(Los pendientes de la reforma electoral): La exclusión de la ciudadanía V y última parte.
Víctor Leonel Juan Martínez
“La calidad de la democracia no depende sólo ni principalmente de sus instrumentos electorales. La calidad de la democracia es directamente proporcional a la calidad de los partidos y de los políticos” acuñó el Rey Juan Carlos de España, justo en la construcción de la transición española. En este caos propiciado por partidos y políticos y justo cuando en entidades como Oaxaca está por confeccionarse la nueva ley electoral es oportuno recordarlo.
La reforma política reyesheroliana de la década de los 70, abrió la puerta a la participación de los grupos excluidos de la izquierda mexicana. Gracias a ello el partido comunista ingresó al camino de la institucionalización y el desafío radical de distintos grupos, se procesó por la vía institucional. Se cerró, en buena medida, una oprobiosa época para la vida política mexicana.
La reforma política-electoral de los 90s, que devino de la insurgencia cívica de 1988 y las dudas sobre los resultados reales de la elección, centraron los cambios en una premisa: quitar el control al partido en el gobierno de los procesos electorales –que dejara de ser juez y parte—. Para ello, se fijaron dos ejes: 1) crear un órgano con autonomía del gobierno y los partidos, que se encargase de la organización de los procesos electorales; 2) que como su órgano de gobierno se integrase a ciudadanos sin partido ni compromiso político, para garantizar su imparcialidad. Surge así el INE y, particularmente en la etapa encabezada por José Woldemberg, el cuidado ciudadano de los comicios.
En las entidades se replicó este nuevo andamiaje normativo e institucional.
La situación no paró ahí. Si bien, como gustan repetirlo con frecuencia, no puede haber proceso electoral sin partidos políticos, en tanto son los jugadores; es claro, que menos puede haberlo sin la vigilancia, de muchas formas, de la sociedad a la que se deben y aspiran representar.
Es por eso que en 1994, un elemento central para este acompañamiento ciudadano fue la observación electoral. Desde el IFE se canalizaron entonces 50 millones de pesos a esta actividad, que resultó central en esos comicios y por el que se constituyó un ejército de organizaciones ciudadanas que vigilaron el proceso y que se abrió también a la observación internacional. Más de 81 mil observadores participaron de ese ejercicio. Y la administración de los recursos corrió por cuenta del Programa des Naciones Unidas para el Desarrollo. La solidez institucional y la confianza que se generó en el nuevo órgano electoral, constituyeron los dividendos de ser acompañados en sus distintas tareas por la sociedad.
La observación se tradujo en cada vez más acabados instrumentos de seguimiento de las tareas del órgano electoral, las campañas de los partidos políticos, las resoluciones jurisdiccionales, la actuación de los gobiernos en procesos comiciales, las formas de operar en zonas indígenas. En gran medida los avances construidos en estos años, tanto en la operación del IFE como en el acotamiento a los comportamientos irregulares de candidatos y partidos, fueron de la mano de esos ejercicios.
Dos décadas después, como claramente lo señala el editorial de la red de rendición de cuentas: “Justo cuando más lo necesita, el INE está demasiado cerca de los partidos y demasiado lejos de la ciudadanía” ( http://rendiciondecuentas.org.mx/el-fin-de-la-observacion-electoral/ ). El Fondo de Observación se redujo a 35 millones, que se liberan a escasas tres semanas de los comicios –sin posibilidades para observar más allá de los cierres de campaña y la jornada— y el PNUD fue desplazado para su administración.
Así, se cierra el círculo. Desplazada la ciudadanía de los órganos electorales, es ahora minimizada en las tareas de observación. Como hace 25 años, nuevamente son los partidos los que toman el control del proceso electoral. Las consecuencias están a la vista: órganos electorales con cada vez mayor desconfianza de la ciudadanía, partidos políticos que violan sistemáticamente la ley, ausencia de cotos por las autoridades electorales a la comisión de irregularidades.
Ni que decir de tareas como la educación cívica o la construcción de la ciudadanía. Han sido olvidadas del quehacer institucional.
Esta ausencia ciudadana de la legislación general, podría ser capitalizada por una Legislatura propositiva, vanguardista. La legislación oaxaqueña establece como una atribución del órgano electoral la construcción de la ciudadanía, aporte fundamental en el adverso panorama que se enfrenta. Es tiempo de fortalecerla y establecer nuevos instrumentos para hacerla más efectiva. Incluso propuestas emanadas de la sociedad civil, como las de los candidatos transparentes, podrían quedar plasmadas en la norma como requisito que hagan públicos: Declaración patrimonial; declaración fiscal; declaración de interés.
Las lagunas y omisiones de la legislación electoral, han motivado un proceso lleno de desconfianzas. Un órgano electoral maniatado por la misma norma y por el actuar antidemocrático de los actores políticos. Partidos que se dedican a burlar la ley sistemáticamente. Legisladores que dejan los resquicios suficientes para que eso sea posible.
En este panorama hacen falta propuestas innovadoras, las y los legisladores oaxaqueños tienen en sus manos la oportunidad para ir más allá del tradicional corta y pega de la normatividad de otros lares. Situar a Oaxaca nuevamente a la vanguardia o refrendar el papel de coro del concierto nacional. Ese es el reto.
De salida: ¿Le alcanzarán los tiempos a la Legislatura para realizar los cambios? El año electoral inicia en octubre, los cambios legislativos se tienen que realizar a más tardar tres meses antes, esto es en los primeros días de julio. La reforma constitucional está entrampada y de la legislación secundaria no hay aún proyecto alguno. ¿O volverán al tradicional corte y pega de otras legislaciones y con esos remiendos se irá a la elección a gobernador?
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