Todo estaba tranquilo, terso, planchado y de trámite para las y los diputados de la actual Legislatura local, justo cuando un grupo de más de cuarenta mujeres feministas se cruzaron en su camino de pasividad.
Acostumbrados a hacer lo que quieren, cuando quieren y a la hora que quieren (así fuera en una sesión extraordinaria realizada a unas horas de caer finalmente en una controversia constitucional por no poder ni querer aprobar una reforma político electoral, que tuvieron meses para poder hacerlo), las y los diputados locales se vieron en el inusitado caso de legislar en tiempo real.
Con una audiencia feminista inclemente, que sobre sus propuestas y discusiones circulares sobre el apartado de paridad de género, los llamó “¡machos!”, “¡traidoras!” “¡machistas!” y “¡moché!”, con una presidenta de la mesa directiva, Leslie Jiménez Valencia, que ya no sentía lo duro sino lo tupido, llamando constantemente al orden y anunciando recesos de cinco minutos que se convertían en veinte.
La Alianza para la Igualdad y Paridad de las Mujeres, que aglutina a ocho organizaciones feministas, entregó hace unos meses una propuesta de ley al Congreso, la cual seguramente no fue grandemente revisada por la legislación local, pues las mujeres manifestaron su desacuerdo desde la mera enunciación de sus lineamientos que hablaban de garantías tranversales, horizontales y verticales de paridad de género, que a las manifestantes les decían poco y nada.
La diputada priista Carmelita Ricárdez quiso atajar la cuestión pretendiendo hacer eco de las demandas aduciendo que, el apartado de la reforma iba en el sentido de garantizar la paridad de género en las planillas de los partidos políticos que competirán para los cargos de elección popular.
Las representantes del Pacto de las Mujeres por la Paridad rumbo al 2016 contestaron que no, que la paridad tenía que aplicarse en la totalidad del sistema político que envuelve a los 570 municipios del estado.
Ricárdez y otros diputados compartieron que esa era la intención, pero para esto había que establecer los mecanismos para un cambio gradual que no violentara la normatividad de las comunidades indígenas y sus usos y costumbres, a lo que las feministas respondieron que los mecanismos eras susceptibles a ser manejados por los propios municipios a su conveniencia y que la violencia era segregar las leyes desde su mismo origen, y con esto a sus aparentes destinatarios, en este caso, a las mismas mujeres.
A Alejandra Morlán la acusaron de haberse valido de plataformas políticas de derechos para las mujeres y ahora darles la espalda, Manuel Pérez no se la acabó cuando pasó a tribuna y le dijo a las feministas que la idea era hacer mejoras para “su sector” (solo a él se le ocurre) y el imbatible Fredy Gil Pineda Gopar se topó con pared cuando haciendo uso de su poder de seducción, quiso ir a platicar con las inconformes y fue despedido con abucheos.
El perredista Sergio Pérez, fue el único diputado en hacer pública su reserva y hacer notar que la ley estaba incompleta, esto mientras reporteros de la fuente cuestionaban al núcleo de mujeres aduciendo los orígenes partidistas y de sexenio de algunas de ellas, además de quejarse de que lo que era un mero trámite de dar la nota de cuantos años iban para el nuevo gobernador o si sí o no se autorizaban los 2400 millones de pesos, para los 17 meses que le faltan al gobierno estatal, se había convertido en una odisea que tenía visos de no parar.
Era curioso ver a las y los legisladores haciendo casita en la mesa directiva, discutiendo que le podían cambiar o no a la ley para no enfrentar la furia y la andanada de denostaciones de las mujeres, mientras el diputado al que le gusta que le digan El Gato, llamaba a las diputadas y diputados que según él no tenían nada que ver en el asunto a sentarse, mientras se increpaba con un colega legislador por ver quién tenía más pantalones.
Era peculiar ver a la legislatura local en pleno descontrol, expulsados de su propio y habitual script,donde los tiempos, las discusiones y las simulaciones de discusiones, las dictan ellos y no un montón de mujeres gritando desde el graderío “¡Paridad ya!”.
Finalmente, y de puro refilón, se supo que el periodo para la próxima gubernatura quedó de seis años, que los presidentes municipales y diputados locales tendrán un periodo de dos años con opción a reelección, y que el periodo de residencia mínima en la entidad para aspirar a ser gobernador será de tres años, cuestión que la ya citada diputada Morlán le adujo a intereses políticos con intenciones de allanar caminos a notorios y mas que cantados precandidatos.
La deuda millonaria se contrato y el grupo de cuarenta mujeres feministas no logró que, su propósito de una paridad frontal fuera cristalizada en la nueva ley, aunque ciertamente lograron aclararla mucho más de lo que los planes de Legislatura proponían.
Al mismo tiempo que periodistas especializados calificaban a esta nueva reforma político electoral como perfectible y altamente impugnable, el grupo de feministas inundaba de huevo y cascarones la puerta de la cámara de diputados, en síntoma de su desazón por una ley a la que calificaron de acomodaticia.
En el ala derecha de la cámara, dos hombres lanzaron huevos y manotearon a las activistas, para luego escapar por una puerta que un elemento de seguridad del recinto les abrió para después cerrársela en la cara a las mujeres.
En el ambiente se murmuraba que esos hombres habían sido enviados por el coordinador priista Alejandro Avilés, quien les había permitido emprender la retirada en su camioneta.
Lo que siguió fue un reclamo de las feministas para con el cuerpo de seguridad completo de la cámara, a los que acusaron de si golpear a la mujeres que se manifiestan pero no aplicar el mismo criterio para con maestros de la 22, ni con los integrantes del MULT, ni con ningún otro grupo de protesta afín, además de servir a diputados de la peor calaña y hasta abrirles la puerta.
A lo que unos de los elementos respondió con un “¡pues sí, así es!”
Corolario y broche de oro para una sesión donde se aprobó una reforma con modificaciones referentes a las candidaturas ciudadanas, al estado de los pueblos afromexicanos oaxaqueños, y de los sistemas normativos internos.
Contenidas en artículos que nunca fueron leídos, cuyo dictamen legislativo no ha sido debidamente socializado, razón por la cual estarán sujetas a ser descubiertas y discutidas por la sociedad civil en los días por venir, y por supuesto, hasta por los mismos diputadas y diputados, que casi siempre son los últimos en enterarse para qué diablos verdaderamente levantaron la mano.
