuesta suma a las anteriores extralimitaciones por parte de la Comisión, y a la de suponer que la materia de derechos humanos está sujeta a negociación”, agregó.
Venezuela ha rechazado en los últimos años las peticiones que la CIDH le hacía informalmente durante las audiencias en Washington para visitar el país, debido a que acusa a la Comisión de estar sesgada en su contra y de haber respaldado el intento de golpe de estado contra el Gobierno de Hugo Chávez en abril de 2002.
El secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, defendió la propuesta del organismo al alegar que la visita a un país “genera una mayor profundidad en el monitoreo” de los derechos humanos, lo que justifica que se le elimine del Capítulo 4 y se estudie su situación por separado.
Además, rechazó el argumento de Venezuela de que la propuesta de la CIDH sobre una visita al país “atenta contra su soberanía” y consideró que, al contrario, “la labor de monitoreo” que hacen organismos como la Comisión “fortalece esa soberanía” porque es el Estado quien se somete voluntariamente a ello.
“Ellos libre y soberanamente han decidido firmar la carta de la OEA (Organización de Estados Americanos, de la que depende la CIDH). Si firman la carta de la OEA, eso contrae obligaciones”, dijo Icaza a los periodistas tras la audiencia.
“Lo que no se puede es apelar a la soberanía para no cumplir las obligaciones internacionales”, añadió.
