“Las comisiones de la verdad surgen cuando existen procesos históricos complejos en los que el sistema judicial esta corrompido y es incapaz de abrir y dar seguimiento a procesos judiciales inmersos en una maraña de intereses que cubren a responsables de crímenes de lesa humanidad.”
Mencionó el periodista y comisionado Diego Osorno, durante la sesión pública de la Comisión de la Verdad, donde se pudieron escuchar distintos testimonios de agravios y violación de los derechos humanos acontecidos en Oaxaca durante el conflicto social de 2006 y sus resabios del 2007.
Alejandro Solalinde, presidente comisionado llamó a no que quedarnos como sociedad en la depresión. “Por eso la música, por eso los niños.” Comentó el sacerdote sobre el espíritu del evento y las intervenciones la banda infantil Filarmónica Resplandor Zaachileño.
Omar Olivera Espinoza, profesor de la sección 22, fue el primero en tomar el micrófono y relatar ante los tres comisionados, Osorno, Solalinde y Mariana Jiménez, y los testigos de honor, Javier Hernández, representante de la oficina del Alto Comisionado de naciones Unidas en México, y la periodista Carmen Aristegui, la manera como el 14 de junio de 2006 él y otros de su compañeros fueron sometidos y torturados en su transmisión de Radio Plantón, por la policía estatal durante el histórico intento de desalojo del plantón magisterial.
“Quienes encarnaban el poder abusaron de el de manera autoritaria, con la represión como ardid político.” Comentó el profesor.
Siguieron los testimonios grabados de un vendedor de gelatinas, que fue herido de un balazo en un pie durante el intento de desalojo, negándose personal del Hospital Civil Aurelio Valdivieso a atenderlo “porque no estaban recibiendo a civiles”, recibiendo esa misma noche una llamada donde a cambio de un pago de más de cien mil pesos le pedían que declarara que fue un maestro el que lo terminó hiriendo.
A este siguió el recuento de una granadera anónima, que fue golpeada brutalmente por maestros en la contraofensiva que estos lanzaron contras los policías que primero los habían gaseado y desalojado, y a los que después una vez reagrupados, terminaron golpeando y correteando.
“Llegaban con sus carritos de Chedrahui llenos de piedras y bombas Molotov “, recordó la mujer, quien fue golpeada en la cabeza y después fue atizada, arrastrada y quemada en las piernas con granadas de gas por los enfurecidos mentores.
“Ya me veía más muerta que viva” contó la expolicia quien fue amenazada con ser desnudada y quemada viva y sacada del lugar por dos reporteros, llegó al hospital en muerte clínica y no fue auxiliada por ninguna autoridad en sus doce días de hospitalización.
Continuó un tercer testimonio grabado, el de un empresario mezcalero que vió naufragada su marca con la ausencia de un estado de derecho en el estado y la ciudad de Oaxaca.
“Transitamos de un modelo de responsabilidad social (por el trato comercial que la marca sostenía con familias de mezcaleros) a un conflicto social. El término social se volvió para mis inversionistas una palabra prohibida.”
“En el 2006 el sistema se volcó en contra de cualquier iniciativa empresarial, que pudiera significar ponerlos en riesgo. Así lo veían ellos, en lugar de escucharnos empezaron a ejercer presión y más presión.”
Trinidad San Pablo, hermana del arquitecto Lorenzo San Pablo asesinado el 22 de agosto de 2006 de un balazo en la espalda, en una escaramuza de las llamadas caravanas de la muerte, integradas por policías estatales que durante las madrugadas de 2006, se dieron a la tarea de salir a rafaguear las diversas barricadas colocadas por la ciudad, denunció la nula voluntad de las autoridades para resolver “la ejecución extrajudicial” de su hermano, además de pedir el testimonio del reportero Edgar Galicia, de TV Azteca, quien tomó la nota del hecho y después negó haberlo hecho.
“Que la reparación de daños no haga callar nuestras voces, que no obscurezca nuestra dignidad”
Petra González Garnica, pareja del asesinado hace nueve años, observó estar consciente de que la Comisión de la Verdad (creada por decreto gubernamental) no posee una calidad vinculante para poder juzgar a los presuntos responsables materiales de los crímenes de 2006, y que todo quedará en calidad de testimonio.
Sin embargo llamó a los tres comisionados a recabar el verdadero número de víctimas del conflicto y a “no ser un teatro más.”
“Se cometieron 500 delitos que incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias, intentos de asesinato, amenazas.”
Comentaría minutos antes Diego Osorno, a lo que el representante de la ONU, Javier Hernández recordó que fue un escenario muy parecido a la guerra de El Salvador, donde el mismo fue integrante de una comisión de la verdad y en donde la reciente canonización del clérigo asesinado por el mismo gobierno salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero, ha sido tomada como un leve signo de reconciliación nacional.
Una maestra, quien no dio su nombre, habló sobre el 27 de octubre de 2006, donde formando a parte de un plantón frente a la Casa de Gobierno en Santa María Coyotepec, fue junto con otros maestros perseguidos, golpeados y balaceados por un grupo de habitantes, cholos y policías de aquella localidad, quienes fueron azuzados por la voz femenina salida de un altoparlante del municipio, que invitaba a los pobladores a matar maestros y gritaba vivas para el entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, resultando en un hojalatero que auxilió a los maestros y cuyas manos fueron macheteadas, y un maestro de educación indígena llamado Emilio, cuyo asesinato no ha sido aun mínimamente aclarado.
