La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatirá la próxima semana sobre la legalidad de la Reforma Educativa.
El ministro Fernando Franco González Salas propondrá negar 26 amparos promovidos por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes alegan que son inconstitucionales la reforma y la evaluación docente.
En el recurso interpuesto, los disidentes exponen que los exámenes les generan una afectación, toda vez que se contempla su cese en caso de que no aprueben hasta en tres ocasiones las evaluaciones a las que sean sometidos, cuestión que atenta, desde su punto de vista, contra diversos preceptos constitucionales.
De acuerdo con González Salas, los artículos señalados por los docentes “no trasgreden la garantía de libertad de trabajo”, porque no se les impide dedicarse al empleo que decidan, sino que sólo se establece como condición de permanencia la obtención de resultados favorables en las evaluaciones que se les apliquen.
Corte perfila revés a CNTE
La próxima semana, los ministros resolverán el proyecto que propone negar 26 amparos a profesores que alegan la inconstitucionalidad de la reforma.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pondrá punto final a la disputa entre agrupaciones de maestros y el gobierno federal sobre la legalidad de la Reforma Educativa y la evaluación magisterial.
La próxima semana, los ministros del máximo tribunal del país analizarán el proyecto del ministro Fernando Franco González Salas, quien propone negar 26 amparos a profesores de todo el territorio nacional que alegan la inconstitucionalidad de la reforma y la evaluación.
En 26 proyectos de sentencia, de más de 100 páginas cada uno, que ya han sido distribuidos entre los 11 ministros de la Corte para su análisis, la ponencia de Fernando Franco da razones y argumentos jurídicos por los cuales las reforma educativa y la evaluación magisterial se encuentran apegadas a la Carta Magna, así como a los tratados internacionales y respetan a plenitud los derechos humanos de los maestros.
Los argumentos
De acuerdo con el ministro, la evaluación obligatoria para los docentes no resulta inconstitucional, sino que, por el contrario, encuentra su base en la obligación de contar con un sistema educativo de calidad sujeto a requisitos de ingreso, promoción y permanencia, en términos de lo previsto en el artículo tercero constitucional.
Incluso “los artículos combatidos de inconstitucionales no trasgreden la garantía de libertad de trabajo, porque de su contenido no se advierte que impidan a los docentes dedicarse al trabajo que decidan, sino que únicamente se establece como condición de permanencia la obtención de resultados favorables en las evaluaciones que practique el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Esa condicionante no representa violación a la libertad de trabajo”, se expone.
En contraparte, los representantes del magisterio sostienen que la Reforma Educativa es regresiva en la protección de garantías básicas, viola tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y laborales, además deja en condiciones de vulnerabilidad a los maestros pues, aseguran, se les niega el derecho de audiencia y a objetar cualquier etapa de su evaluación
Por ejemplo, en el amparo interpuesto, los maestros exponen que los exámenes les generan una afectación toda vez que se prevé su cese en caso de que no aprueben hasta en tres ocasiones las evaluaciones a las que sean sometidos, cuestión que atenta, desde su punto de vista, en contra de diversos preceptos constitucionales.
“El nuevo sistema de evaluación de los integrantes del servicio profesional docente, implementado como requisito para el ingreso, promoción y permanencia, viola el derecho a la dignidad humana y a un nivel de vida adecuado, al permitirse la posibilidad de que los docentes que a la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente puedan perder el derecho a la estabilidad en el empleo en caso de no obtener una resolución favorable en la tercera evaluación”, puntualizan los maestros.
Sin perjuicio
Empero, en el proyecto se explica que las evaluaciones no causan un perjuicio para el magisterio, ya que este procedimiento sólo será aplicable a aquellos maestros que ingresen al Servicio Profesional Docente de forma posterior a la entrada en vigor de la Ley General de Educación.
Previsiones
“De la lectura de la Observación General de Mérito, armonizándola con lo dispuesto en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, puede arribarse a la conclusión de que la separación de algún docente de su empleo cuando no acredite las evaluaciones respectivas se encuentra plenamente justificada, en tanto que se busca, a la vez, garantizar el derechos de los educandos a recibir un servicio de calidad impartido por docentes calificados”, sostiene el ministro.
En un sondeo realizado por Excélsior entre los ministros se perfila que la mayoría avale, en el pleno, la propuesta de Fernando Franco González Salas y una vez así, el máximo tribunal emitirá criterios definitivos sobre la constitucionalidad de la Ley General de Educación, Ley General del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, promulgadas el 11 de septiembre de 2013.
La Reforma Educativa y la evaluación en los últimos meses ha escalado en un conflicto, que incluso obligó al gobierno federal a cancelar temporalmente la evaluación de los docentes en el país y luego se retractó de suspender los exámenes. A la par, la CNTE ha intensificado sus movilizaciones en todos los estados donde tiene presencia.
Demanda de empresarios
Las organizaciones sindicales del magisterio deberán explicarle a la sociedad el número de comisionados que tienen, las razones para hacerlo y la temporalidad de las mismas, señaló el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón.
Entrevistado en el marco de una reunión privada con el titular de la Secretaría de Educación Publica (SEP), Emilio Chuayffet, el dirigente patronal sostuvo en este contexto que no se debe pagar a maestros faltistas.
“La lógica es que si no dan clases, no se les pague, pero son ellos y su sindicato los que deberán dar una explicación de cómo funciona la figura de los comisionados, ya que si bien dentro de los contratos de trabajo tienen la posibilidad de que se les comisione y se les siga pagando, lo deben justificar”, recalcó.
Indicó que la pregunta sería por qué hay tantos comisionados y por qué hay muchos que no tienen esa condición y faltan a dar clases.
Respecto a la CNTE, dijo que tiene que cumplir con la ley, acatar los retos que la reforma impone y aunque en la democracia se tiene el derecho de manifestación y disentir, ello se debe hacer con respeto a derechos de otros.
