Alán García Campos, representante de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recomendó a los senadores al menos 15 aspectos para la ley general en materia de desaparición forzada de personas, la cual debe ser aprobada por el Congreso de la Unión a más tardar el 17 de diciembre y debe definir, dijo, la forma de enfrentar de manera integral el reto más deshumanizante que en la actualidad tiene México.
En su participación en las “primeras jornadas de audiencias y mesas de trabajo rumbo a la dictaminación de las iniciativas en materia de desaparición forzada y desaparición perpetrada por particulares”, en el Senado de la República, García Campos pidió desde sanciones por negligencia en las investigaciones hasta mecanismos trasnacionales de búsqueda.
Recomendó que la ley defina la desaparición forzada como un delito autónomo, además de incluir la desaparición de personas por particulares, la desaparición y apropiación de niños, los delitos vinculados con la negligencia en la investigación, un régimen amplio de responsabilidades, un procedimiento específico de búsqueda de personas desaparecidas con la participación de las familias, potenciar los servicios forenses, acceso a la justicia efectiva y que se tomen en cuenta las recomendaciones de instituciones internacionales.
En el foro, Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, dijo que seguramente la Cámara será sujeto de varias presiones para que no se reconozca en su debida dimensión la problemática, por lo que invitó a los senadores a ser estadistas y no políticos.
“Requerimos que se mire más allá de la coyuntura política y se tomen decisiones a largo plazo que finalmente den solución a este problema. Ser un estadista en este tema no significa defender al gobierno en turno ni al pasado, ser un estadista significa defender a las instituciones pero no a las personas que operan estas instituciones”, declaró ante legisladores.
En el foro también se le dio voz a los familiares de las víctimas como Andrea Modesto, quien relató que cuatro de sus familiares fueron desaparecidos el 13 de agosto pasado en Iguala, Guerrero, por policías estatales y casi dos meses después fueron encontrados en fosas clandestinas.
“Llegué a querer poner una denuncia, lo cual no me aceptaron. Me dijeron textualmente: no se la podemos levantar porque se cayó la señal a nivel internacional. O sea, digo, soy ignorante a lo mejor, pero no es para tanto”, expresó con la voz entrecortada.
