El Juez 23 de Control Procesal del Sistema Penal Acusatorio, Edgar Agustín Rodríguez Beiza, resolvió en tiempo récord el 11 de agosto un caso de homicidio culposo en un accidente de tránsito: durante la audiencia inicial, la cual se prolongó por una hora 28 minutos, se logró un acuerdo reparatorio para la madre de la víctima.
Este juez atiende un asunto por día con el fin de ponderar una salida alterna en cada audiencia.
Excélsior asistió a tres audiencias iniciales en las salas 4, 8 y 25, donde se constató que en cada una se llevaron a cabo protocolos distintos para su realización.
Una no se prolongó por más de siete minutos para volver a citar a las partes. En otra la resolución de pruebas concluyó en 40 minutos, y en la tercera, en poco más de una hora el juez agendó otra audiencia de desahogo de pruebas.
A siete meses de la implementación del Sistema Penal Acusatorio en delitos no graves y de poca cuantía, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, admitió que se han mostrado fortalezas y debilidades de todos los actores en este procedimiento judicial.
“Tanto en ministerios públicos como en jueces y defensores hemos visto algunas debilidades importantes que hemos tratado de corregir y debilidades de todos los actores, de todas las partes en este nuevo cambio paradigmático en la justicia mexicana.
“Tenemos audiencias manejadas muy bien o, tras audiencias manejadas por jueces que no han mostrado seguridad, carpetas de investigación muy mal estudiadas por los ministerios públicos y otras muy bien estudiadas. Todos los yerros que vimos al principio en todas las partes integrantes de este proceso, a cambio, han ido corrigiendose con mucha fortaleza sus temas”, dijo en entrevista.
Rodríguez Beiza coincidió en que hay deficiencias que ha detectado durante las audiencias y, principalmente, son falta de preparación de los ministerios públicos y defensores de los imputados.
Consideró que el sistema procesal acusatorio no ha sido utilizado en demasía con el fin de perfeccionarlo día a día, y justificó que la institución ministerial está ponderando muy bien las posibilidades de éxito que tiene en cada carpeta.
“El curso que ha seguido el proceso y el tiempo que ha llevado, con el desgaste de las partes y también la erogación de recursos públicos, es sumamente menor comparándolo con el sistema tradicional que imperaba en el Distrito Federal hasta antes de la implementación de la reforma de este sistema”, indicó.
En las audiencias en las que este rotativo estuvo presente, dos fueron por robo a cadenas departamentales y la tercera por violencia intrafamiliar. En dos estuvieron presentes tanto el imputado y su defensa como el Ministerio Público y un asesor legal de la parte afectada. Otra fue diferida porque no estaba presente el imputado; fue la que sólo duró siete minutos.
Al iniciar cada audiencia todos los asistentes se ponen de pie para recibir al juez, quien por protocolo hace el anuncio del caso y también pregunta a los presentes si hay medios de comunicación para alertarles que no deben hacerse grabaciones y, a su vez, deberán de reservarse los nombres de las partes involucradas.
A pesar de que las audiencias son públicas y se pondera su publicidad en el Código Nacional de Procedimientos Penales se establece que no pueden grabarse, ni tomar fotografías o video y sólo recabar apuntes.
El sistema de vigilancia en las salas es riguroso al formar a las personas para ingresar a las audiencias, en la cuales se deberá permanecer de principio a fin, ya que después de salir no se podrá volver a ingresar.
También fue observado que varias veces al día debe cerrarse la puerta principal y también custodiar al público en un salón privado, para permitir entrada y salida de los internos que acuden a las salas.
Los juicios orales en delitos culposos comenzaron a implementarse el 16 de enero de este año y al mes de julio se habían celebrado 786 audiencias e iniciado un total de 511 carpetas de investigación.
De las 786 audiencias, 334 han sido iniciales y de ampliación; 88 han sido de incompetencia; 58, de solicitud de suspensión condicional del proceso; 39, de medidas cautelares e igual número para medidas de protección.
Las 511 carpetas se encuentran digitalizadas. El promedio de duración de cada audiencia inicial es de una hora con 20 minutos.
La aplicación de este nuevo modelo judicial la llevan a cabo 38 jueces de Control y dos jueces de Ejecución, para ello, hay 30 salas de audiencia y cuatro Unidades de Gestión Judicial que dan soporte para la celebración de las audiencias.
Rodríguez Beiza reconoció que el mayor reto que ha enfrentado para la aplicación del sistema oral en la justicia es ideológico, para generar una mayor apertura y acceder a mecanismos alternos que forman parte de los derechos que ahora consagra la ley en favor de las partes involucradas en un asunto penal.
“Creo que la defensa, los asesores jurídicos, requieren también mayor énfasis en su capacitación para poder proponer con la posibilidad de que prosperen estas vías y, en nuestro caso, como juzgadores el tema es que estamos en la apertura para aceptar, cuando la ley lo permite, prosperar y llegar a evitar el juicio, no obstante, dándole solución al conflicto social que implica la comisión de un delito sólo en derechos no graves”, explicó.
Interrogado sobre si continúa la curva de aprendizaje en este nuevo sistema penal, el presidente del TSJDF sostuvo que un juzgador nunca deja de aprender y capacitarse.
“Si tú me dices: ¿la capacitación va a terminar? Nunca, porque además viene el tema de las apelaciones. Los magistrados están viendo las audiencias que se ventilan; algunos magistrados ya llevaron audiencias en apelación, en fin, creo que va caminando bien el problema, satisfactoriamente”, sostuvo.
Adelantó que se buscan atender delitos graves en el sistema oral, por lo que en breve saldrá publicada la reforma en esta materia. Así, a partir de enero se estarán abordando estos casos, aunque se tiene hasta junio de 2016 para concluir la aplicación del Sistema Penal Acusatorio.
“Lo que queremos es que de los delitos de alto impacto, que ésa es la intención del Jefe de Gobierno, podamos ya entrar para enero. La idea de él es muy buena, ¿por qué razón?, ¿por qué esperar hasta junio? Vamos a entrarle con algunos en enero, vamos a ampliar el catálogo de delitos, pero ya de alto impacto”.
