Cuatro helicópteros del Ejército Mexicano y la Gendarmería Nacional Federal sobrevolaban ayer día de elecciones el valle de la Ciudad de Oaxaca y aquello parecía el Saigón de los setentas.
Hoy convoyes militares dan rondines en las periferias de la ciudad con un automóvil de asalto al frente, con una metralleta pertrechada de municiones sujeta a la batea y un soldado con sus dedos en ella.
La ciudadanía, intimidada, ve pasar con temor y nerviosismo el convoy castrense compuesto de camionetas, jeeps y camiones que transportan solados con fusiles, toletes y uniformes de camuflaje que se pueden ver debajo de chalecos de protección donde se puede leer la palabra policía.
Los militares y la Gendarmería Nacional llegaron desde el pasado viernes con el propósito anunciado por el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, de garantizar las elecciones frente a la andanada ofensiva de la magisterial Sección 22 por boicotearlas.
“En una verdadera democracia no es posible que las fuerzas militares tengan que blindar las elecciones”.
Se establece en un comunicado firmado por diversas organizaciones sociales en el estado, como Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Servicios del Pueblo Mixe, Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, Iniciativa Ciudadana, Defensores Oaxaqueños por los derechos humanos Isabel A.C. Tequio Jurídico, solo por mencionar algunas.
Las ONGs exigen al gobierno Federal y Estatal la inmediata desmilitarización del Estado, condenando la incursión de fuerzas militares en territorio oaxaqueño, las cuales, una vez pasadas las elecciones que vinieron a proteger no han anunciado intenciones de retirarse.
“La presencia del Ejército en las calles de la ciudad han significado aquí y a nivel nacional; ejecuciones, desapariciones forzadas, violaciones a derechos humanos, torturas, desplazamientos, violencia de género y feminicidios”.
Y para ejemplos, las organizaciones citan los casos de las matanzas y desapariciones forzadas de Tlatlaya, Ayotzinapa, Michoacán y Veracruz.
Considerando además que las condiciones para el correcto desarrollo de un proceso electoral en Oaxaca nunca estuvieron dadas, y prueba de ello es en sí misma la presencia militar.
“Descomposición social provocando un clima de inseguridad, un estado de excepción de facto, terrorismo psicológico, violencia generalizada y el deterioro de la convivencia social”, son otros de los peligros que el cumulo de organizaciones cita como razón para que las fuerzas castrenses abandonen la ciudad.
“La utilización del Ejército y los institutos armados del país no han representado una garantía de seguridad, por el contrario Entidades Federativas como Oaxaca, ha significado la represión y criminalización de la protesta social desvirtuándose su función que por ley les corresponde.”
“La presencia militar provoca confrontación ente la misma ciudadanía, ruptura del tejido social y rompimiento de la confianza entre las personas y las comunidades.”
Prueba de ello es la maestra de inglés, Sandra Dianelle Herrera Castro, lideresa magisterial detenida ayer en los disturbio electorales en Tuxtepec, Oaxaca, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), conducida al Sexto Regimiento de Caballería Motorizada, ubicado en Loma Bonita, y quien hoy no aparece en la lista de los once dirigentes detenidos por miembros del Ejército Mexicano.
