“Si no fueron quemados ¿entonces dónde están?” Se pregunta la defensora de derechos humanos, Atziri Ávila respecto al primer informe de avances de la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El cual, después de meses de indagaciones llevadas a cabo por expertos internacionales, arroja que la incineración de 43 jóvenes normalistas (cuya desaparición forzada está a punto de cumplir un año) en un basurero de Cocula, Guerrero fue materialmente imposible de ser llevada a cabo.
¿Qué hacer entonces cuando queda claro que la verdad histórica, pregonada por el exprocurador de justicia, Jesús Murillo Karam, es en realidad una mentira histórica?
“Se tiene que iniciar ya una averiguación penal contra Murillo Karam y todos los funcionarios que estuvieron involucrados en este ejercicio de encubrimiento”.
Resume Yesica Sánchez Maya, integrante de la mesa directiva de Consorcio para el Diálogo y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca), y va más allá.
“Estamos constatando con este informe la existencia de un Gobierno Federal, que pretende burlarse de la sociedad mediante una simulación”.
Para Maya, de las situaciones más graves patentizadas por el reporte de la Comisión es la teoría del quinto autobús, la cual marca que los normalistas pudieron ser asesinados realmente por haber tomado por casualidad un autobús de pasajeros ocupado para traficar drogas.
Cuestión que la defensora de derechos humanos ve como causal para comenzar a pensar que la Procuraduría, más allá de querer ocultar una verdad que al gobierno le resulta molesta, trató en realidad de encubrir un operativo de fuerzas del estado destinado a garantizar una transacción de drogas.
“Está claro que el gobierno no realizó la investigación exhaustiva que presumió. Y que su verdad histórica era una verdad que tenía como propósito el hacernos creer solo lo que a ellos les convenía”
Comenta por su parte Marco Leyva, director y fundador de EDUCA, Oaxaca, quien considera como “muy preocupante” que este tipo de gazapos vengan a darse en un país con más de seis mil desaparecidos por los tentáculos del crimen organizado.
“Queda de manifiesto que hay una resistencia del Estado por transformar realmente sus aparatos de justicia”.
Leyva, mira como terrible que cuestiones como una investigación simulada solo abonen más a que los mecanismos de justicia en este país se mantengan como fábricas de impunidad.
El activista considera que, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deja abiertas muchas preguntas, que resulta urgente que el gobierno federal pueda responderlas ya a la sociedad.
Por su parte, Sánchez Maya opina que se deben ya empezar a promover juicios en materia de crímenes de lesa humanidad en organismos internacionales, como el Comité Pena Internacional, contra el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y toda la cadena de mando que le sigue en el caso Ayotzinapa, incluido por supuesto el exprocurador Jesús Murillo Karam.
“No hay que perder de vista que esta negligencia del gobierno federal redundó en que no se encontrara a los 43 normalistas y no se resolvieran tampoco las seis ejecuciones extrajudiciales que se llevaron a cabo durante su desaparición”.
Maya, considera que la promoción de juicios contra autoridades y funcionarios mexicanos le corresponde para ser llevada a cabo por los familiares de los 43 normalistas y las organizaciones sociales que los respaldan.
“El de Ayotzinapa es ya un caso emblemático que nos afecta a todos, pues ejemplifica el nivel corrupción que se ha instalado ya en todas las instancias de procuración de justicia del Estado”.
Declara Atziri Ávila, integrante del Programa de Construcción de Movimientos e Incidencia Pública de Consorcio Oaxaca, y reflexiona sobre que hoy más que nunca las voces que piden claridad y justica sobre el paradero de los 43 normalistas no pueden ser acalladas, y que todas las autoridades coludidas en sus desaparición deben ser investigadas.
Ávila considera que, no hubo la asignación de los expertos necesarios en la investigación de los 43 normalistas, razón por la que muchas evidencias se perdieron.
La activista afirma que hoy más que nunca queda el refrendar la solidaridad con las madres y padres de los 43 chicos desaparecidos por fuerzas del estado, y gravitar y cooperar para que los diez puntos de compromiso que el presidente Pela Nieto firmó con ellos durante su último encuentro realmente se lleven a cabo.
Además de que el plazo del convenio entre el Estado Mexicano, las familias de los normalistas victimados, las organizaciones que los apoyan y la CIDH, que permitieron las investigaciones de esta ultima sobre el caso, se amplié no solamente a los dos meses en un principio contemplados sino de una manera indefinida.
Leyva recuerda que a la certeza de que los 43 jóvenes no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula, ya había llegado hace unos meses un grupo de investigadores y expertos de la UNAM .
“Cada vez hay más elementos de preocupación. Un malestar, un enojo de la ciudadanía por ver en lo que sus autoridades se están convirtiendo”.
Leyva observa que, este tipo de situaciones no hacen más que asumir cada vez ante la opinión pública al aparato de justicia de este país como un ente lleno de culpas y omisiones.
Sánchez Maya va más allá y reafirma que este informe de la CIDH viene a poner de manifiesto que existió un clara complicidad entre la Procuraduría General de la República, policías, y el Ejército Mexicano, por acción y omisión en el caso Ayotzinapa.
“Este informe viene a cumplir con la expectativa que teníamos”.
Tanto Leyva como Sánchez Maya, afirman que la organizaciones sociales a las que pertenecen, EDUCA y Consorcio, respectivamente, respaldarán hasta donde les sea posible las acciones que decidan emprender los familiares de los 43 normalistas desaparecidos.
Para Yesica Sánchez Maya, el papel de la presidencia de la República en esta nueva puesta en evidencia de su ineficiencia es muy claro.
“El costo político que tiene que asumir Enrique Peña Nieto es renunciar”
