Defensores de la tierra de Juchitán, Oaxaca, y organizaciones civiles denunciaron amenazas e intimidaciones durante la consulta indígena que se lleva a cabo para la construcción de un parque de la empresa Eólica del Sur, con la intención de apresurar el proceso de edificación.
Organizaciones como el Comité Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Código DH), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), y Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A. C. (ProDESC), quienes forman parte de la Misión de Observación, denunciaron vicios procesales y violaciones a los derechos humanos de los integrantes de la comunidad juchiteca.
Entre las más graves, dijeron, están al menos veinte incidentes de seguridad en contra de los participantes, que han implicado incluso la presencia de armas de fuego. Aunado a ello, denunciaron la falta de transparencia con la que se está llevando a cabo la consulta, la inadecuación cultural, la falta de claridad y eficacia de los mecanismos de toma de decisiones y de representatividad de la comunidad indígena.
Explicaron que personas “aliadas a la empresa eólica [el pasado mes de diciembre] secuestraron no sólo la ciudad de Juchitán, sino toda la región del Istmo, porque bloquearon todos los accesos a esta zona, cerraron todas las carreteras por más de 17 horas. Además de que tomaron el Palacio Municipal exigiendo a las autoridades el cierre de la fase informativa”, de la consulta.
Aseguraron que estas personas, aseguran aliadas a Eólica del Sur, han”amagado” al Comité de la Consulta Indígena, formado por autoridades de la Secretaría de Energía (Sener), de la Secretaría de Gobernación (Segob), y autoridades locales, y les han puesto como condición que la fase informativa de la consulta debe ser cerrada lo más pronto posible.
Eólica del Sur afirma que invertirá 500 millones de dólares en la construcción de un parque en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Pretende instalar 132 aerogeneradores en una extensión de 5 mil 332 hectáreas en este municipio, parte del Istmo de Tehuantepec, región que genera 90 por ciento del total de esta energía en el país. El Alcalde Saúl Vicente Vázquez ha expresado su oposición y acusa a la empresa de imponerse sin condiciones, a pesar de la consulta para la validación del proyecto.
En un análisis del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) del Pacífico Sur, en Oaxaca, difundido por La Jornada, se advierte que la población indígena no recibe condiciones de vida justa aun cuando sus integrantes son quienes aportan los espacios estratégicos para el asentamiento de esos sistemas de energía. El análisis, en el libro La visión de los actores sociales frente a los proyectos eólicos en el istmo de Tehuantepec, indica que no podrá lograrse una planificación efectiva para el aprovechamiento de la energía eólica en esa región “si el componente social pretende ser marginado y mantenido en la pobreza”.
Juan Antonio López, abogado miembro de la organización ProDES, quien ha sido parte de la Misión de Observación, alertó que esta es la primera ocasión que se lleva a cabo una consulta como esta, pero que no existe una regulación del cómo se debe de aplicar y que pese a que deben de tomarse en cuenta los tratados internacionales para llevarla a cabo, esta consulta “cede a la presión de ciertos grupos” y no es un proceso transparente.
LA OPOSICIÓN
Las organizaciones civiles dijeron hoy que hay una participación indebida de la empresa en la consulta y la violación del carácter previo de la misma, pues pese a que aún no finaliza, los contratos ya están dados.
Durante una conferencia de prensa llevada a cabo esta mañana en la Ciudad de México, Mariano López, miembro de la Asamblea Popular del pueblo de Juchitán, denunció que ha habido difamaciones y amenazas contra los defensores de la tierra dentro de las propias asambleas de la consulta.
Aseguró que esta consulta “ya no es libre”, pues pese a que ellos han hecho más de 70 solicitudes de información sobre el proyecto del parque eólico y sus repercuciones, hasta ahora ha sido muy poca la información que les han brindado.
“Nosotros consideramos que esta consulta indígena que se lleva a cabo en Juchitán, ya no es previa, libre, ni informada, porque además la Semarnat [Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales] ya tiene un permiso para esta empresa […] suscrito el 30 de junio de 2014 en donde únicamente le pusieron como condicionante que [inicie la construcción] hasta que termine la consulta”, denunció López.
Informaron además que el pasado 24 de abril, la comunidad juchiteca presentó una demanda de amparo por graves violaciones a sus derechos humanos en este proceso de consulta. Debido que el pasado 2 de diciembre se realizó una sesión para el cierre de esta primera fase, en la cual se mostraron algunos cambios y propuestas al protocolo, lo que implica que el procedimiento de la consulta aún no está concluido ni acordado con la comunidad.
Sin embargo, aseguraron, ni las observaciones de las organizaciones civiles, ni las de la comunidad, han sido tomadas en cuenta por el Comité.
Los representantes de las organizaciones antes mencionadas, alertaron que esta consulta es de gran relevancia porque marcará un modelo a seguir para otros proyectos en el país derivados de la Reforma Energética.
Los defensores de la tierra de Juchitán denunciaron que hasta el momento lo único que les han presentado son estudios de impacto ambiental realizados en otros países, pese a que la comunidad lleva más de 20 años de convivencia con al menos 21 parques eólicos que hay en la zona, no los han tomado en cuenta para estos estudios, ni los han realizado en la zona.
“Como comunidad estamos exigiendo que se realice una manifestación de impacto ambiental real. Es decir, con la participación de la comunidad, de los campesinos, de los pescadores artesanales, y de las mujeres y los hombres que se dedican a la medicina tradicional”, detalló Marino López.
En tanto, Sara Méndez de la organización Código DH, precisó que la seguridad de los participantes en la consulta, se ha visto vulnerada. Los incidentes, como las amenazas y las intimidaciones, han ido en aumento. Incluso, agregó, ya han registra el incendio de tierras de una de las activistas, así como balazos afuera de las casas de otros participantes.
Isabel Jiménez de la Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán sostuvo: “nosotros estamos defendiendo nuestro territorio con los derechos que nos respaldan, como indígenas, como indígenas que tienen derecho de vivir”.
Precisó, que pese a que las autoridades locales y los dueños de la empresa, aseguran que para la comunidad habrá una derrama económica con la construcción del parque eólico, esto no es cierto. Dijo que es poca la gente de la comunidad que trabaja en estos proyectos, y que quienes lo hacen, obtienen contratos por uno o tres meses. Por el contrario, dijo, hay muchas especies florales y animales que están en peligro de extinción y que son fundamentales para la vida de la comunidad.
