Del 2006 y hasta abril del 2014 nadie ha sido condenado por desaparición forzada en México, pese a que es uno de los ilícitos que más preocupa, informó en la tribuna del Senado Alejandra Ancheita Pagaza, ganadora del reconocimiento Martín Ennals 2014, considerado el Nobel de los derechos humanos.
“Los casos de tortura y desaparición forzada son dos de los problemas más dolorosos y urgentes a atender en el país. Hasta abril del 2014, de acuerdo con información oficial, nadie había sido condenado por algún caso de desaparición forzada cometido después del 2006. El caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos y el caso de Tlatlaya ilustran claramente que hay una necesidad apremiante de atender estas problemáticas”, expresó.
La denuncia de la directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC, en torno a que no ha habido consignados por desaparición forzada en México durante el periodo citado, se da pese a que del 2006 al 2011 se presentaron 390 quejas por este delito ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de las cuales 277 se registraron entre 2010 y 2011 (más de 70%).
Así lo delata una iniciativa que presentó la priísta Cristina Díaz, quien argumenta que la CNDH ha emitido 12 recomendaciones en la materia, en las que se han acreditado 30 casos de desaparición perpetrados del 26 de agosto de 1997 al 2 de junio del 2011, con la intervención de servidores públicos.
El Senado tiene iniciativas en materia de desaparición forzada tanto del PRI, con Cristina Díaz; del PAN, con Roberto Gil, y del PRD, con Angélica de la Peña.
Angélica de la Peña presentó otra iniciativa a través de la cual propuso la expedición de la ley general para prevenir, investigar y sancionar la desaparición de personas.
La iniciativa, en concordancia con la propuesta de Roberto Gil, promueve la creación de un registro nacional de personas detenidas, un registro nacional de datos de personas desaparecidas y un registro nacional de perfiles genéticos.
La perredista, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, sugirió que el registro genético sea un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tenga como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica de los perfiles genéticos de personas desaparecidas, de los familiares en primer grado de las víctimas y de los restos que se encuentren de personas de las que se desconociesen sus datos.
Lo anterior, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
La situación de violación a los derechos humanos en México fue un punto de atención en el Senado.
Ancheita Pagaza destacó que el reporte del Programa Nacional de Procuración de Justicia advierte que queda en impunidad 93% de los delitos cometidos en México.
Ejemplificó con los ataques de los que han sido víctimas las activistas: “Según la documentación que ha realizado la red nacional de defensores de derechos humanos en México, sólo en el 2013 se documentaron 242 ataques a mujeres defensoras de derechos humanos, de los cuales 95% están a la fecha en impunidad”.
La activista, quien fue reconocida por la Cámara Alta, también pidió a los senadores trabajar en conjunto para hacerle frente a los abusos y fraudes cometidos en contra de los mexicanos que obtienen visas para trabajar de manera temporal en Estados Unidos.
