El informe con la investigación alternativa que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el Caso Ayotzinapa –43 desapariciones forzadas, seis asesinatos y más de 20 heridos– fue entregado ayer a mediodía a los tres subsecretarios que firmaron en Washington el convenio con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la formación de este mecanismo.
Ante la mirada severa de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, los muertos y los heridos del 26 de septiembre en Iguala, los subsecretarios de Gobernación Roberto Campa y de Asuntos Multilaterales de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, y el subprocurador Eber Betanzos subieron al estrado a recibir sus copias del Informe Ayotzinapa: un tomo negro que luce en la portada el diseño de una tortuga verde, símbolo de la Escuela Normal Rural; más de 500 hojas en las que se narran los hechos y la causa posible de una agresión que fue masiva, en ascenso, desproporcionada y sin sentido.
En el Informe Ayotzinapa, no se determina el posible paradero de los 43 jóvenes. Es por ello, expresaron los cinco expertos que integran el GIEI, que es necesario replantear la investigación y reorientar la búsqueda. Carlos Beristáin, por su parte, dijo: La nuestra es una propuesta; pretendemos que nuestro informe sea un mensaje de transformación.
Los cinco expertos –Claudia Paz y Paz, de Guatemala; Ángela Buitrago y Alejandro Valencia, de Colombia; Francisco Cox, de Chile, y Carlos Beristáin, de España– tomaron la palabra por turnos. En la presentación cada uno expuso diversas inconsistencias, falencias, omisiones y ocultamiento de evidencias en la mayor parte de las actuaciones de las policías y las procuradurías involucradas en la averiguación del caso.
Demostraron que en los expedientes se prescindió de consignar hechos y elementos probatorios y se insistió en la necesidad de abrir una línea de investigación sobre el trasiego de drogas que se realiza desde Iguala en autobuses modificados y cargados, en posible colusión con las policías de los niveles municipal, estatal y federal. Como hipótesis del móvil señalaron el intento de las corporaciones que atacaron a la comitiva de estudiantes de impedir a toda costa que los autobuses tomados salieran de la ciudad.
Demostraron que en distintos momentos del operativo estuvieron presentes soldados y agentes de inteligencia militar.
Con nuevos peritajes que allegaron los investigadores internacionales se descartó la pieza central de lo que el ex procurador Jesús Murillo Karam había defendido como verdad histórica: que no había quedado ni rastro de los 43 desaparecidos ni posibilidad de encontrar sus restos, porque habrían sido ejecutados y después incinerados en una enorme pira humana encendida por sicarios deGuerreros Unidos en el basurero de Cocula. Tenemos la convicción de que no fueron incinerados en ese basurero, expresó Francisco Cox, uno de los expertos.
La verdad huye con el tiempo que pasa
Ángela Buitrago, integrante del grupo y ex fiscal colombiana, reconoció que la formación de este mecanismo, que no tiene precedente en el sistema interamericano, fue producto del diálogo. “Y la verdad –añadió– sólo se consigue a través del diálogo, no de la confrontación. Pero también es cierto que la verdad huye con el tiempo que pasa”.
El documento, de más de 500 cuartillas que resumen seis meses de estudio, indagatorias y diversos peritajes independientes, contiene –aseguraron– evidencias nuevas que cambian la perspectiva del expediente oficial. Propone nuevas hipótesis tanto sobre el móvil de esta agresión de gran magnitud como para determinar el paradero de los 43 desaparecidos y señalar responsabilidades de los perpetradores.
Los especialistas en distintas disciplinas describieron los nueve escenarios en los que se desarrollaron las sucesivas agresiones, que fueron en ascenso: desde disparos contra un autobús a su salida de la terminal hasta el secuestro de 43 y el asesinato con brutales torturas de Julio César Mondragón, en un lapso de tres horas. En distintos momentos y diferentes roles participaron en la agresión como perpetradores u observadores policías municipales de Iguala y Cocula, policías ministeriales, policías federales, soldados del 27 batallón de infantería, policía militar y militares de servicios de inteligencia.
El informe del GIEI descarta las versiones contenidas en los expedientes oficiales de que los estudiantes fueran confundidos con una banda de narcotraficantes rival de la que controla la plaza de Iguala, Los Rojos, ya que todas las corporaciones tuvieron datos precisos de que eran normalistas de Ayotzinapa, a qué hora y cómo llegaron y qué hicieron en todo momento.
Todo ello a través de distintas diligencias y de las tarjetas informativas y comunicaciones del C-4, el sistema de coordinación estatal al que tienen acceso simultáneo las fuerzas de seguridad de todos los niveles y el Ejército. Hay dos lapsos de comunicaciones a las que el GIEI no ha tenido acceso: el tiempo posterior al primer ataque y durante el segundo ataque. Se les ha informado que esas comunicaciones están intervenidas por la Sedena. También se les ha informado que tres grabaciones de cámaras de seguridad del sistema, en las carreteras, han sido destruidas.
Por estas y otras razones explicadas en el informe el GIEI ha insistido en la necesidad de que se le brinde acceso a entrevistar a los militares del 27 Batallón. Hacia finales de agosto la respuesta a nuestra petición seguía siendo negativa, indicaron.
La incineración, imposible
En sus conclusiones, el GIEI descartó tajantemente la versión de cinco de los perpetradores encarcelados de que los 43 muchachos fueron incinerados en una hoguera hasta quedar totalmente calcinados. Se trata de una conclusión a la que se llegó gracias al peritaje llamado de dinámica de fuego, realizado por el experto peruano en ciencias del fuego José Torero, quien acudió al basurero de Cocula el 12 de julio de 2015. Francisco Cox, chileno, aseguró: Ese evento, tal como ha sido descrito, no pasó.
Torero, el perito peruano, concluyó que esa acción es científicamente imposible. Su dictamen partió de que la intemperie es el ambiente más ineficiente para cremar un cuerpo, ya que 30 por ciento del calor de la hoguera se irradia hacia los lados, el resto sube al aire y sólo uno por ciento se dirige al consumo del objeto a quemar. Según su cálculo, para quemar un cuerpo se requerirían 700 kilos de madera o 310 kilos de neumáticos a lo largo de 12 horas. Incinerar 43 cuerpos requeriría 30 mil 100 kilos de madera o 13 mil 300 llantas durante 60 horas. Según las versiones obtenidas por la PGR, el fuego en Cocula duró seis horas.
Otro cálculo de Torero demostró que se necesita un espacio de 12 por 2.5 metros para incinerar 43 cuerpos y produciría una llama de al menos siete metros, con un penacho de humo de más de 300 metros. Los habitantes de Cocula habrían visto una columna de humo de 280 metros.
En su análisis el investigador de la Universidad de Queensland, Australia, señala que la radiación de la hoguera hubiera alcanzado 15 metros de distancia del núcleo de la fuente de calor. Una persona no hubiera podido acercarse a menos de esos 15 metros. Los presuntos implicados dijeron que después de seis horas bajaron a echar más combustible.
Finalmente, al analizar la vegetación y la cantidad de basura circundante y la ubicación de la posible hoguera respecto dentro de la hondonada del basurero, dictaminó que, de haber existido, la pira hubiera generado un incendio forestal.
