“El problema no radica en que (las autoridades) acepten nuestras recomendaciones. Si, lo que queremos es que las acepten, pero el asunto es como están aplicando el cumplimiento de las recomendaciones”.
Comento en conferencia de prensa, Arturo Peimbert, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
El defensor comentó que el marco normativo actual de los Derechos Humanos en el estado de Oaxaca es insuficiente, razón por la que la DDHPO sumó esfuerzos con diez organizaciones de la sociedad civil para integrar una propuesta de reforma a la Constitución del estado que la armonice con la constitución federal, y que incluya estándares internacionales.
“Con esta propuesta de reforma se está proponiendo un seguimiento de las recomendaciones emitidas. No es suficiente que la acepten, sino que las cumplan”.
“Se debe formular una propuesta de reforma integral que retome los contenidos y derechos reconocidos en la reforma de junio de 2011 en la Constitución Política, así como lo establecido en los estándares contenidos en el corpus iuris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
Comentó por su parte, Bernardo Rodríguez Alamilla, consejero de la DDHPO, señalando que en la formulación de un reforma se deben considerar la incorporación de principios rectores, como el control de la constitucionalidad y convencionalidad, el principio pro persona, el principio de interpretación conforme, los principios de igual y no discriminación, a si como la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos.
Dijo que este tipo de adecuación permitirán que la Sala Constitucional de la DDHPO, “que hasta ahora no ha funcionado, se vuelva una instancia eficiente”.
Peimbert secundó esto, y declaró que la Sala Constitucional de la Defensoría es una barrera que la misma DDHPO no han logrado vencer, y que la reforma propuesta va encaminada a derribar sus trabas.
Alamilla aseguró que la propuesta de reforma a los derechos humanos no tendrá que ser circunscrita a los tiempos de la futura reforma política del estado, que probablemente se vote mañana en el congreso local.
“La reforma política tiene que ver con que si son cinco o seis años para el próximo que llegue a la gubernatura. Nuestra propuesta va más allá. Esperamos que el Congreso sea sensible en este tema”.
Manifestó que esta propuesta de reforma está hecha para corresponder a la lógica de trabajo de las diez organizaciones de derechos humanos y de la misma DDHPO.
Sobre la Legislatura sumamente improductiva a la que va dirigida la propuesta de reforma, Alamilla dijo que la armonización de las leyes es su tarea más allá de las coyunturas políticas que se vayan presentando.
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos (Código DH), Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (Barca DH), Servicios para una Educación Alternativa (Educa) Iniciativa Ciudadana (ICO), son solo alunas de la organizaciones de defensa de derechos humanos que forman parte activa de esta propuesta.
