“Me empecé a enfermar y en el batallón me llevaron a la enfermería. Por algún tiempo me estuvieron atendiendo pero no daban con que tenía, me daban medicina y no quedaba bien”, recuerda M.G.S. al momento de rememorar lo ocurrido en junio de 2001, cuando su vida cambio de manera drástica tras poco más de 10 años de prestar servicio en un batallón de infantería del Ejército mexicano.
Al ver su estado de salud, le dijeron que le iban a hacer unos estudios, pero no cuáles. Días después, rememora, un teniente coronel le notificó que tenía VIH pero para que estuvieran seguros, lo iban a trasladar al Hospital General Militar en el Distrito Federal. El aceptó porque tenía muchos malestares. De la orden se enteraron al menos 19 autoridades superiores y su concubina.
Llegó al hospital de madrugada e inmediatamente lo ingresaron al ver el documento emitido en su batallón. Su estado de salud mejoró al paso de los días y un médico le confirmó el diagnóstico. El mismo médico le dijo que ya no iba a trabajar, que iba a estar en su domicilio esperando a que le notificaran su baja.
La noticia le preocupó, “soy joven y no estoy en edad para que me pasara esto”, pensó, y a su vez, le entró la duda de que iba a hacer con una enfermedad de por vida y sin servicios médicos. “Aceptaba la baja, lo único que les pedía era el poder ir al hospital y medicinas”, agregó tras recordar que estuvo bajo custodia familiar por orden del Ejército.
En diciembre de ese año llegó el oficio de su baja. Mientras estuvo resguardado en casa y con los beneficios de ser integrante del ejército. Después, tras la baja, no pudo regresar al hospital ni le dieron más medicinas.
El motivo de su baja era que conforme a la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) enfermedades que duren más de seis años que imposibiliten el desempeño de las obligaciones militares y la susceptibilidad a infecciones recurrentes atribuibles a estados de inmunodeficiencia celulares u humorales del organismo, no susceptible de tratamiento detentaban la baja inmediata. Es decir, “por inutilidad”.
No tiene sentido seguir viviendo
Ingresó al ejército sano cuando tenía 20 años. Tras la baja le dijo a su hermana que ya no tenía sentido seguir viviendo, “si ya estoy así, ya no tiene chiste vivir”, decía, y quería irse a su pueblo, donde están sus padres, a ver cómo se desarrollaba el mal. Él había acudido al Ejército como una opción laboral, pues de donde es originario no hay muchas ofertas de trabajo y desarrollo. La Armada fue su mejor opción.
Ante su actitud, su hermana le apoyó y le ayudó a pedir ayuda, pues comenzó a beber alcohol en exceso, deseaba estar sólo y aislado. Salieron a la calle a buscar donde hubiera médicos que supieran del padecimiento. Cerca de metro Xola, en un consultorio médico de una organización de la sociedad civil, le informaron que allí no lo podían atender pero si le mencionaron que fuera a otra organización de apoyo, en dicha organización, que ahora no recuerda su nombre, le enviaron a la Clínica Especializada Condesa.
En el lugar, recibió tratamiento y atención médica, dejo “el vicio” y comenzó a informarse de qué hacer con su situación para salir adelante pues ya no tenía ingresos económicos.
En la Clínica conoció a Silvia Panebianco, con quien platicó sobre su situación. Ella le pregunto bajo qué condiciones había salido de las fuerzas armadas y él le dijo que con nada. Ante la respuesta, ella lo instó a recurrir a la vía legal. El tiempo apremiaba pues le quedaban 48 horas para apelar la decisión del Ejército mexicano. Desde se momento recibió el apoyo del abogado Pedro Morales Aché de Medilex.
Mientras tanto, ya con un estado de salud óptimo, comenzó a dedicarse al ambulantaje para sobrevivir y tener ingresos. El mismo dice no saber cuál fue el origen de su infección.
El viacrucis legal
En diciembre de 2001 pidió de manera formal que se le proporcionara atención médica y medicamentos y externó su inconformidad por el retiro involuntario. La contestación fue que la solicitud no era procedente. En junio de 2002, le indican que es dado de baja pero dado de alta en situación de retiro. Un mes después, presentó una demanda de amparo por considerar a la Ley del ISSFAM como inconstitucional. La respuesta fueron unas medidas cautelares provisionales para recibir atención médica y medicamentos así como una compensación económica.
Sin embargo, en abril de 2003, se invalidó el juicio de amparo bajo el argumento de que no se cumplieron los tiempos cuando M.G.S. interpeló la notificación de su baja en 2001. La sentencia fue ratificada en septiembre del mismo año por el Juzgado Noveno de Distrito.
No había muchas opciones, el abogado le dijo que “el asunto” debería arreglarse fuera del país, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero había que esperar mucho tiempo. M.G.S. asintió a la propuesta aunque reconoce que se desesperaba, pues la Comisión no dio noticias por casi ocho años.
Mientras tanto volvió a acudir a la Clínica Condesa para su atención médica y sus medicamentos y reconstruyó su vida con su nuevo oficio de comerciante ambulante.
A finales de 2011 recibe una llamada por parte del abogado Morales Aché, la CIDH había resuelto a su favor. Iba a regresar al Ejército y le iban a validar todos los años que había estado fuera como si los hubiera trabajado, por tanto, iba a poder retirarse inmediatamente con una pensión y acceso a servicios de salud de por vida. Además, le iban a pagar todos esos años que no pudo trabajar.
En 2012 regresó a la milicia y en febrero de 2013 se retiró. A casi 14 años de distancia de los hechos, M.G.S. celebra que el Estado mexicano le pida una disculpa pública, pero sobretodo que se haya cambiado la Ley del ISSFAM como parte de la resolución de la CIDH tras haber estudiado su caso. “Está bien que reflexionen las autoridades. (A quienes viven con VIH) ya los reclasifican, pero no los dan de baja”.
