En México, las agresiones contra los migrantesnunca vienen de un solo bando. Si bien el crimen organizado continúa siendo el grupo que más delitos comete en contra de ellos –especialmente en la ruta del Golfo, en los estados de Veracruz y Tamaulipas, donde grupos como Los Zetas siguen haciendo del secuestro y de la extorsión dos de sus principales fuentes de enriquecimiento-, la delincuencia común y las propias autoridades son las otras dos grandes amenazas de las que los migrantes buscan cuidarse.
Así lo refieren más de 31 mil personas indocumentadas que fueron atendidas en 2014 por las 15 organizaciones civiles que están repartidas por toda la República y que integran la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes(REDODEM), la cual presentó ayer miércoles en el Centro Pro Derechos Humanos el informeMigrantes invisibles, violencia tangible.
El documento, en el que se exponen las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes, especialmente a raíz de la implementación del Plan Frontera Sur en julio del año pasado, destaca que el 20% de los entrevistados refirieron haber sido agredidos por alguna autoridad.
Esto es, dos de cada 10 migrantes que fueron objeto de delito a su paso por México aseguran que fueron violentados por los uniformados que deben protegerlos. El resto, el 54.3%, dijo que fue el crimen organizado el que lo agredió, mientras que el 25.6% refirió que fueron delincuentes comunes.
En el apartado Más allá del discurso gubernamental: delitos cometidos en contra de las personas migrantes, el informe apunta que el principal delito cometido por las autoridades fue el robo, con un 45% de los casos. Le siguen la extorsión (41%), y en menor medida la privación ilegal de la libertad (4%), así como lesiones físicas (4%).
En cuanto a cuáles fueron los uniformados que cometieron más delitos, los datos registrados por la REDODEM indican que la Policía, en sus tres niveles -federal, estatal y local-, fue la dependencia que más agredió a migrantes (en 40% de los casos fue la Policía Federal, 25% la municipal, y 11% la estatal). La policía judicial también participó en delitos a migrantes, aunque en un porcentaje mucho menor (1%).
El delito más común perpetrado por policías fue el robo. Especialmente común fue para la Policía Federal y las policías locales, con el 49% de los casos reportados por los migrantes.
Mientras que en el caso de las extorsiones, los elementos de la Marina y el Ejército, así como del Instituto Nacional de Migración, son quienes más violentaron a migrantes: 100% de los reportes de agresiones de marinos fue por este ilícito; 60% en el caso del Ejército; y un 48% en el caso del INM.
“Estos datos nos permiten confirmar la participación que estas corporaciones policíacas han tenido dentro de los operativos de control migratorio implementados por el INM, pero sobre todo, la violencia e impunidad con la cual están actuando frente a los migrantes, contraviniendo la protección y defensa de los derechos humanos”, resalta el informe Migrantes invisibles, violencia tangible.
Tras la presentación de estas cifras, Rita Robles, del Servicio Jesuita México, advirtió en rueda de prensa que “existen serias limitantes” para que los migrantes en México accedan a la justicia y puedan denunciar estas agresiones. Esto, explicó la activista, debido a la dilación y a los largos procesos de investigación que se presentan en el país, y también al temor de los indocumentados a denunciar ante las autoridades a otras autoridades que abusaron de ellos.
Operativos para “cazar” migrantes aumentaron 133%
Por su parte, Arturo González, coordinador del Servicio Jesuita a Migrantes en México, enfatizó durante la presentación del informe que el Plan Frontera Sur ha incrementado la “vulnerabilidad” de los migrantes, debido a la “abierta persecución y cacería” en contra de ellos.
En este sentido, González explicó que a partir de un monitoreo de más de 30 medios de comunicación, la REDODEM contabilizó entre enero y julio de 2015 hasta 938 operativos de control y verificación migratoria por parte del INM, lo que supone un aumento de 133%respecto al mismo periodo del año anterior.
“Dice el gobierno que busca ordenar los flujos migratorios y garantizar los derechos de los migrantes. Pero la realidad para los que estamos en la frontera con los migrantes, es que estamos ante una cacería humana”, criticó por su parte la hermana Nelly Ríos, de la Casa del Migrante de Palenque, Chiapas.
“A un control total del paso de los migrantes, con persecuciones violentas, lo llaman Osorio Chong y Peña Nieto proteger a los migrantes. Pero se les está obligando a tomar nuevas rutas que ponen en riesgo su vida y su dignidad, se les pone en manos de la delincuencia, y se les deja en lugares estratégicos para que las autoridades no puedan ser sorprendidas cuando los extorsionan”, añadió la activista religiosa.
