En la víspera que maestros de la Sección 22, detenidos en el penal del “Altiplano” en el Estado de México, rindan su declaración preparatoria, integrantes del cuerpo jurídico de la gremial acusaron irregularidades en el proceso, como también iniciaron una huelga de hambre en las inmediaciones de los juzgados penales del centro.
Edith Santibáñez, abogada de la Sección 22, señaló que el mal actuar de jueces y autoridades penitenciarias violentan las garantías de los cuatro profesores detenidos el pasado 28 de octubre, negándoles el derecho a tener una defensa adecuada.
Indicó que de manera arbitraria la juez primera de lo penal del distrito judicial del centro, Graciela Maldonado, sin dar oportunidad a una defensa adecuada dictó auto de formal prisión a Roberto Abel Jiménez García; además de que esta juez negó información, ante lo cual están preparando recursos legales.
De la misma acusó que Roberto Abel se queja de haber sido tratado con brutalidad, recibiendo un trato indigno e inhumano durante su detención.
Insistió que en el expediente 209/2015 radicado en este juzgado a cargo de Graciela Maldonado, han encontrado que hay muchos vicios, inconsistencias e irregularidades, toda vez que la Fiscalía General de justicia consignó esta averiguación sin detenido el 26 de Octubre del 2015, por lo que les sorprende que en 24 horas hayan librado una orden de aprensión y la hayan ejecutado el día 28 en contra de Roberto Abel Jiménez García.
En este sentido y como cuerpo jurídico, con la representación de la Secretaria, hacen la denuncia pública y exigen la destitución de estas autoridades “corruptas, nefastas. Aquí se palpa el tráfico de influencias, el abuso de autoridad y la violación a las garantías individuales y a los derechos humanos de los compañeros”.
Anunció que las personas que se pondrán en ayuno son familiares, maestros que están en apoyo.
En los casos de los otros 3 detenidos, comentó que se promovió un amparo el día martes, obtuvieron la suspensión de la juez octava de distrito pero sin embargo las autoridades penitenciarias del Estado de México y del juzgado segundo de procedimientos federales no han acatado el mandato judicial.
Ante ello han iniciado un cuaderno incidental donde están notificando a la juez del octavo distrito que no están cumpliendo las autoridades el mandato judicial, pues con la suspensión que se obtuvo tenían que darle acceso a los familiares y sobre todo a los abogados.
Finalmente indicaron que desde la noche del martes han solicitado el traslado de Roberto Abel a la penitenciaria central de la ciudad de Oaxaca.
Asimismo indicó que, ya hay una comisión que se está dirigiendo a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y a otras organizaciones, mientras ellos aquí hacen lo propio promoviendo dentro de los juzgados que los jueces acaten las disposiciones y mandatos judiciales.
