Organizaciones dedicadas a la defensa de jornaleros agrícolas denunciaron que desde hace dos años no se les permite ingresar a los albergues, debido a que denunciaron el robo de infantes no registrados, cuyos padres tampoco tenían registros de nacimiento lo cual impidió que se presentara la denuncia.
Susana Díaz Pineda de la Fundación Digna Ochoa, explicó “hemos dicho y hemos hecho la denuncia al gobierno del Estado, les pedimos que fueran ya que nosotros no podíamos acceder, que fueran que les llevaran a los niños y a las niñas educación que hubiera un seguimiento para ver cuántos niños y niñas había”.
La abogada especializada en la defensa de los derechos de menores, explicó que una de las líneas de investigación que han planteado a la Fiscalía General de Morelos sobre el asesinato de Gustavo Salgado Delgado, defensor de los jornaleros agrícolas, es la denuncia que realizó sobre el robo de menores de los albergues instalados en Ciudad Ayala.
El principal problema que se presenta es que los niños no tienen registros de nacimiento, pero como son trabajadores migrantes, no están registrados ni en Morelos, ni en Guerrero, “porque son muchos niños y niñas que no están registrados, por lo tanto no existen para el Estado, esa situación se sigue dando, no podemos acceder porque los capataces nos niegan a saber cuánta gente y en qué condiciones están”.
La activista agregó que por ahora sólo cuentan con el testimonio de los padres de los niños robados, “no solamente estamos hablando de la explotación, estamos hablando también de niñas y niños que se llevan para trata de personas, se las llevan y como no están registradas, no podemos hacer las denuncias”.
La propuesta de las ONG’s, era llevar un registro fotográfico de las familias de jornaleros que migraban, además de obtener los datos como nombres y lugares de origen, así como identificar a los niños que viajaban solos sin padres, ni madres, los cuales ni siquiera figuran en las listas de raya o en los programas oficiales.
Antes del asesinato de Gustavo Salgado, el pasado tres de febrero del 2015 denunció ante las autoridades estatales esta situación y no se hizo nada.
Gustavo estaba denunciando, Gustavo estaba documentando, Gustavo había pedido que se tomaran cartas en el asunto estamos en una indefensión total, porque cuando no hay un registro ese niño y esa niña no existe, entonces no hay modo de probar que existieron”, advirtió Díaz Pineda.
Es muy difícil en estos momentos ir a los campamentos porque efectivamente hay una situación de discriminación, de abuso, de esclavitud, están ganando muy poquito dinero, los niños y las niñas están trabajando, hay mano de obra muy barata, está siendo una explotación en estos lugares”, precisó.
Pero, además, agregó que ahora el pago a los jornaleros se realiza a través de tarjetas de débito, la mayoría de ellos son analfabetas y no saben usar un cajero, ni siquiera comprenden el idioma español, por lo que los capataces además les cobran un porcentaje de su paga para sacarles el dinero del cajero.
Se ha vuelto un negocio porque si no puedo usar el cajero, me llevo la credencial de todos y entonces les cobró un tanto de lo que van a cobrar y se ha vuelto un negocio a pesar de que se les ha dicho que ellos no pueden ir a cobrar, a los capataces no les importa porque es parte de lo que dicen que los obliga hacienda”.
