La Comisión de la Verdad para investigar las posibles violaciones a los derechos humanos y delitos cometidos durante el conflicto social del 2006 y sus remanentes del 2007, se terminó de constituir septiembre del 2014, como resultado de un decreto del Congreso del Estado de Oaxaca.
Según María Eugenia Mata García, secretaria ejecutiva de la Comisión, fue el gobernador Gabino Cué Monteagudo el que nombró a los tres comisionados que hoy la presiden (Alejandro Solalinde, Diego Osorno y Marina Rodríguez), los cuales a su vez la nombraron a ella como su coordinadora operativa.
Mata afirma, en la segunda parte de esta entrevista, que “la principal labor de la Comisión es investigar que pasó, porque fue que pasó y quienes estuvieron involucrados”.
“Que tipos de violaciones a derechos humanos se cometieron y que recomendaciones se harán al respecto”.
Mata habla de que la idea principal del propósito de la Comisión versa sobre “una justicia transicional, con el derecho del pueblo a conocer la verdad de lo que sucedió”.
“Acceso a la justicia en casos donde todavía existe la impunidad, y la reparación del daño y garantías de no repetición “.
Maru Mata señala que no existió ni en el 2006 ni el 2007, una investigación ni suficiente ni clara para saber qué fue lo que pasó, ni se garantizó que está investigación pudiera contar con la mayor objetividad posible.
La coordinadora comenta que el trabajo de la Comisión tiene como “fuentes importantes” el informe que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Suprema Corte de Justicia emitieron sobre el Oaxaca del 2006 y 2007.
Los cuales en esencia eximieron de culpa al entonces gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, el mismo al que hoy, el comisionado presidente Alejandro Solalinde señala como el principal responsable a ser citado a declarar por la comisión que él preside.
Mata comenta que la Comisión podría extenderse por ley, mediante un acuerdo previo con el Congreso , otros seis meses en su labor para presentar un informe en febrero del 2015, pero que los comisionados y ella están de acuerdo en que esto no sucederá.
“Hemos considerado que no queremos alargarlo más, queremos terminarlo en tiempo y forma, en el lapso que nos hemos propuesto”.
“En febrero se entrega el informe. Sabemos que en algunos medios se ha dicho que esta es una comisión a modo y se está haciendo un informe para posicionar a algún candidato en el proceso electoral. Queremos evitar eso”.
Llega el tema del informe de actividades socializado hace unos días, sin una conferencia de prensa para presentarlo ante los medios de comunicación, con un presupuesto demasiado generalizado, sin especificaciones y con datos que no se explicaban en su totalidad.
La responsable de la secretaría ejecutiva de la Comisión de la Verdad responde que por ley, este organismo nunca estuvo obligado a entregar un informe de actividades de media gestión, pero que este fue hecho en función de una búsqueda de transparencia.
“Los comisionados consideraron que no era necesario presentar el informe (en una conferencia de prensa), pues no había obligación para tener que entregar un informe intermedio”.
Se le cuestiona específicamente en lo relativo a los gastos de seguridad, Mata responde que el presupuesto en ese aspecto se ha gastado en los pagos a una compañía de seguridad privada que resguarda las instalaciones de la Comisión.
Mata habla sobre que se tiene que seguir un proceso administrativo complejo para poder tener acceso a los recursos públicos, donde el gobierno estatal exige que primero se presenten las facturas y ya después se den los pagos.
Esto causo que al local en el que hoy se encuentra la Comisión, pudiera ser ocupado hasta noviembre del 2014, manteniéndose todo el mes de septiembre trabajando en casas y oficinas prestadas.
Respecto a si existe seguridad especializada para cada uno de los tres comisionados, Mata asegura que solo el cura y activista Alejandro Solalinde tiene seguridad privada de planta, esto por las medidas cautelares que le fueron dictadas y que ya tienen un carácter federal.
Por otra parte, la seguridad adjudicada a otros dos comisionados y a la propia Mata, tiene casi un mes de haber sido retirada.
“Nos quitaron a las escoltas por algo que nos dijeron tenía que ver con su profesionalización. Aun así nosotros no pagábamos ni un quinto, era un acuerdo con el Procurador del Estado”.
