La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en el marco de lo que establece la Convención sobre los derechos del niño, exige a las autoridades involucradas en el caso del albergue “Hijos de la Luna”, garanticen y respeten los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas y de sus familias.
De acuerdo con los estándares internacionales señalados en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en situaciones que afecten a niñas, niños y adolescentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, corresponde a las autoridades garantizar el cumplimiento de obligatorio de dar los menores de edad asistencia y protección cuando sean víctimas.
El mismo protocolo de la Suprema Corte, señala que es obligación de las autoridades evitar que niñas, niños y adolescentes sufran revictimización, así como realizar las adecuaciones necesarias para ejercer efectivamente su derecho de acceso a la justicia, proteger su dignidad durante todo el proceso y restituir integralmente sus derechos.
Para la atención y seguimiento integral al caso la Defensoría señala que deberán adoptarse medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica, así como la reintegración social de niñas, niños y adolescentes víctimas de violaciones a derechos humanos.
Esta recuperación y reintegración, precisa el organismo defensor, deberá llevarse a cabo en un ambiente que considere su edad, desarrollo emocional y cognitivo, contexto social, cultural y familiar respetando su dignidad.
La Defensoría exhorta a las autoridades responsables a que apliquen estándares internacionales en materia de derechos humanos, leyes y protocolos de actuación para quienes imparten justicia en situaciones que afecten a niñas, niños y adolescentes, para que el empleo de estas herramientas permitan el acceso a la justicia en un marco de derechos humanos y evitar la revictimización.
El organismo autónomo nuevamente insta a las instituciones del Estado a normar y reglamentar el funcionamiento y operación de los albergues que brindan cuidados alternativos a niñas, niños y adolescentes en la entidad, ante el riesgo sistemático de cometerse violaciones a los derechos humanos, así mismo establecer políticas que garanticen la reinserción social y familiar de niñas, niños y adolescentes y con esto evitar la institucionalización de manera permanente.
En este sentido, recalcó la Defensoría, es fundamental que las denuncias de las niñas, los niños y adolescentes se analicen sin ningún tipo de prejuicio que genere discriminación y que limiten el ejercicio de sus derechos, además de que durante el proceso de justicia todas las acciones y decisiones que se tomen en el proceso consideren como fin primordial el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
La Defensoría llama a las autoridades y a la sociedad en general, para que en todo momento se evite el uso de la imagen y datos personales de niñas, niños y adolescentes involucrados, así como verificar que no se revelen detalles que permitan identificarlos y dé como resultado una estigmatización social que afecte su desarrollo.
Además, señala el Organismo autónomo, es obligación de las autoridades garantizar el derecho a la privacidad de las víctimas a fin de proteger su dignidad y reputación, pues niñas, niños y adolescentes involucrados tienen derecho a no ser expuestos y a que no se divulgue información que permita su identificación directa o indirectamente, pues esto constituye una injerencia arbitraria en su vida privada e intimidad.
La Defensoría solicita que, para la reincorporación de cada niña, niño y adolescente a su medio familiar, se considere un análisis integral respecto a las condiciones y contextos en los que serán restituidos, con el fin de garantizar su bienestar físico, psicológico y emocional, y además se considere la pertinencia de realizar un seguimiento de las condiciones familiares de cada caso.
