Durante la sesión pública del Consejo Ciudadano de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, este 29 de septiembre, el titular del organismo, Arturo Peimbert Calvo, demandó al gobierno del estado garantizar la seguridad física y psicológica del dirigente de Ucidebacc, Librado Baños Rodríguez, quien el sábado 26 habría sido amenazado por un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
El ombudsman expresó su preocupación por los hechos que denunció el propio Librado Baños, pues podrían constituir una represalia justamente por denuncias previas de violaciones a derechos humanos del líder de la Unión Cívica Democrática de Barrios y Colonias (Ucidebacc), organización con sede en Pinotepa Nacional.
Peimbert Calvo explicó que la amenaza de agresión física denunciada habría ocurrido justo unos días después de que una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se entrevistó con Librado Baños, quien está en situación de reclusión en el Centro de Reintegración Social de Santa María Ixcotel desde 2013.
En entrevista posterior a la sesión pública del Consejo Ciudadano de la Defensoría, el titular de este organismo calificó como urgente que el gobierno del estado tome medidas contundentes para garantizar la seguridad física y psicológica de Librado Baños y de su familia, pues de manera reiterada la Defensoría ha señalado la necesidad de protegerlo y también en forma reiterada el interno ha sido agraviado de nuevo.
El ombudsman también consideró como sumamente preocupantes las manifestaciones del propio Librado Baños y de su defensora, Eva Lucero Rivero Ortiz, en el sentido de que el hostigamiento hacia ellos se hizo evidente a partir de que gestionaron medidas cautelares para asegurar la atención médica al interior del reclusorio.
“Esto es muy grave y el gobierno debe asegurarse de que no suceda, pues interpela al sentido mismo de los procesos de cautela gubernamental a favor de defensoras y defensores de derechos humanos”, expuso el defensor del Pueblo, al recordar que en el mismo contexto la defensora Rivero Ortiz recibió amenazas telefónicas.
En ese sentido, Peimbert Calvo informó que, como medida cautelar, solicitó de manera urgente al secretario de Seguridad Pública iniciar procedimientos de investigación para determinar la posible responsabilidad de funcionarios públicos sobre las amenazas recientes, y los hechos anteriores.
Asimismo, pidió establecer medidas especiales para garantizar la integridad física y psicológica de Librado Baños y su familia, que estaría en riesgo tras las amenazas creíbles del funcionario de SSP, con el fin de evitar la consumación de daños de difícil o imposible reparación.
“El gobierno del estado debe dar señales claras; necesitamos acciones enérgicas que muestren su disposición para proteger la seguridad y la vida de defensores y defensoras de derechos humanos”, expresó el ombudsman estatal.
Agregó que a petición del defensor cautelado, también se dará vista de esos hechos al Ministerio Público para que investigue los delitos que se configuren, y se enviará copia de la declaración al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
