La organización internacional Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés) felicitó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca por la creación de su nueva defensoría especializada en protección a periodistas, defensoras y defensores de los derechos humanos.
En su página de Facebook México Project https://www.facebook.com/PBIMexico?fref=nf, la organización no gubernamental reconoció el 23 de marzo último la creación de esta nueva instancia, primera de tipo estatal en México, en el ámbito de organismos públicos autónomos defensores de derechos humanos.
“PBI felicita a la DDHPO por la decisión de abrir una defensoría especializada en proteger a periodistas, defensoras y defensores de los derechos humanos, avance importante en un estado donde entre enero de 2011 y mayo de 2014 se registró un total de 78 personas defensoras asesinadas”, asentó la organización en su página de Facebook.
Las Brigadas Internacionales de Paz, fundadas en 1981, fomentan la no violencia y protegen los derechos humanos, con base en los principios de ser no-partidarios y de la no-interferencia en los asuntos internos de las organizaciones que acompañan.
El principal enfoque del trabajo de PBI es el acompañamiento internacional, técnica en la cual la organización fue pionera. Se utiliza para proteger a los defensores de los derechos humanos que están violentamente amenazados debido a su trabajo. Desde 1981 protegemos las vidas de cientos de activistas pertenecientes a nueve países, y así permitimos que lleven adelante su trabajo.
PBI acompaña a grupos como las comunidades indígenas de México y Guatemala, las organizaciones ambientalistas de Guatemala e Indonesia, los abogados de Colombia y Nepal, las organizaciones de mujeres de Colombia e Indonesia, las organizaciones sindicales de Guatemala, y los familiares de desaparecidos de México, Colombia y Guatemala.
La Defensoría del Pueblo de Oaxaca, al agradecer el reconocimiento a su iniciativa, recordó que su nueva defensoría especializada está a cargo del consultor y periodista Razhy González Rodríguez, quien coordinará las tareas de las áreas de asesoría, jurídica, de investigación, de seguridad y de acompañamiento psicosocial que componen la defensoría recién instaurada.
El área de asesoría evaluará los casos que aborde la defensoría especializada, participará en la definición de estrategias para el litigio de esos casos, elaborará informes periódicos y especiales sobre la situación de riesgo en que se encuentran periodistas, defensoras y defensores, evaluará capacidades y habilidades, elaborará propuestas metodológicas y proporcionará capacitación a personal de la Defensoría en materia de seguridad.
El área jurídica gestionará y acompañará el establecimiento de medidas cautelares y su seguimiento, elaborará proyectos de recomendaciones, resoluciones y acuerdos relacionados con los casos, proporcionará acompañamiento al litigio estratégico de los casos ante instancias locales, nacionales e internacionales, así como acompañamiento jurídico y asesoría legal a periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos en procesos penales, civiles o administrativos relacionados con los ataques o amenazas de que sean objeto con motivo de su trabajo.
El área de Investigación efectuará indagaciones de campo en torno a quejas, seguridad y medidas cautelares, además de que diseñará, alimentará y administrará un sistema de información para el monitoreo, a fin de proveer la información necesaria para informes periódicos y especiales.
El área de Seguridad elaborará análisis de riesgo y planes de seguridad, capacitará a defensores y defensoras en materia de protección integral, elaborará propuestas de medidas cautelares y dará seguimiento a situaciones de riesgo y actualización de planes de seguridad.
El área de acompañamiento psicosocial brindará servicios de acompañamiento psicosocial a periodistas, defensoras y defensoras de derechos humanos, además de impartir talleres para el desarrollo de destrezas para el autocuidado y el manejo del estrés, efectuar peritajes psicológicos, y evaluar el impacto psicosocial originado por ataques o situaciones de riesgo que afronten periodistas, defensoras y defensoras de derechos humanos.