Sobre el incremento de más de dos millones de pesos en gastos de un periodo de actividades a otro, la entrevistada puntualiza que, este se debió al aumento de meses comprendidos entre uno y otro.
“Y porque se han estado llevando a cabo cuestiones como la sesión pública celebrada en el Teatro Alcalá, las reuniones con víctimas y organismos civiles, algunos talleres y asesorías especializadas”.
Mata aclara que habrá una auditoria final de la Comisión de la Verdad, en la cual se entregarán cuentas con claridad en lo que se gastó y como se gastó .
Sobre si existe ya una confrontación pública del comisionado Solalinde con Ulises Ruiz Ortiz, uno de los principales y posibles señalados en su responsabilidad por la verdad que arroje el informe de la Comisión, Mata se limita a señalar que efectivamente debe existir gente que no quiere ser expuesta
Comenta que en la sesión pública se retomaron testimonios de un empresario arruinado y de una granadera golpeada, quemada y dada por muerta por los maestros durante el fallido desalojo del que el gobierno ulisista los hizo objeto durante su acostumbrado plantón anual del 2006.
Cuestión que llevó a que “hubiera gente que dijo que le estábamos dando voz a la gente del gobierno. Pero eso es parte de nuestra obligación de investigar, salga como salga”.
“En término de la balanza de las violaciones a los derechos humanos, la gran mayoría se la llevó el pueblo organizado”.
Se le pregunta a Mata si se refiere en específico a la gente que formó parte de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO).
“Si, a la APPO y gente de comunidades que se organizaron. Hay que trascender a la APPO, la reacción de pueblo fue mucho más amplia, aunque no se moviera dentro de la representación de la Asamblea”.
Maru recuerda particularmente el caso de aquellos que fueron trasladados injustamente a un penal de Nayarit, y a una víctima que todavía conserva las huellas de un balazo en su pierna
“No se dejarán de señalar las afectaciones para el lado gubernamental o empresarial. Nada más que no es lo mismo quien dejó de ganar dinero, que quien le asesinaron al marido. No puede colocarse en el mismo plano”.
“Hubo entonces un impacto psicosocial de la militarización que se llevó a cabo en Oaxaca , que hoy se está reviviendo”.
Respecto al recordado caso del joven motociclista degollado en la colonia Volcanes en el 2006, al que la alambrada de la barricada de un vecino le rebano el pescuezo a unas cuadras de su casa.
Con la gente de la APPO aduciendo después que se trataba de un infiltrado, bandolero y delincuente que se merecía el tajo en la garganta.
Mata acepta que esa “esa una parte de la historia que no se puede negar”.
Y a su vez recuerda su propia experiencia, “estaba en Finanzas , y pasaron fuerzas del estado echando bala, haciendo blanco en la pierna de una maestra”.
“En el noticiero de la noche, el corresponsal de Televisa dijo que fueron los maestros los que sacaron las pistolas”.
Para Mata lo que trascenderá de la Comisión de la Verdad será el cómo sea capaz de dilucidar qué fue lo que pasó.
“No es un asunto de quien tiene la verdad, sino dar cuenta de cómo se dieron exactamente los hechos”.
“De la gente que nos ha dado su testimonio, todos han firmado su consentimiento libre e informado”.
Mata reitera que los posibles funcionarios citados por la Comisión pertenecientes al sexenio ulisista están en la libertad de no acudir, y subraya que por otra parte según el decreto con el que se originó la Comisión, en términos de información el gobierno estatal de Gabino Cué, tiene la obligación de coadyuvar.
“Hemos enviado cualquier cantidad de oficios a dependencias federales y estatales, sobre asuntos específicos para conocer y solicitar información”
“Hay quien nos dice que no tienen nada del 2006 o 2007 , y nos mandan un recorte de periódico”.
La coordinadora operativa asegura que el trecho que falta para febrero del 2015, todavía es muy largo. Finalmente Mata comenta que desea referirse a una cuestión de aclaración personal.
“Fui consejera federal del IFE del 2000 al 2009, esa es la verdad, pero algunos medios han dicho que yo trabaje en el Instituto Electoral local (IEEPCO) durante varios sexenios. Eso nunca pasó, yo nunca trabaje en el IEEPCO”.
