Enrique Peña Nieto no está dispuesto a soportar ninguna tormenta política más por la tragedia de Iguala. Bajo esta premisa, el presidente mexicano ha dado instrucciones de apaciguar todos los frentes abiertos e incluso celebrar una reunión el 24 de septiembre con los padres de los desaparecidos. El encuentro, una prueba de fuego después del estrepitoso fracaso de la mantenida en octubre pasado, se celebrará dos días antes del aniversario de la matanza, el 26 de septiembre, y a ella asistirá el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuyo informe ha abierto una nueva crisis en uno de los casos más negros de la historia de México.
Esta unidad externa, invitada por el Ejecutivo de Peña Nieto para evaluar los resultados de las pesquisas, ha desatado una fuerte polémica al desacreditar la versión oficial. En sus conclusiones, basadas mayoritariamente en el análisis del propio sumario, los expertos propusieron la hipótesis de que el salvaje ataque contra los normalistas se debió a que uno de los autobuses tomados por los estudiantes transportaba heroína del cártel de Guerreros Unidos, dominante en la zona. Un punto que podría encajar con la reconstrucción policial, pero al que la comisión añadió una bomba de relojería: el informe de un perito internacional, el peruano José Torero, que negaba taxativamente que en el basurero de Cocula, a tenor de las evidencias recogidas, se hubiese incinerado a los normalistas, tal y como sostenía la procuraduría. El especialista que recorrió el vertedero nueves meses después de las desapariciones, iba incluso más allá y, en un tono apodíctico, defendía que en el lugar, una oculta hondonada usada como vertedero, no había pruebas de que se hubiese quemado ni un solo cuerpo.
Esta explosiva afirmación no sólo ponía en duda el lugar de la supuesta cremación, sino que contradecía palmariamente las confesiones de los sicarios detenidos y, como en un árbol contaminado, echaba por tierra toda la reconstrucción oficial, elaborada a partir de 487 informes periciales, 386 declaraciones, 114 detenidos, 95 líneas telefónicas intervenidas y un sinfin de registros.
Tomada como bandera por los padres de los 43 desaparecidos, la conclusión del perito ha sido recibida como una afrenta en la Procuraduría General de la República. Los investigadores federales consultados por este periódico consideran que el comité externo se ha precipitado al no pedir otras opiniones y que ha dado vuelo a un tipo de cálculo efectuado tras una brevísima visita al basurero y sin tener en cuenta que había sido sometido a limpieza. En esta línea, señalan que la versión del experto, que sostiene que para incinerar un cuerpo humano se requieren entre 600 y 800 kilos de madera, es rechazada por otros científicos de más prestigio, para quienes la quema de una pila de cadáveres se puede completar sin grandes cantidades de combustible externo.
Estas discrepancias no han tomado cuerpo en una respuesta oficial debido a la orden política de evitar cualquier choque en este trágico caso. Por el contrario, la procuradora general, Arely Gómez, cuyo mandato se inició con posterioridad a la investigación, ha asumido la “necesidad absoluta” de un nuevo peritaje y ha mantenido la confianza en el grupo de expertos.
En este clima de entendimiento, los integrantes del comité Carlos Beristain y Francisco Cox se reunieron el viernes con Gómez y el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Omar Betanzos. Durante el encuentro, lleno de buenas palabras, se acordó que el grupo de expertos pudiese participar en un nuevo peritaje del basurero, y que, para ello, estuviese presente su especialista, José Torero. “Esta crisis tiene que ser saludable y transformadora”, señaló Beristain.
