Los gobiernos federal y estatal aplazaron dos semanas más su respuesta a las demandas salariales de los jornaleros agrícolas del valle de San Quintín, lo que provocó la indignación de los trabajadores que anunciaron su decisión de boicotear la compra de fresas, moras y productos hortícolas de esta región en los mercados internacionales y del país; asimismo, boicotearán las elecciones, continuarán el paro general de labores iniciado el 17 de marzo y se unirán a una huelga general en los próximos días.
Tras concluir la primera reunión de la mesa de diálogo reinstalada este viernes, Fidel Sánchez Gabriel, vocero de la Alianza Nacional de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, convocante del paro de labores en esta región, expresó “lo frustrante” que resultó la respuesta del representante del gobierno federal, el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava.
La reunión terminó con tal desconcierto entre las partes, que el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y el gobernador del estado Francisco Vega Delamadrid salieron precipitadamente por la puerta trasera del salón donde se celebró y a grandes zancadas se dirigieron a sus vehículos empujando a los periodistas.
A nombre del gobierno de la República, Miranda Nava se comprometió a dar respuesta en 15 días a sus demandas, incluida la exigencia de incremento salarial, y anunció que gestionará la creación de un fideicomiso especial “para ayudar a la solución de los problemas de los jornaleros”.
Dicho fideicomiso, del que no mencionó el monto, se integrará con recursos de los gobiernos federal y del estado.
Asimismo, informó que en el transcurso de las próximas dos semanas la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y otras dependencias federales realizará un exhaustivo operativo para revisar en todas las empresas agrícolas de la región la vigencia de los contratos colectivos de trabajo y verificar las condiciones de salud e higiene en que laboran los trabajadores, especialmente mujeres y menores de edad.
