El Estado mexicano tiene un compromiso ineludible con la protección y la promoción de los derechos humanos, aseguró la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al hacer una serie de aclaraciones en torno al informe de Juan Méndez, relator sobre el tema del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –quien aseguró que la tortura en México es generalizada– en ocasión de la visita que realizó en 2014, y con las cuales da por terminado el diferendo.
En un extenso comunicado, destaca que esta disposición se acredita con el trabajo de todos los órdenes de gobierno de los años recientes enfocado a fortalecer el marco jurídico e institucional que le da respaldo y lo garantiza.
Al mismo tiempo, México reconoce, sin la menor ambigüedad, que existen retos significativos para lograr, en los hechos, una mejor y más amplia protección de los derechos humanos en el país. En particular, se reconoce que la tortura constituye una práctica a la que todavía se recurre en distintas formas y que no ha sido del todo erradicada.
Destaca que la SRE valora positivamente la visita y las recomendaciones del relator y por lo mismo interesa que sus diagnósticos sean objetivos. Sobre el particular la dependencia subrayó lo siguiente:
• La plena cooperación [del gobierno] durante la visita está reconocida por el relator en su informe.
• El Código de Conducta al que están sujetos los relatores requiere de ellos que “al expresar sus opiniones… [deben] indicar también con imparcialidad las respuestas proporcionadas por el Estado de que se trate. Catalogar la posición de la SRE como presión va contra el espíritu y la letra de este código”.
• Existen discrepancias con algunas de las valoraciones vertidas por el relator, tanto en el informe como en las declaraciones que le han seguido.
• Una de ellas es la valoración de que en México existe una práctica generalizada de la tortura, en un contexto de impunidad, que involucra a todas las fuerzas del orden. Esta valoración no corresponde a la realidad.
• El relator define el término generalizado como actos que no son aislados. Esto contrasta con la definición ordinaria del término y con su acepción jurídica internacional.
• El relator realizó visitas a centros penitenciarios, de arraigo, de readaptación para menores y estaciones migratorias. Muchas de ellas se realizaron sin previa cita.
• El relator asegura categóricamente que no recibió en ningún momento denuncias de tortura.
• Indica que, cuando se lleva a cabo, la tortura se realiza entre el momento de la detención y la puesta a disposición de la persona ante el juez. Nuevamente, todo esto no es congruente con la afirmación de que la tortura se practica en forma generalizada.
• El señor Méndez transmitió los datos sobre 14 casos de tortura. Se ha proporcionado información sobre el estado que guarda la investigación correspondiente en 12 de ellos.
• Esto último reduce innegable y significativamente el universo de casos donde se alega esa práctica.
• Otra inconsistencia radica en una de sus declaraciones, según la cual el relator recogió cientos de testimonios, incluidos niños y niñas, que dijeron haber sufrido actos de brutalidad durante su detención.
• Ante esta grave afirmación, la SRE transmitió al relator la preocupación de esta dependencia de que mencione tortura hacia niños sin compartir la información que lo lleva a esta conclusión.
• Esta afirmación no se sostiene en lo descrito por el relator en su informe, en el cual hace referencia únicamente a pobres condiciones de infraestructura y malos tratos, pero en ningún momento se refiere a tortura.
• El relator es inconsistente entre lo que afirma de manera pública, en los medios de comunicación y lo que refiere en su informe final.
