Los senadores del PAN abandonaron la sesión, y dieron de plazo al PRI las horas que le restan al periodo legislativo, a fin de que se defina y se lleve a cabo el nombramiento del magistrado electoral que debe ocupar la vacante dejada por Alejandro Luna Ramos.
Al concluir la votación de la reforma constitucional en materia de desaparición forzada, el coordinador panista Fernando Herrera anunció la decisión, que implica que, de no nombrarse al magistrado electoral quedaría también pendientes la ratificación de más de una veintena de nombramientos presidenciales, entre ellos el del procurador fiscal, el director de aduanas y la procuradora de Defensa del Contribuyente.
Ante el pleno, Herrera recalcó que el PAN ha actuado con civilidad y respeto y ha votado decisiones que le competen a México, cambios constitucionales que en ningún momento le han regateado al país, pero no puede dejar pasar la decisión de atorar la integración del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación.
El coordinador panista recordó que han transcurrido semanas desde que recibieron la terna que les envió al Suprema Corte de Justicia de la Nación, se venció ya el plazo legal para designar al magistrado y no ha habido avance, por decisión del PRI.
“El Senado debe garantizar la debida integración del tribunal, no podemos bajo ninguna circunstancia dejarlo incompleto, por cálculos políticos o intereses partidistas”.
Por la mañana fue un tema que se discutió en la reunión previa la sesión y la mayoría de los senadores panistas, señaló que el PRI quiere que el nombramiento quede pendiente porque así le conviene a sus intereses electorales. Resaltaron que si el tribunal queda sólo con seis de sus siete integrantes, en muchos casos el Presidente decidirá con su voto de calidad, lo que da una ventaja a los priístas.
La sesión se clausuró y se citó para mañana, en que el PRI deberá definirse, de lo contrario van a quedar también pendientes los otros nombramientos.
La bancadas del PAN y del PRD se pronunciaron ya por uno de los integrantes de la terna, el magistrado Enrique Aguirre Saldívar, pero los votos de ambos grupos, aún con la inclusión de los del PT no son suficiente para lograr la mayoría calificada requerida.
El PRI desde un principio optó por el magistrado Javier Aguayo, quien fue secretario particular de María del Carmen Alanís.
Al cerrarse abruptamente la sesión, también quedaron sin votar la ley de sociedades de crédito y una veintena de dictámenes, que se iban a desahogar de manera conjunta.
