Al rendir su tercer informe de actividades, el presidente concejero de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, reconoció que hasta hoy la defensa de los derechos humanos ha sido una válvula de escape para la presión social ante el abuso de poder.
En su presentación advirtió que de agotarse esta vía, de persistir la insistencia de las autoridades para cancelar a la ciudadanía esta opción, quedaría un escenario de confrontación y violencia, por lo que hoy las autoridades están obligadas a comprender la historia y percatarse de que cuando se agotan todas las vías, lo que sigue es la insurrección.
Peimbert Calvo, reconoció que no es posible asumir que se ha avanzado en materia de derechos humanos por contar con una ley de vanguardia mundial que pone en la letra el mayor beneficio a favor de la persona, cuando en los hechos el interés humano es relegado al final de la lista o, simplemente, excluido.
Cuestionó que sea posible asumir esta sociedad como vanguardista en la defensa del pueblo y de sus derechos, cuando todos los días del año mueren en Oaxaca mujeres, hombres, niñas y niños por problemas de salud totalmente prevenibles, y los indicadores de desarrollo humano “son utilizados perversamente para demostrar técnicamente la disminución del hambre y la pobreza”.
Denunció la desmantelación del campo en México, y particularmente en Oaxaca, al señalar que no sólo se decidió dejar de invertir en la tierra y la generación del alimento, sino que desde la función pública, personas que han enarbolado la lucha social y han tenido la oportunidad de impulsar el campo oaxaqueño, “optaron por el subejercicio presupuestal, atentando contra el derecho de toda una población a la alimentación y al desarrollo”.
Peimbert Calvo reflexionó en que en estos tiempos la sociedad nacional discute sobre la educación y tiende a olvidar que el hambre está en las aulas, y que “el fracaso en la política económica, social y agropecuaria en México y en Oaxaca está concatenado a la crisis educativa”.
El ombudsman consideró que la fuerza jamás podrá ser un recurso legítimo de la autoridad para frenar el adelanto de la ciudadanía, por lo cual los gobernantes deben acelerar el paso para alcanzar a la vanguardia social, en vez de detener el avance democrático.
“Sacar a las calles a la fuerza pública es unja señal del fracaso de la política”.
Por lo que recalcó que mientras no se atienda integralmente el capítulo de la educación en México, fracasará cualquier reforma, cualquier decreto, cualquier institución.
Por lo que toca al tema de la migración el titular de la Defensoría apuntó que la situación de las personas migrantes en Oaxaca es una muestra de que México ha fallado en su obligación humanitaria.
“En territorio nuestro se ataca al hombre, a la mujer, niña o niño que migra; se les humilla, roba, viola o asesina, mientras se empoderan cada vez más las mafias del crimen organizado que encuentran protección en algún nivel de gobierno”.
El ombudsman no dejó de recordar a los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada en Iguala, a los miles de migrantes que mueren en su camino por México, la impunidad en asesinatos arteros como los de la defensora como Bety Cariño y el activista Jiry Jakkola.
Al término de la sesión extraordinaria en la cual se emitiera el mensaje del tercer informe de actividades de la DDHPO, las voces de ciudadanos, mujeres y organizaciones sociales se dejaron escuchar y cuestionar el actuar del presidente concejero.
Una de estas voces pidió una auditoria a fondo de la institución, pues a decir de interlocutor los problemas en materia de derechos humanos han quedado en mero discurso político.
“La ineficacia de la institución está comprobada con hechos, el programa estatal y su diagnóstico son una nulidad palpante… la defensa efectiva de los derechos humanos no existe”, puntualizó la voz ciudadana que acaparó el micrófono al término del acto que se desarrolló en la sede de la Defensoría.
