A pesar de que la Constitución consagra del derecho a tener un intérprete que hable su lengua materna durante cualquier proceso jurídico, la mayoría de los indígenas de México que denuncian un delito o son acusados de haberlo cometido, están condenados a vivir una experiencia kafkiana: enfrentar un proceso sin poder comprender nada.
Cuando era niña, Felipa Reyes Jiménez vio a su mamá peregrinar de una dependencia pública a otra sin poderse defender porque no hablaba español. Su familia, proveniente de la zona purépecha de Michoacán, había migrado a Guadalajara para vender muebles de madera. Los inspectores del Ayuntamiento los maltrataban, los extorsionaban, incluso llegaron a robarles su mercancía.
Entonces, Felipa se prometió que sería abogada. Y que trabajaría para aminorar esta desventaja que enfrentan los pueblos indígenas.
Egresada de Derecho por la Universidad de Guadalajara, Felipa trabaja hoy en la Comisión Estatal Indígena (CEI), donde hace “gestiones” —como ella dice—, para que tratar de que todos los indígenas tengan un intérprete. Ha auxiliado a personas en escuelas, dependencias de gobierno, hospitales y hasta en morgues.
Desgraciadamente, su esfuerzo es excepcional e insuficiente. Detenidos por un par de horas o hasta presos por años la mayoría de los indígenas que han sido detenidos en Jalisco no tienen un intérprete certificado que hable su lengua materna. Lo mismo viven aquellos que fueron víctimas de un delito y que, al querer denunciar, no tienen quien les permita traducir de su lengua al español.
“Ni siquiera en las agencias del ministerio público de la región [Norte de Jalisco], donde prácticamente caen un gran porcentaje de indiciados wixaritari existen intérpretes”, lamenta el abogado Ramón Chivarras López, de la Comisión Estatal Indígena (CEI). En el país hay 583 intérpretes certificados, según el Padrón Nacional de Intérpretes y traductores de Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali). Ninguno de ellos está en Jalisco. Si no hay intérprete de la lengua wixárika, lengua materna del principal pueblo indígena del estado, tampoco para el zoque, nahua, tsotsil, zapoteco o alguna otra de las lenguas que hablan los indígenas que han migrado a la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Población indígena
En México el 15 por ciento de la población es indígena, según el Censo del 2010 del inegi. Esta población habla 68 lenguas maternas distintas. El Artículo 2º de la Constitución Mexicana consigna su derecho a tener un intérprete en su lengua materna durante un proceso jurídico. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas señala que, para garantizar este derecho constitucional, el Estado deberá apoyar a la formación y acreditación profesional de intérpretes y traductores.
Al no tener un intérprete o abogado defensor que conozca su lengua, los detenidos se explican ante el Ministerio Público “como dios les da a entender”, dice Felipa Reyes Jiménez.
Para los cursos de capacitación o diplomados de formación de intérpretes es necesario que cada entidad, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) abran la convocatoria. En Jalisco, hasta el momento, no se ha realizado ningún curso de capacitación para futuros intérpretes, según confirmaron el Inali y la CEI.
El director de acreditación, certificación y capacitación del Inali, Genaro Cerna Lara, aseguró que “tenemos planeado realizar en los meses de julio y septiembre un proceso de formación de intérpretes para Jalisco”. Al cuestionarle por qué no había ocurrido esto antes, respondió que “son las cuestiones de prioridades. Tenemos estados donde tenemos una gran cantidad de hablantes de lenguas indígenas. Eso se va priorizando de acuerdo al número de personas hablantes de cada entidad federativa, así como los números de casos que se presentan en el censo penitenciario”. Según información del Padrón Nacional de Intérpretes y traductores de Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en Oaxaca hay 77 intérpretes, en Chiapas 40, en el Distrito Federal 32, en San Luis Potosí 37 y en Veracruz 61.
Aunque los números pueden parecer que en algunos estados las cosas no están tan mal, si los comparamos con el porcentaje de hablantes indígenas, la perspectiva cambia: en Chiapas hay un intérprete por cada 37 mil indígenas; en Michoacán, uno por cada 19 mil; en Yucatán, uno por cada 11 mil.
Cerna Lara señala que un intérprete debe cumplir el estándar de “interpretación oral de lengua indígena al español y viceversa en el ámbito de impartición y procuración de justicia”. El instrumento el Inali evalúa estas habilidades de los candidatos a través de un examen y de la simulación de un juicio oral. En este juicio, el intérprete debe demostrar que conoce los términos jurídicos en lengua indígena y en español.
Sin intérpretes certificados, la Comisión Estatal Indígena atiende a quienes necesitan un intérprete de las siguientes maneras. Felipa Reyes habla purépecha, así que cuando la persona detenida habla su lengua materna ella misma le auxilia; cuando el detenido pertenece a la comunidad indígena wixárika, Ramón Chivarras López lo apoya. Y en el municipio de Colotlán hay dos voluntarios que auxilian en la traducción. Uno es estudiante de derecho y otro de antropología.
Los abogados de la CEI tratan de paliar las deficiencias institucionales través de una red de personas que conocen o hablan alguna lengua indígena. Tienen un directorio con los datos de quienes han acudido a CEI a realizar algún trámite, y cuando necesitan apoyo para interpretar, los contactan y les piden colaboración voluntaria. También buscan ayuda en el Centro Rural de Educación Superior Estipac.
Chivarras explica que cuando un indígena no tiene un intérprete “se les está vulnerando las garantías de acceso a la justicia” y su derecho al debido proceso. La mayoría de las ocasiones, señala, los casos de indígenas sin intérprete llegan con el defensor de oficio, que tampoco habla su lengua materna.
“Muchas veces el juzgador no entiende las características culturales de los pueblos indígenas y los distintos modos en que se desenvuelven las comunidades”, asegura el abogado wixárika Samuel Salvador Ortiz, de la Unidad de Atención de Comunidades Indígenas de la UdeG. Por eso es necesarioa que los intérpretes no sólo tengan conocimientos legales, sino que conozcan los usos y costumbres de las comunidades.
Felipa Reyes coincide: como abogada indígena analiza el peso de las palabras durante una declaración deben ser interpretadas por un conocedor de la cosmovisión de las comunidades. Por ejemplo, palabras como “metralleta” o “cigarro” no existen en el purépecha. Entonces, el intérprete “lo que hace es decir la acción”, para decir cigarro se explica que es algo con lo que se fuma y para decir metralleta se hace referencia “a algo que daña”.
En 2013, la Procuraduría Social de Jalisco y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) firmaron un convenio para ofrecer asesoría y defensoría jurídica, para crear un padrón de presos indígenas y dar apoyo financiero para los procesos legales; sin embargo hasta el momento no existe este padrón actualizado, uno de los puntos a los que se comprometieron a través de este convenio.
Lo anterior en el marco del “Programa para la excarcelación de presos indígenas” para que personas indígenas privadas de su libertad, o en riesgo de perderla, y que no hablen el español dispongan de apoyo para el seguimiento de sus casos e incluso pago de fianzas por parte de la cdi.
Sin padrón actualizado en Jalisco no se conoce cuántos indígenas y en qué reclusorios regionales están, tampoco se tienen conocimiento de su proceso legal. Se solicitó entrevista con la delegación Jalisco de la cdi pero no se tuvo respuesta.
Según los abogados entrevistados, hay entre 70 y 90 indígenas presos en los reclusorios de Jalisco. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012” documentó que “hay deficiencias en el servicio de intérpretes en los casos necesarios” en los reclusorios de Jalisco.
*Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, proyecto impulsado por el International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con Connectas.
