Aunque el Poder Judicial es el más caro, el más numeroso y el que goza de los mayores privilegios y prestaciones, es hoy el de mayor rezago y tiene más de 1 millón 300 mil asuntos pendientes de resolver.
Y de no acelerar sus trabajos, para el 2018 se estima que los expedientes en la mesa de espera del Consejo de la Judicatura Federal se incrementarán a 1 millón 584 mil 598, advierte un diagnóstico contenido en la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2016.
La “carga de trabajo” se ha incrementado al pasar de 426 mil 012 asuntos en 1995 a 1 millón 323 mil 572 asuntos a julio de 2015, como resultado, entre otros aspectos, “de las diversas reformas constitucionales que han permitido un mayor acercamiento de los ciudadanos con los órganos jurisdiccionales”.
Con una plantilla de 39 mil 778 servidores públicos –de los cuales 92 por ciento tiene “funciones sustantivas de naturaleza jurídica” y 8 por ciento corresponde a “personal de apoyo administrativo”–, este Poder de la Unión fue nuevamente privilegiado en el reparto de recursos.
Ministros, magistrados y todos en el ámbito judicial prevén ejercer 68 mil 116 millones 300 mil pesos, de cuyo monto el 88.6 por ciento –60 mil 372 millones 115 mil 835 pesos– se concentra, precisamente, en el Consejo de la Judicatura Federal, que carga con el mayor rezago.
Y aunque para hacer frente a los pendientes se requiere de inversión, resulta que 43 mil 900 millones de pesos se destinan para “servicios personales” –sueldos, prestaciones y su respectiva carga social y fiscal–, y apenas 3 mil 200 millones para su operación.
La Suprema Corte dispone de una partida de 5 mil 087 millones de pesos, de los que para “Servicios personales” contempla para 2016 3 mil 574 millones 400 mil pesos.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con una bolsa de 2 mil 656 millones 700 mil pesos.
La gigantesca estructura burocrática judicial abarca 811 órganos jurisdiccionales, integrados con 847 magistrados de circuito y 434 jueces de distrito, que reciben más de un millón de asuntos al año en las distintas materias de derecho.
Además, 830 defensores públicos y 161 asesores jurídicos, que brindan sus servicios en 138 localidades del país; entre éstos se cuentan los especializados en atender a la población indígena en 21 lenguas; 14 centros de justicia penal que integran 28 salas, conforme al nuevo sistema de impartición de justicia; y 47 centros de formación y capacitación especializada.
Sin embargo, no son suficientes para “cumplir con la misión y visión de brindar un servicio de impartición de justicia de calidad en beneficio de la población”.
