A casi 72 horas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobará un amparo a favor de Irinea Buendía para reabrier la investigación del asesinato de su hija Mariana Lima Buendía, quien aparentemente se suicidó, aunque las pruebas arrojaban que murió a manos del policía ministerial mexiquense Julio César Hernández Ballinas, fuentes cercanas a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México revelaron que dicho agente ministerial continua adscrito a la dependecia y no ha sido removido conforme a lo establecido por la sentencia, cuyo caracter era de urgente.
Además, comentaron que dicha medida responde a que prefieren tenerlo en el organismo “para evitar que escape”. Asimismo, señalaron que por el momento, el organismo mexiquense no ha tomado acciones porque el expediente de la Corte no ha llegado a la Procuraduría.
Reunión con Eruviel
Por otra parte, abogados, activistas y familiares de víctimas de feminicidios exigieron abrir un diálogo con el titular del gobierno de Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, para saber cómo cumplirá la entidad con las medidas dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de femincidio al reabrirse el caso de Mariana Lima Buendía.
Al respecto, María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Femincidio (OCNF), organización civil que acompañó a Irinea Buendía, madre de la víctima, a lo largo del proceso judicial, consideró que el impacto de la resolución sobre feminicidio es regional como se los hizo saber Onumujeres, pues es el primero en su tipo en América Latina.
Para la maestra en derechos humanos y procesos democráticos, el fallo devolvió la esperanza en medio de un país que vive violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y su impacto es a favor de todos los casos de feminicidio que se presentan a diario en diferentes municipios mexiquenses y del país, además de que la Resolución 18 del Caso Campo Algodonero, tenga sentido y se aplique.
La activista comentó que la resolución estipula que se debe garantizar una vida libre de violencia; dicta como investigar y juzgar el delito de feminciiido, además de abrir la oportunidad de sancjonar a las autoridades corruptas que han hecho omisiones y han provocado impunidad y que decenas de mujeres no se sientan seguras.
“Este caso debe ser visto como un caso aislado, es un problema que se presenta en todo el país, lo cual indica que es necesario que las autoridades cumplan con su obligación de investigar con debida diligenica y perspectiva de género”, añadió.
Para la defensora de derechos humanos, el fallo debe ayudar a revertir realidades como que entre
2012 y 213 hubo 800 mujeres asesinadas y sólo se investigaron 145 casos a pesar que más de 40 por ciento tenían característica de feminicidio o que no hay protocolos ni un banco de datos para saber cuantas ordenes de protección se han dado o que haya 400 jovenes desaparecidas menores de 16 años.
La sentencia
Rodolfo Domínguez, abogado del OCNF, resalto que con la sentencia se reconocen las negligencias y un actuar doloso de las autoridades encargadas de investigar feminicidios con el objetivo de encubrir al agresos y evitar el conocimiento de los verdaderos hechos, situación que calificó como grave, pues implica la colusión de las autoridades con los agresores provocando una violencia institucional provocadora de más femincidios al enviar un mensaje de permisividad a través de la impunidad.
Añadió que la sentecia contradice al gobernador mexiquense, Eruvel Ávila, quien decía que había cosas más importantes que hacer, pues muestra que la resolución del problema de femincidio debe ser una prioridad.
De esta manera, explicó, se aplicará lo estipulado en la sentencia Campo Algodonero: “toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como un feminicidio. Desde la primera actuación que realicen las autoridades se tiene que identificar el conetxto de violencia en el que se comenten este tipo de asesinatos, ya que la perspectiva de género implica conocer las maneras en que se genera esta violencia”.
Dicha medida, comentó, se contrapone con los actuales protocolos del Estado de México no se ciñen a los estandares internacionales en la materia ni al tipo penal del femincidio en el Estado, el cual apenas fue reformado en 2014, pues durante tres años, era casi imposible acreditar un acto violento de este tipo.
Los alcances sociales
Irinea Buendía dijo que lo que ella reclamó desde un principio al gobierno mexiquense ahora lo ha ordenado la Suprema Corte al gobierno local pues no se respeto ningún estandar durante la investigación de la muerte de Mariana y estuvo plagada de falencias, omisiones y obstrucción de la justicia, situación que nunca fue tomada en cuenta por 20 ministerios públicos, cuatro subprocuradoras de femincidio y dos gobernadores.
Denunció que tanto Eruviel Avila como Enrique Peña Nieto, anterior gobernador mexiquense, debe destapar la cloaca que es el Estado de México donde se ha maquillado la realidad de las muertes de mujeres, de desapariciones forzadas y de gran violencia de género.
La activista Yutitzi Hernández comentó que la violencia hacias las mujeres en la localidad se convirtió en un exterminio pero ahora con la resolución de la Corte hay esperanza pero sobretodo muchos retos como garantizar la seguridad de las mujeres de todo el Estado y no sólo dar tarjetas y despensas, como hasta ahora han acostumbrado.
Este caso ayudará a otros casos como el de Nadia Muciño que ha mostrado las mismas omisiones y la protección a los agresores por parte del Estado de México.
Para los activistas, abogados y defensores de derechos humanos “no hay temporalidad porque su cumplimiento debe ser de inmediato y no es necesario esperar a que llegue el expediente como lo señaló en comunicado de prensa la Procuraduría”, además que será la propia Corte quien dará seguimiento al cumplimiento de la sentencia, la cual debe ayudar a que se decrete la alerta de género en la entidad.
