Puerto Quetzal, el principal embarcadero de Guatemala, es el lugar por el que sale más cocaína hacia México. Actualmente allí operan cuatro estructuras del narcotráfico y en toda la costa sur hay más de 30 células, en su mayoría sin identificar, conectadas con el cártel de Sinaloa y Los Zetas, según la Fiscalía de Delitos contra la Narcoactividad.
¿Cómo es su trabajo acá? La pregunta provoca una respuesta carente de ensayo. El agente que trabaja en la rampa antinarcótica de Puerto Quetzal, en la que la Policía Nacional Civil (PNC) analiza contenedores que pueden traer contrabando, drogas o armas reacciona tímido y nervioso ante un alto mando del Ministerio Público (MP) de Guatemala.
Cuenta que los servicios de inteligencia le envían una alerta por correo cuando el buque que viene en camino es sospechoso de carga ilícita y él envía un aviso escrito a las garitas para que se impida la salida de la mercadería. Si hay droga o contrabando, lo lleva del buque a la rampa para su análisis. “Si no hay aviso, sólo le damos seguridad a los contenedores”, dice como si fuera la primera vez en su vida que alguien le pregunta en qué consiste lo que hace.
El 24 de mayo de 2011, el ex presidente Álvaro Colom decretó la intervención de Puerto Quetzal con el objetivo de combatir la evasión fiscal, el contrabando y el narcotráfico. Quitó a la Junta Directiva y dejó al mando dos figuras que responden directamente al Presidente: el interventor y el subinterventor.
Esta intervención volvió a ocurrir con el actual gobierno de Otto Pérez Molina y es en la que se escuda Alejandro Sinibaldi, ahora ex presidenciable del partido de gobierno, para decir que la información sobre el puerto (defraudación aduanera y narco incluidos) iba directamente a la Presidencia y no pasaba por él.
La idea era detener el tráfico de precursores químicos para hacer drogas sintéticas. Tanto que entre 2010 y 2014, la PNC incautó tres mil 500 toneladas de precursores. Pero igual no se revisan todos los contenedores. En 2011 en la aduana no se revisaba más de 40%. Con el gobierno de Pérez Molina, de revisar el 100% de contenedores, hoy apenas representa el 25%, según datos de la Empresa Portuaria Quetzal.
Puerto Quetzal se colocó en primera plana el pasado jueves 16 cuando el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), órgano encargado de desarticular estructuras paralelas al Estado, desarmaron una mafia de defraudación aduanera. Su centro estaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en el puerto. Los importadores pagaban sobornos a cambio de evadir impuestos. La bomba, que no ha terminado de reventar, es que la estructura, de la que fueron detenidas 21 personas, estaba liderada por dos jefes de la SAT.
El ex presidente Álvaro Colom fijó la intervención por un plazo indefinido. Cuatro años, dos presidentes y dos intervenciones después, Puerto Quetzal permanece subordinado sólo a la Presidencia, aunque apenas se revisa una cuarta parte de los contenedores. Además, una nueva terminal privada de contenedores continúa en construcción y las medidas de seguridad siguen siendo escasas, tanto que ni la Aduana ni la Empresa Portuaria tienen máquina de rayos X, pese a ser una supuesta prioridad del actual ministro de Gobernación.
Puerto Quetzal es el puerto por el que más cocaína entra a México, según varias fuentes institucionales. Es la puerta estatal en el Pacífico de ingreso de contenedores con cocaína a Guatemala proveniente de Colombia y Ecuador. Alrededor de 20 mil contenedores entran mensualmente al puerto. “Pssss, de eso, lo que nosotros retenemos no es nada”, dice el agente de la rampa antinarcótica.
La estrategia del vuelo a México
Lo que no está documentado es porque vuela. Lo que en la jerga portuaria se conoce como hacer un fly: sacar un contenedor del puerto sin declarar. Cuando se baja del barco sin un manifiesto y sale del puerto. Es la principal forma de sacar sustancias ilegales de Puerto Quetzal. “En ese contenedor es donde empiezan las mafias”, dice una fuente de la Portuaria.
El técnico de la aduana que sale de su caseta para recibir al buque tiene sus sellos de la SAT y un libro de control, pero si participa en un fly no le pone el sello aduanero. Es decir, no queda ningún registro. Después no pasará por la aduana. Se puede sacar con documentación falsa o sobornando, incluyendo al de la garita de salida. La otra forma de sacar la sustancia ilícita del puerto es clonando el sello. El proceso es sencillo: el técnico aduanero que está a pie de buque tiene precintos preasignados para los contenedores, por lo que el traficante le paga para que le entregue el original ya asignado y ponga en el contenedor un clon con el mismo número.
