El Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, llamó a las autoridades y a la población del estado a construir las condiciones de justicia y democracia para llegar a la paz mediante el respeto a los derechos humanos.
Al inaugurar el 4 de julio último la nueva oficina regional del organismo autónomo en Putla Villa de Guerrero, enfatizó: “los derechos humanos son un prerrequisito para la democracia, de manera que ésta no puede existir en ausencia de aquéllos. Sin respeto a los derechos humanos no hay democracia sino demagogia”.
Por este motivo, Peimbert Calvo hizo un llamado a trabajar unidos para lograr la justicia, la democracia y la paz, pues “sin derechos humanos, sin democracia, es imposible la paz digna, la paz duradera. Porque la paz que no emana de la justicia no es paz”.
Al rememorar diversas violaciones contra los derechos humanos (la más reciente de las cuales fue la agresión que sufrieron, a manos de un grupo de choque, manifestantes pacíficos en el Cerro del Fortín), el Defensor del Pueblo interpretó esos sucesos como augurio de que se aproxima una “noche larga y oscura que hoy amenaza con abatirse sobre nosotros, no sólo en este distrito, sino en Oaxaca todo”.
El ombudsman consideró que sólo mediante el cumplimiento cabal del derecho a la verdad podrá ser conjurado ese riesgo, pues “sólo la claridad sobre lo que ha sucedido, sobre quiénes han sido víctimas de violaciones a derechos humanos y quiénes los victimarios, podrá convertir la amenaza de los tiempos oscuros en una madrugada que anuncia al alba”.
En cuanto al papel de las autoridades en estas situaciones, Peimbert Calvo expresó su voluntad de animarlas “a que comprendan que la apuesta por los derechos humanos es una apuesta por la gobernabilidad, pues la obligación de los gobiernos para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos es un compromiso legal y ético ineludible”.
“El cumplimiento de ese mandato está intrínsecamente ligado a la gobernabilidad, no entendida sólo como mera ausencia de conflictos, sino como confluencia de las condiciones necesarias para la estabilidad institucional y política que permiten el cumplimiento del Estado de derecho, y la eficacia en la administración y la toma de decisiones que posibilita a las instituciones brindar las respuestas adecuadas a la demanda de una sociedad sólida, consciente y participativa”, subrayó el ombudsman.
Recordó que la gobernabilidad incluye entre sus componentes a la buena gobernanza, concepto que, advierte la Organización de las Naciones Unidas, implica la equidad, la participación, el pluralismo, la transparencia, la responsabilidad y el Estado de derecho, de modo que sea efectivo, eficiente y duradero, además de ser el escenario para la distribución equitativa de los beneficios del crecimiento.
Las sociedades con buena gobernanza, subrayó, “tienen menos probabilidades de sufrir por la violencia y la pobreza, pues cuando se permite hablar a los excluidos y se protegen sus derechos humanos, será menos probable que recurran a la violencia como solución, además de favorecer que la acción gubernamental implique políticas que reduzcan la pobreza”.
Peimbert Calvo fue terminante al referirse a las autoridades que rehúsan actuar contra la violencia y la pobreza, pues recalcó que si las autoridades no cumplen con los requisitos de gobernanza, “se enfrentarán con nosotros (la Defensoría)”.
Confío en que en esta tarea “no estaremos solos, sino de la mano de este pueblo activo y consciente, dispuesto a frenar a cualquier agente que apueste por la violencia y a rechazar a quienes promuevan la violencia para lograr sus objetivos políticos o económicos, gracias a la ciudadanía dispuesta a cerrar la puerta a la violencia y abrirla al diálogo; a hacer valer su vocación por la paz”.
A causa de las graves violaciones a los derechos cometidas en comunidades indígenas, enfatizó la relevancia del trabajo de quienes se empeñan en desentrañar la verdad sobre esos hechos: “Sólo la claridad sobre lo que ha sucedido, sobre quiénes han sido víctimas de violaciones a derechos humanos y quiénes los victimarios, podrá convertir la amenaza de los tiempos oscuros en una madrugada que anuncia al alba”.
Esta misión, agregó el ombudsman, se cumplirá en el reconocimiento de las y los defensores comunitarios de derechos humanos; en el reconocimiento del estatus de defensoras y defensores para los pueblos y comunidades que se identifican como sujetas de derechos y se organizan para hacerlos valer.
“Desde el marco legal de la Defensoría y desde nuestra vocación, una transformación real y profunda en nuestra sociedad será posible no sólo mediante las necesarias acciones correctivas, cuando se ha violado algún derecho, sino también mediante un cambio social estructural, porque son estructurales la miseria y los sistemas perversos de relaciones políticas y económicas que la permiten”, puntualizó Peimbert Calvo.
El Defensor del Pueblo de Oaxaca consideró que la transformación estructural del sistema sólo será posible “si todas y todos, vislumbramos nuestras propias capacidades para ser sujetos de nuestro propio desarrollo, protagonistas de la historia; no masa pasiva y conformista, sino personas con capacidad de poner nuestra inteligencia y creatividad en la voluntad para el servicio común de la patria”.
Reiteró que esta transformación estructural será posible “sólo si tenemos la capacidad de construir y modificar las instituciones desde la ciudadanía”.
En su alocución, el Defensor del Pueblo señaló que la Defensoría busca acercarse a las comunidades por “la indignación ante esos hechos, la rabia por lo que nunca debió suceder, pero también nos reúne la esperanza, la certeza de que podremos construir una nueva realidad, la esperanza en la sabiduría del pueblo que se organiza, la esperanza en que la sangre derramada por la sinrazón y la barbarie regará las semillas de la justicia y la paz”.
