“El problema de la democracia es que hay muchos partidos; antes sólo había uno, robaba pero alcanzaba para la obra, para el pueblo; ahora hay muchos y, cómo todos quieren su parte, se lo quedan todo”, explicaba un campesino al describir la situación de su comunidad. “No sólo es Oaxaca. Es México, con partidos que se reparten el poder, el dinero. Es una tristeza”, coincide desde otro ámbito el pintor Francisco Toledo.
¿En qué momento la pluralidad política se convirtió en un problema para la democracia, cuando se considera condición indispensable para que ésta subsista?
La actuación de la Legislatura estatal bien nos puede dar un ejemplo de la historia de este volver al pasado. Y es que, con la llegada de la pluralidad partidista a fines del siglo pasado, el Congreso oaxaqueño parece iniciar una competencia en superar a la anterior: cada una se esfuerza por ser peor que la que la precedió y, cuando los oaxaqueños pensamos que habíamos tocado fondo y eso no era posible, las y los nuevos diputados ¡lo logran! No es todo, cada vez se ufanan más de su pragmatismo ramplón que derruye instituciones al tiempo que abulta fortunas personales. La 62 Legislatura nos está dando muestras de esta situación.
1. Aprobaron una reforma electoral a que acaba de declarar inconstitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no fue producto de una controversia jurídica, lo hicieron a sabiendas de la ilegalidad de lo aprobado en la reforma constitucional y luego por medio de un “desaseado proceso” (la Corte dixit) en la aprobación de la ley electoral. Ahora lo explican sin rubor: la reforma fue producto de una negociación política; lo cual no es para espantar a nadie, pues de eso se tratan también las tareas parlamentarias. Lo que supera los niveles de cinismo es haber negociado la ley.
El actual presidente de la Junta de Coordinación Política, el perredista Jesús López, nos regala esta perla: “sabíamos que (la reforma) era algo inconstitucional”, y pone un ejemplo de cómo negociaron la ley, “el caso del requisito de residencia era un tema del PRI porque buscaron afanosamente y se acordó por mayoría que se estableciera en la constitución porque era su tema”. Antes trascendió que reducir el porcentaje de votación para que los partidos “indígenas” conservaran el registro fue un intercambio de favores entre PRI y PSDO.
Es pues la negociación de la ley, al margen de la ley, por los encargados de hacerlas.
2. La opacidad y discrecionalidad en el manejo de los recursos tiene larga historia en el Congreso; ejercicio tras ejercicio se niegan a rendir cuentas, pese a ser los encargados –a través de la Auditoría Superior del Estado— de fiscalizar los recursos públicos.
Lo insólito es que ahora sean los propios diputados quienes se quejen de ello. 23 legisladores exigen a un empleado menor, el tesorero, rinda cuentas y transparente el ejercicio de los recursos que maneja. Lo curioso es que los diputados son los responsables directos de tal situación: ellos nombraron al tesorero, han fomentado y permitido esas prácticas y son incapaces de removerlo, otra vez, por las ” negociaciones y acuerdos políticos”, pues tal nombramiento devino de un acuerdo para el reparto de posiciones entre las fracciones parlamentarias.
Es cuota del PAN, señalan algunos diputados. No soy responsable, dice la coordinadora del PAN, Natividad Díaz. Y ambos tienen razón. La diputada no es la única responsable, pero tiene gran parte de ella al negociar posiciones e imponer al tesorero. Los otros diputados concedieron en votar el nombramiento a cambio de otros cargos. Fue el consenso de las complicidades.
Y por los corrillos trasciende el pago por evento al que se han habituado las y los diputados: toda firma de un dictamen o aprobación en el pleno tiene tarifas: el trabajo legislativo reducido a mero intercambio comercial.
3. “¡Ya cállate! Todo esto se negoció. Así es esto. Al igual que el puesto de tu hija…” Gritó el diputado prista Fredy Gil Pineda a su compañero del PSDO Manuel Pérez Morales, cuando éste protestaba por el reparto de cuotas para nombrar a los comisionados en el Instituto de Transparencia.
Ambos tenían razón. En el Congreso los puestos administrativos se repartieron por cuotas entre los diputados; no importó el perfil, conocimientos o experiencia. Por supuesto, colocaron a incondicionales o familiares. El Oficial Mayor le tocó al PRI, el ahora cuestionado tesorero al PAN; Comunicación Social al PRD. Y así sucesivamente hasta llenar los puestos existentes o crear nuevos para que todos los diputados alcanzaran cargo.
Pero esta lógica patrimonialista la siguen llevando a todos los espacios en que tienen incidencia, como los órganos autónomos. Todo está negociado, cómo remataría Fredy Gil.
Es la cartelización de los partidos y la partidización de las instituciones, como señala Jesús Silva Herzog-Márquez (El vaciamiento democrático, Nexos, octubre 2015).
Y el ejemplo cunde. En los órganos autónomos se replica la práctica; los titulares se reparten puestos. En los gobiernos federal, estatal y municipales, se prohíja la corrupción y la impunidad, en nombre de la pluralidad, hay que defender a los partidos a toda costa.
La pluralidad que llevó a Gabino Cué a la gubernatura se convirtió en el obstáculo al pedir partidos, organizaciones y actores, su pago en cuotas: la lucha se vulgarizó al convertirse en una disputa por posiciones y prebendas, no en defensa de un proyecto político democrático.
4. Pero no nos equivoquemos, la proliferación de membretes no significa pluralidad política. Si acaso de marcas, genéricos y similares.
Y es que las fronteras ideológicas se derruyeron. Ya no hay diferencias, o son mínimas, entre el PRI, el PRD, el PAN y el resto de los partidos. Ello se comprueba en las alianzas electorales, ideologías totalmente contrarias como las del PRD y PAN se unen para buscar el poder; el argumento de derrotar al totalitarismo priista ya no opera en la etapa actual.
El PRI nunca ha tenido rubores en cambiar de ideología de un momento a otro. En la década pasada, bajo la bandera del nacionalismo revolucionario obstaculizaron las reformas neoliberales que ahora, impulsadas y aprobadas gracias a su mayoría, son el orgullo de ese partido.
La cartelización de la política condujo a la disputa del poder por el poder mismo; eliminó la pluralidad y homogeneizó sus prácticas. La clase política se uniformizó, independientemente del partido en que militen.
Afortunadamente hay excepciones: algunos diputados y servidores públicos se oponen a las reformas
negociadas al margen de la ley, otros al reparto de cuotas, unos más a la opacidad y corrupción. Habría que distinguir, por supuesto, entre la posición genuina y la simulación que deriva de querer insertarse en la lógica negociadora y patrimonialista.
Por ello, no nos confundamos, no es la pluralidad la que pone en riesgo la democracia, sino la ausencia de ella.
Correo: victorleoneljuan.m@gmail.com
Twitter: @victorleonljuan
FB: /victor.leonel.92
