México es el país más generoso en América Latina en el subsidio a sus partidos políticos y el quinto en un grupo de 25 economías, incluidas varias avanzadas.
El estudio El costo de la democracia: apuntes sobre el financiamiento político en América Latina, presentado este mes en México, señala que nuestro país asignaba tres dólares por votante, ubicándose por debajo de Austria (16.5 dólares), Francia, Suecia e Israel.
Sin embargo, otro informe de las Fundaciones Internacionales Electorales para Sistemas, con cifras más recientes y centrado más en América Latina, señala que México gasta 17.24 dólares por votante, 18 veces arriba del promedio de la región.
Daniel Zovatto, coautor de la primera investigación mencionada y director para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, por sus siglas en inglés), explica a La Jornada que si bien esas cifras se basan en estudios pasados (que llegan hasta 2006) “México es por mucho el país que más cantidad de recursos destina al financiamiento público.
Hay que sumar en el caso de México no sólo el financiamiento público a las campañas, sino también el que se le da a los partidos políticos para su funcionamiento en años no electorales, más lo que representa el acceso gratuito a los medios de comunicación, añade.
Beneficios extra
La generosidad de los mexicanos hacia los partidos, además de los beneficios mencionados, incluye exenciones de impuestos, pago de franquicias postales y recursos para las fracciones parlamentarias, según el estudio de Zovatto y Kevin Casas-Zamora, presentado a principios de septiembre en la conferencia global Dinero en la política, organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), el tribunal electoral e IDEA.
En una coyuntura de marcada austeridad presupuestal, el tema resurge porque el INE pidió un presupuesto de 15 mil 400 millones de pesos, de los cuales 3 mil 31 millones de pesos son para los partidos políticos.
De los tres tipos de subsidios que componen el financiamiento estatal para la política, México otorga todos. Los primeros son directos: fondos públicos desembolsados a los partidos y candidatos mediante un procedimiento legal.
También asigna subsidios indirectos (en especie, como acceso a los medios de comunicación de propiedad estatal), o específicos (fondos proporcionados a organizaciones vinculadas a los partidos o controladas por ellos, entre ellas las fracciones legislativas o sus institutos de investigación).
“En América Latina, los montos de los subsidios van desde los más generosos –México es el caso más notorio– hasta los más mezquinos, como los que una vez se dieron en Guatemala, y que sin lugar a dudas son incapaces de marcar una diferencia en el proceso político”, refiere el estudio fechado en julio de 2015.
Subsidio anticipado
Otra ventaja de los partidos políticos mexicanos es que pueden acceder a los subsidios antes de las campañas políticas. En algunos países como Australia o Nicaragua se les rembolsan sus gastos después de las elecciones.
El documento indica que en América Latina los subsidios indirectos tienden a no ser muy útiles para los actores políticos y menciona que el acceso a los medios de comunicación de propiedad estatal, en especial a la televisión, tiende a ser irrelevante, debido a la pequeña audiencia que estas emisoras tienen generalmente en toda la región.
A diferencia de otros países, en México el beneficio económico para los partidos políticos es evidente, porque difunden su propaganda gratuitamente en espacios de radio y televisión del ámbito comercial, no sólo en medios del Estado.
Concluyen que no obstante su adopción generalizada, los subsidios estatales siguen siendo un tema de debate, porque sus efectos no se pueden generalizar fácilmente.
Los defensores del financiamiento estatal destacan que reducen la dependencia de los grandes donadores privados o de poderes como el narcotráfico, generan igualdad de condiciones en la competencia electoral e impulsan la institucionalización de las organizaciones partidarias.
Por el contrario, los detractores han afirmado que el financiamiento estatal es ineficaz como herramienta para apartar a los actores políticos de la compra de influencias, tiende a favorecer a los partidos establecidos y contribuye a la dependencia financiera de éstos respecto del Estado.