Llegó el testimonio grabado de la esposa de Alejandro García Hernández, quien fue asesinado frente a su hijo, en una barricada de la avenida Símbolos Patrios, cuando fue a repartir café en una barricada.
Recogido en una ambulancia manejada por unos tipos que al final aclararon que no eran paramédicos y abandonaron a su suerte al herido, que al final llegó a un hospital que no tenía anestesiólogo, donde finalmente falleció.
La mujer declaró que años después se encontró con un médico que venía en la ambulancia que se llevó a sus marido, aclarándole que el pasear heridos hasta que murieran era una práctica común, hecha con el fin de que no pudieran identificar a sus agresores.
“Por esos delitos cometidos solo hay una persona en la cárcel. De ese tamaño es la impunidad que prevalece en Oaxaca y que en parte explica la conflictiva que desgasta la vida actual. Los violadores de derechos humanos en Oaxaca no han sido castigados, gozando de una amnistía de facto.”
Comentaría por su parte Osorno, con la afirmación de la periodista Carmen Aristegui (quienes algunos de los presentes vitorearon ya como su futura presidenta) de que esta sesión de la Comisión de la Verdad es un hecho inédito en este país.
Vinieron las palabras de Virgilio Sarabia, quien aseguró que mientras no exista justicia para el 2006 no habrá paz ni para Oaxaca, ni para México entero, y Felipe Sánchez Rodríguez, unos de los 135 presos el 25 de noviembre (día del desalojo final a cargo de la PFP) que acabaron en un penal de Nayarit, bajo tratos inhumanos, un limbo legal y torturas psicológicas constantes.
“El delito que no se castiga, es un delito que se repite.”
Llegaron Margarita Cruz Sánchez y Nadine Reyes Maldonado, hermana e hija respectivamente de Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes presumiblemente del Ejército Popular Revolucionario (EPR) que fueron detenidos y desaparecidos (en hechos que han sido comprobados) por cuerpos policiales del Estado, el 25 de mayo de 2007, en el Hotel del Árbol, en la calzada Francisco I. Madero, de la ciudad de Oaxaca.
“Se ha dado más a investigar al EPR, que a los hechos que llevaron a la desaparición de nuestros familiares. Además de que a las investigaciones se les ha llevado a dar por muertos a Edmundo y Gabriel sin que exista una línea clara de investigación”
Comentó Nadine, asegurando que las investigaciones se han enfocado a las autoridades de Oaxaca, dejando fuera al Ejército y a la policía nacional, siendo que la misma PGR ha reconocido oficialmente ante un juez de amparo cuatro posibles teorías de la desaparición, que incluyen al Ejército, a la Policía Federal Ministerial y a la Federal de Caminos.
Además de que existe ya, desde junio del año pasado, una resolución del Poder Judicial de la Federación en el cual se ordena a 28 autoridades federales y estatales que, se trasladen a los posibles lugares de detención y busquen a los dos desaparecidos en instalaciones militares, exijan el testimonio de las autoridades militares existentes en el momento de la desaparición forzada e incluso organicen comisiones especiales para su búsqueda.
“Exhortamos a que esta comisión solicite al ministro presidente de la primera sala de la Supremas Corte de Justicia de la Nación que, atraiga el expediente 222-2015 en relación al incumplimiento de la resolución emitida.”
Dijo Nadine, ante la mirada de urgencia de Solalinde a los otros dos comisionados.
Finalmente llegaron los testimonios del biólogo Ramón Aragón, detenido e inculpado en el 2006, con pruebas falsas (como un arma de asalto a la que nunca se le encontraron sus huellas) como cerebro detrás de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Liberado pero nunca exonerado oficialmente de dichos cargos por lo que tuvo que exiliarse en los Estados Unidos, ante la posibilidad latente (que hoy todavía existe) de ser reaprendido por un delito fabricado.
Y de la esposa de José Jiménez Colmenares, asesinado de nueve balazos en una marcha de 2006.
“Los que lo mataron tendrán sus puestos en los años que vienen.” Comentó la viuda, para después afirmar “nos podrán reparar el daño, ¿pero quién va a reparar nuestros corazones?”
En su intervención ultima, Solalinde aseguro que, ante lo experimentado las palabras salían sobrando. “No son palabras es toda una experiencia.”
“Se ha roto el silencio, se ha perdido el miedo. Esta Comisión exige justicia. No es el Mesías, quisiéramos hacer más. Cuando hay amor y sed de justicia, se puede dar lo imaginable. “
Cuarenta minutos antes, Diego Osorno había señalado que lo que reunía a la Comisión y a la ciudadanía en este día era “la memoria y la esperanza.”
Las cuales parecieron confluir en el momento en el que la banda infantil de Zaachila interpretó, El Dios Nunca Muere de Macedonio Alcalá (cuyo nombre lleva el teatro que fue escenario de todo esto).
Fue peculiar ver a tanta gente puesta de pie, notoriamente conmovidas, después de haber oído y visto tantos testimoniales de impunidad y horror, escuchando el himno de un lugar, Oaxaca, cuyas heridas comprobaron hoy todavía estar bien abiertas y en una supuración constante.
