A más de dos años de aprobada la reforma laboral, los cambios en la ley que pretendían flexibilizar el sector fracasaron y la población que no puede comprar la canasta básica llegó a 55 por ciento a finales de 2014, afirma un estudio del Senado publicado por el Instituto Belisario Domínguez.
El documento refiere que “hasta ahora, la ampliación de la flexibilidad laboral, más que ayudar al incremento del empleo, ha afectado su estabilidad y, por tanto, no ha permitido el crecimiento de la seguridad social”.
Destaca que aproximadamente 66 millones 112 mil mexicanos no tuvieron posibilidad de adquirir los productos de la canasta básica con exclusivamente el ingreso laboral del hogar.
El texto refiere que el mercado laboral formal presenta debilidades estructurales que representan grandes retos para las iniciativas de reforma del gobierno.
Precisa que con la serie de la base de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), ajustada con los nuevos factores de expansión desde el primer trimestre de 2010, se puede observar que la población que no alcanza a cubrir el costo de la canasta básica con los ingresos producto de su trabajo, pasó de 47 por ciento en 2010 a 55% en 2014.
“Lo anterior significa que, si se considera que al cuarto trimestre de 2014 la población total del país alcanzó 120 millones de personas (según las proyecciones del Consejo Nacional de Población), aproximadamente un total de 66 millones 112 mil mexicanos no tuvieron posibilidad de adquirir los productos de la canasta básica con solamente el ingreso por trabajo en el hogar”.
Añade que la Organización Internacional del Trabajo, en el Informe Mundial sobre Salarios 2012/2013, también llegó a las mismas conclusiones, ya que señala que en México, el bajo crecimiento de la productividad evidenció el estancamiento de los salarios reales.
Señala que este “modesto” crecimiento del sueldo se debió a que “la política de salario mínimo ha sido fuertemente determinada por los esfuerzos para lograr un equilibrio fiscal (ya que el salario mínimo determina numerosas prestaciones de seguridad social) y aumentar la competitividad exportadora”.
Asimismo, precisa que “otra consecuencia derivada de la forma de contratación parece ser el bajo nivel de los salarios. No se debe perder de vista que el objetivo final de las políticas de transición a la formalidad es la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de quienes se encuentran en la economía informal”.
La Cámara Alta afirma que entre los ejes fundamentales de la reforma social y hacendaria propuesta por el Ejecutivo federal el año pasado está “promover la formalidad, reduciendo las barreras de acceso y ampliando los servicios de seguridad social”.
No obstante, contrasta que para lograr este objetivo se plantean varios mecanismos, como la creación de un Régimen de Incorporación Fiscal, que sustituiría a los Regímenes Intermedios y Repecos (Regímenes de pequeños contribuyentes); la creación de un Régimen de Incorporación a la Seguridad Social y ofrece ampliar la oferta de servicios de seguridad social mediante la introducción de un seguro de desempleo para los trabajadores formales y la creación de una pensión universal para los adultos mayores.
El objetivo de esta propuesta es que se de un incremento generalizado de la productividad en el que participen todos los sectores y con esto lograr la inclusión y protección social de todos los mexicanos a un nivel de vida digno.
“Según la misma reforma, un elemento clave que impide avanzar en ese objetivo es la informalidad en el mercado laboral. Sin embargo, la nueva Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, podría limitar la formalización del empleo ya que, como la misma Presidencia de la República lo señaló en su momento (Presidencia de la República, ‘Se promulga la reforma laboral’, nota informativa, 29 de noviembre de 2012), aboga por la flexibilización de las contrataciones en el mercado laboral, abre la posibilidad de convenir relaciones de trabajo con periodos de prueba o de capacitación inicial, regula el régimen de subcontratación o tercerización, pues la ley reformada era un ordenamiento obsoleto que ya no respondía a las actuales condiciones sociales, económicas y demográficas del país y se había convertido en un freno para la competitividad de la economía, la contratación de jóvenes, propiciaba la rigidez del mercado laboral, volvía más complicada y costosa la contratación de personal”.
No obstante lo anterior, destaca el instituto, según especialistas y académicos, estas nuevas modalidades implicarían la reducción del costo de la mano de obra, abatirían la estabilidad en el empleo, favorecerían el despido barato e incrementarían el sistema de control empresarial sobre la contratación colectiva al legitimar el outsourcing.
Así como incorporar la contratación por hora ampliaría los periodos de prueba, flexibilizaría las formas de despido e introduciría restricciones al derecho de huelga, entre otros problemas que pueden ser fuente de más precariedad e incapacidad para construir relaciones laborales decentes, sustentadas en una negociación colectiva auténtica.
