El presupuesto estatal de 2014, manejado por los Servicios de Salud de Oaxaca y Seguro Popular, para acciones específicas y programas para la salud sexual y reproductiva para adolescentes fue de más de tres millones y medio de pesos.
“No existe una claridad de cómo se gastó ese recurso. Hemos hecho ejercicios con los órganos de acceso a la información y no hemos podido obtener nada.”
Comenta en conferencia de prensa Mayra Morales Aldaz, coordinadora estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (DDESER), quien junto a la coordinadoras de dicha red, en el Istmo y San Mateo del Mar, Roselia Gutiérrez, y en la zona mixe, Sofía Robles, presentaron en conferencia de prensa las Propuestas para la integración de una agenda legislativa a favor de los Derechos Sexuales y Reproductivos.
En ella aseguraron que la agenda política de los partidos políticos actualmente no contempla a estos derechos como un componente. Existiendo actualmente un sinnúmero de necesidades por atender.
“Legislaciones retrogradas que limitan el acceso de las mujeres a ejercer el derecho de decidir sobre su cuerpo y sobre su vida, y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de las mujeres en general.”
Las tres mujeres especificaron además que, para contar con una legislación que responda a las necesidades actuales en el tema se debe ofrecer un marco conceptual de derechos humanos, género, interculturalidad, derecho a la salud sexual y reproductiva, con respeto al estado laico y basado en evidencia científica .
Así como un marco legislativo armónico, que concorde con tratados y convenios internacionales, además de que garantice la atención según los diferentes grupos poblacionales.
Morales Aldaz se pronunció por una asignación suficiente de presupuestos (“y que éstos sean etiquetados”) y una transparencia y rendición de cuentas en los recursos asignados que puedan ser vigilados por el poder legislativo y las Organizaciones Civiles.
La DDESER se pronunció por una interrupción legal del embarazo, aduciendo que el once por ciento de las muertes maternas se producen por abortos mal practicados.
Sobre el tema de la mortalidad materna, expusieron que la desigualdad es un tema que determina esta problemática, la cual va más allá del ámbito médico, fundamentándose en un problema de auténtica voluntad política.
“Las indígenas tienen dos veces más riesgos de morir por causas maternas que el resto de las mexicanas, y las que viven en municipios con muy alto rezago social llegan a tener un riesgo de morir de las de cinco veces.”
La DDESER exigió también un verdadero combate al embarazo adolescente, donde el 63 por ciento de las mujeres entrevistadas en tres regiones del estado de Oaxaca manifestaron haber tenido su primer embarazo entre los once y los 19 años de edad.
Revelaron que la frecuencia del embarazo temprano adolescente se ha mantenido si variaciones a lo largo de décadas, sobre todo en los sectores sociales más pobres.
“En el caso de las comunidades indígenas, los centros de salud no cuentan con métodos anticonceptivos para las mujeres en edad reproductiva. Esta problemática se agrava por la pobreza y los tabúes que existen alrededor de estos temas.”
Comentó Robles, a lo que Gutiérrez complementó con una frase simple y profundamente clarificadora.
“Ser mujer no es necesariamente esta embarazada o ser madre.”
