De aprobarse la iniciativa de legislación secundaria de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios que presentó el gobierno federal el pasado lunes, se incentivará una “batalla” entre las instituciones financieras por la contratación de crédito, que se reflejará en menores costos financieros.
La propuesta del Ejecutivo federal estable un mecanismo de licitación pública para contratar las mejores condiciones de deuda en financiamientos mayores a 100 millones de Unidades de Inversión (Udis), es decir, cerca de 529 millones de pesos, considerando que el 18 de agosto el valor de la Udi fue de 5.290098 pesos. En montos menores, establece que debe haber al menos cinco propuestas para elegir la mejor opción.
Éstas y otras características se desprenden de la iniciativa, la cual, a decir de Carlos González, investigador del Tecnológico de Monterrey, refleja el interés que se le está dando a este tema, algo que no se había visto.
“La reforma (de disciplina financiera) marca dos sentidos: nos da una señal de que el tema ya es importante y que las reglas actuales no estaban cumpliendo cabalmente con su cometido”.
Y es que, destacó, si bien no había un riesgo sistémico generalizado, sí hay casos que reflejan condiciones no deseables, como en Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo y Zacatecas.
“Algunos estados, como esos, excedieron su capacidad de pago por montos que no son justificables, aunque ello no implica que cayeran en impago”, destacó.
El gobierno federal envío a la Cámara de Diputados la iniciativa de leyes secundarias de la reforma, la cual entró en vigor el pasado 27 de mayo.
Deuda Estatal Garantizada
El gobierno federal podrá garantizar las obligaciones financieras de estados y municipios.
Este mecanismo busca reducir los costos financieros de la deuda.
Se pedirán dos requisitos: El gobierno local debe firmar con convenio con Hacienda y las participaciones se deben afectar a un vehículo específico de pago.
Se establece que en ningún momento, la contratación total de Deuda Estatal Garantizada podrá exceder del 3.5% del PIB nacional del último año.
Cada estado y municipio puede contratar obligaciones financieras bajo este mecanismo hasta por 100% de sus ingresos disponibles. El primer año del convenio con Hacienda se garantizará 25%; el segundo, 50%; el tercero, 75%, y el cuarto, 100 por ciento.
Pasivos de corto plazo
No requieren autorización del Congreso local.
El saldo deberá ser inferior a 6% de los ingresos totales, sin incluir financiamientos.
Debe ser liquidado tres meses antes de acabar la administración.
No contarán con ninguna garantía o fuente de pago.
Deberán ser inscritos al Registro Público Único.
No podrán ser reestructurados.
El gobierno local deberá detallar plazos y costos financieros del empréstito.
Sistema de alertas
Se trata de un sistema preventivo que indicará la situación actual de las administraciones subnacionales.
Considerará tres niveles de endeudamiento: estable, en observación y elevado.
Dependiendo el nivel, se determinará su capacidad de endeudamiento; el estable podrá contratar créditos hasta por 10% de sus ingresos de libre disposición (impuestos y participaciones); en observación será hasta 5%, y el elevado no contará con un techo de financiamiento.
En caso de desastres naturales, no se aplicará ese mecanismo.
Pasivos de largo plazo
La deuda contratada está condicionada a inversiones públicas productivas, refinanciamiento o reestructura.
Se reconocen los esquemas de Asociaciones Público-Privadas, siempre y cuando el componente de pago incluya la inversión productiva realizada.
Se debe contar con la autorización de dos terceras partes de los congresos locales.
Se establecen requisitos diferenciados en la contratación de créditos, dependiendo los montos.
Cuando la entidad y sus entes públicos contraten un crédito mayor o igual a 40 millones de Unidades de Inversión –Udis- (Considerando que el valor de una Udi el 18 de agosto fue de 5.290098 pesos, el monto total sería por 211.6 millones) y el municipio o sus entes públicos uno mayor a 10 millones de Udis (52.9 millones de pesos), con un plazo de pago mayor a un año en ambos casos, deberán solicitar por lo menos a cinco instituciones el financiamiento a contratar.
De ahí se obtendrán por lo menos dos ofertas, que deberán detallar todos los pormenores financieros. Las propuestas serán comparables con la mejor “tasa efectiva” y se seleccionará el menos costoso.
Cuando el crédito excede los 100 millones de Udis (529 millones de pesos), el proceso debe ser bajo una licitación pública.
En el primer semestre de 2015, 11 estados contrataron créditos mayores a 529 millones de pesos. Se trata de Hidalgo, Nuevo León, BC, Sonora, Oaxaca, Tamaulipas, Jalisco, Durango, Zacatecas, Quintana Roo y Coahuila.
La contratación de deuda vía bursátil debe contener el costo de la transacción y el por qué no se recurre a una institución bancaria.
fernando.franco@eleconomista.mx
