El Plan Nacional de Prevención de la Violencia, operado por la Secretaría de Gobernación (SG), se inició este sexenio con un presupuesto directo de 2 mil 500 millones de pesos, con la prioridad de intervenir en las zonas más violentas del país (colonias y polígonos).
A pesar de la preponderancia concedida al programa antidelito, en 2014 se le asignó el mismo presupuesto y este año fue uno de los afectados por el recorte presupuestal federal. La baja fue de casi 30 por ciento, equivalente a unos 600 millones de pesos.
En los próximos días, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) entregará los resultados de una encuesta sin precedentes en la que se definirá con base en evidencias, las causas de la violencia en México, así como de la percepción ciudadana en cuanto a la actuación de autoridades responsables de este ámbito.
Dos de los ejes del programa son la recuperación de espacios públicos y la creación de orquestas y clínicas del deporte con niños y jóvenes en situación de riesgo, entre otras de cohesión comunitaria y familiar.
El responsable del diseño y aplicación del programa fue, desde diciembre de 2012, Roberto Campa Cifrián, hasta ayer subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana y ahora subsecretario de Derechos Humanos de la misma SG, en sustitución de Lía Limón.
En lugar de Campa quedará, como encargada de despacho, Eunice Rendón Cárdenas, coordinadora intersecretarial de la Subsecretaría de Prevención. La funcionaria, doctora en políticas públicas, participó activamente en los planes de rescate en Ciudad Juárez, Chihuahua, en momentos en que aquella urbe fronteriza era considerada una de las regiones más violentas del planeta. Actualmente es responsable del Plan Michoacán.
El Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia opera en 107 municipios (y áreas metropolitanas), 2 mil colonias y 241 polígonos de atención prioritaria. El énfasis son los grupos vulnerables.
En el diagnóstico inicial, durante el arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación señaló que las personas jóvenes, sobre todo del sexo masculino, son las principales agresoras y las principales víctimas de la situación de violencia que se vive en México.
En el más reciente lustro, 60.5 por ciento de los delitos fueron cometidos por gente joven, sector en el que se recrudecen los embarazos tempranos, ambientes familiares deteriorados, consumo y abuso de drogas y deserción escolar. Adicionalmente, más de la mitad de los desempleados tienen menos de 30 años de edad.
El total de homicidios juveniles ocurridos entre 2000 y 2010 ascendió aproximadamente a 53 mil personas, lo que significa que la población de 10 a 29 años representó 38.2 por ciento de los homicidios en ese periodo. Del total de estos asesinatos, 43.4 por ciento se cometieron entre 2008 y 2010 (Banco Mundial, 2012).