En Puerto Quetzal, el 78% de la mercancía es granel, líquido y sólido, sobre todo café y azúcar. El 22% restante se mueve en contenedores, principalmente banano. Aunque es un puerto estatal, las 30 empresas privadas que operan representan el 80% de los servicios.
Del Sur a México
Antes de México, la droga sudamericana pasa por Guatemala. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, pasan unas 400 toneladas. “El tráfico de drogas y el cultivo de narcóticos han sido habilitados por unas instituciones policiales ineficaces o inexistentes, sobre todo en las regiones fronterizas”, según el Reporte Internacional de Control Estratégico de Narcóticos para 2015.
Del total, más de la mitad de la cocaína ingresa a Guatemala por tierra a través de Honduras. En 2014 se decomisaron tres mil 578 kilos de cocaína, valorados en 13 millones de dólares, según datos de la PNC. Menos del 1%, una décima parte de lo que se incautaba hace 15 años.
Desde Puerto Quetzal, punto estratégico por mar, la cocaína se mueve hacia las regiones fronterizas con México, San Marcos y Huehuetenango. “La droga que llega a (la frontera de) Tecún Umán ya está asegurada, por eso no hay decomisos ni mayores tumbes. La estructura de control ahí es muy eficaz, ya está consolidada”, dice Edgar Gutiérrez, director del Instituto de Problemas Nacional (IPNUSC) de la estatal Universidad de San Carlos.
Históricamente, donde está el puerto, dominaba el cártel de Juan Ortiz, alias Chamalé, hasta que fue detenido en 2011 durante el gobierno de Álvaro Colom, en el que se decidió la intervención de Puerto Quetzal.
La captura de Chamalé no detuvo el narcotráfico. Hoy, en 2015, en el puerto operan cuatro estructuras de narcotráfico, según las fuentes en inteligencia civil. Y en toda la costa sur, son más de 30 estructuras criminales, células sin identificar en su mayoría, principalmente conectadas con elCártel de Sinaloa y también con Los Zetas, según datos de la Fiscalía de Delitos contra la Narcoactividad.
Puerto Quetzal “aún es una estructura débil para la seguridad del Estado”, opina Carlos Menocal, experto en seguridad y ministro de Gobernación en el periodo en que se hizo la intervención (febrero de 2010 a enero de 2012). Durante su gestión, dice, siempre señaló al puerto como un punto “vulnerable” para el trasiego de drogas. “Y lo sigue siendo”, dice Menocal, quien durante su gestión y bajo la investigación de la ex fiscal general, Claudia Paz y Paz, detuvo a diez capos de la droga.
De ‘mordidas’ a estructuras
Una frase típica entre los técnicos aduaneros de la SAT que revisan los contenedores era: en dos años, tengo casa y carro. Los técnicos podían ganarse cinco mil quetzales (650 dólares) por evitar a alguien la revisión, si el semáforo había salido rojo. “Entre 2012 y 2013, era exagerado el cobro de ‘mordidas’ en Puerto Quetzal”, dice un veterano agente aduanal.
En Guatemala, la SAT, los empresarios, los políticos y la sociedad civil hablan de la necesidad de la modernización tecnológica aduanera. El objetivo: el control de la mercancía desde su desembarque, su movilización en el territorio nacional, hasta la ubicación de la carga, la mercadería y el destino. Todo ese descontrol implica un millonario fraude anual al fisco. Desde 2008 hasta la 2013, la SAT denunció ante el Ministerio Público a 28 trabajadores de la Aduana de Puerto Quetzal, entre técnicos de almacén, técnicos de aduanas, de seguridad y de verificación de aduanas, y supervisores. Intervinieron el MP y la CICIG, que lograron la desarticulación de dos estructuras: el caso Furgones, en el que una red liderada por un técnico aduanero permitía la salida anómala de contenedores para evadir el pago de impuestos, y el caso Kerkaporta, en el que un ex jefe de seguridad portuaria de la SAT, coludido con un mexicano, movían precursores químicos, con apoyo de más empleados de Aduanas. Pero después dejó de denunciar. Y entonces llegó la investigación que tocaría incluso el despacho de la Vicepresidencia.
En el reciente caso de defraudación aduanera de la SAT que involucra a la mano derecha de la vicepresidenta, el empresario pagaba el 40% de impuesto, el 30% se iba en sobornos y el otro 30% no lo pagaba. En esta investigación se descubrió que en ocho meses al menos 500 contenedores pasaron por esta estructura.
