Luego de condenar el uso de la violencia institucional para tratar de resolver un conflicto social y laboral, el presidente de la Comisión Sur-Sureste del Senado de la República, Benjamín Robles Montoya, llamó al Gobierno Federal y del Estado de Baja California a privilegiar el diálogo y el acuerdo sobre la represión y exigió castigo a los responsables materiales e intelectuales de la agresión contra los jornaleros agrícolas de San Quintín.
El legislador oaxaqueño manifestó su solidaridad a las víctimas de lo que consideró un artero ataque del Estado en contra de mexicanas y mexicanos que exigen respeto a sus derechos constitucionales.
“No podemos aceptar bajo ningún argumento el uso irracional de la fuerza pública para acallar las voces de cientos de indígenas y jornaleros agrícolas que han sido prácticamente esclavizados por productores de San Quintín. Como senador de la república alzo la voz en nombre de nuestros compatriotas y le exijo al Gobierno Federal y de Baja California que atienda con prontitud, inteligencia y sensibilidad política este grave problema”, expresó Robles.
Y agregó: “Hay que asegurarse que los jornaleros e indígenas heridos sean atendidos y garatizar su vida; que las instancias de derechos humanos cumplan con su responsabilidad y nos ayuden a velar por el bienestar de la gente y que cada instancia y nivel de gobierno asuma su responsabilidad, sobre todo me refiero a su responsabilidad con la paz. ¡Señores ya pónganse a trabajar!”
Resulta inverosímil que en pleno siglo XXI el Estado conozca de casos alarmantes casos de explotación laboral de hombres, mujeres y niños; y en lugar de poner orden y sancionar a quienes violan la ley por el trato inhumano y violatorio de los derechos humanos de los jornaleros agrícolas mande a la fuerza pública a reprimir y asesinar campesinos e indígenas, reprochó.
“Desde ahora les decimos a nuestros hermanos jornaleros de San Quintín que no están solos y vamos a llegar hasta las últimas consecuencia para que este hecho no quede sin castigo, iremos a los foros nacionales e internacionales que sean necesarios para denunciar estos hechos y exigir el castigo que se merecen los malos gobiernos”, reiteró.
Y es que para el congresista federal el Gobierno Federal y de Baja California actuaron con torpeza política en un tan asunto delicado; de nada sirvió, dijo, la voluntad de los representantes de los jornaleros y legisladores federales el pasado 24 de abril para resolver este asunto y evitar hechos tan lamentables como el ocurrido este sábado.
