Pobladores de la comunidad de Santa María Ostula, Michoacán, rechazaron la versión oficial de que los elementos militares tiraron al aire en un intento por dispersar a la población. “Tiraron para que la gente se quitara; dispararon contra los civiles”.
Afirmaron que la detención de Semeí Verdía Zepeda, coordinador de las autodefensas y policías comunitarias, acusado por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército se trató de una “traición”, pues el líder comunitario acudió bajo engaño al sitio donde se le capturó y hay acuerdos suscritos con las autoridades policiacas del estado que no se han cumplido.
Además, argumentaron que las armas en su posesión, y que son el “pretexto” para su detención, le fueron proporcionadas por las autoridades estatales e incluso percibía un salario por el cumplimiento de ese trabajo al frente de las autodefensas.
En conferencia de prensa, en que relataron los hechos ocurridos el pasado domingo en el que el niño de 12 años Idilberto Reyes García falleció por el impacto de una bala en la cabeza, Agustín Vera Ramírez, vocero de la comunidad, y Ezequiel Celestino Grajeda, de la Comisión de Vigilancia, señalaron que todo parece indicar que hay una “cooperación” entre los elementos del Ejército y la Policía Federal con jefes del grupo criminal los Caballeros Templarios en el municipio de Aquila, al que pertenece dicha comunidad.
Ambos dirigentes, que se trasladaron desde anoche a la ciudad de México, denunciaron que detrás de esta abierta intención por exterminar a los grupos de autodefensas y policías comunitarias de esta región de la costa de Michoacán, está la pretensión de apoderarse de la zona y de sus recursos mineros, además de impulsar megaproyectos turísticos.
En el Centro Pro de Derechos Humanos, en su turno, los representantes comunitarios Vera Ramírez y Celestino Grajeda insistieron que los únicos disparos realizados el día de la agresión procedieron de los elementos militares y federales que arribaron a la zona para detener al comandante Semeí Verdía, quien fue trasladado a un penal de Tepic, según revelaron.
Del 2008 a la fecha, con la muerte del menor de 12 años, en la región se han registrado ya 34 homicidios y varios desaparecidos.
En la conferencia, los representantes comuneros presentaron un video donde se observa el lento avance de los vehículos militar sobre el puente de Ostula, y donde se escucha, desde la parte delantera del convoy, los ráfagas de los disparos de las armas de fuego.
