El Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, señaló que se está tornando insostenible la situación de los centro de reintegración social en Oaxaca, pues persiste el trato indigno a los internos, por lo cual la Defensoría a su cargo recibe constantes quejas de personas en situación de reclusión por posibles violaciones a derechos como a la salud, al acceso a la justicia, a la alimentación y a una vida digna.
Durante la sesión pública del Consejo Ciudadano de la Defensoría realizada el 10 de noviembre último, Peimbert Calvo informó que el organismo autónomo investiga un serie de deficiencias en el sistema penitenciario oaxaqueño, las cuales van desde la falta de condiciones adecuadas en las instalaciones de los Ceresos para la estancia de las personas internas, hasta acciones de las autoridades penitenciarias que podrían constituir violaciones a derechos humanos.
Agregó que un punto importante es señalar la posibilidad de la existencia de malos tratos por parte de las personas encargadas de la readaptación social, así como de quienes tienen la responsabilidad de vigilar y mantener la seguridad en los centros de readaptación social, pues han sido constantemente señalados por tratos indignos, lejanos a la calidad humana.
Peimbert Calvo detalló que la Defensoría ha encontrado indicios de violaciones graves a los derechos humanos, como a la alimentación, a la salud y a una vida digna. Ejemplificó que, en la vista realizada en un Cereso, las mujeres internas denunciaron llevar siete meses sin recibir atención médica ni medicinas tan básicas como pomadas, debido a lo cual una de ellas estuvo en riesgo de que un hongo le invadiera la pleura (membrana que recubre la cavidad del tórax y los pulmones).
El Defensor enfatizó que en el sistema estatal de centros de reintegración persiste un trato punitivo a las personas que están internas, pues es común que se apliquen castigos o sanciones, independientemente si las personas están sentenciadas o sólo bajo proceso.
Explicó que la existencia de este trato punitivo deriva en acciones violatorias a los derechos humanos, y por ello las autoridades implicadas podrían estar incurriendo en algún tipo de responsabilidad penal o administrativa, ya sea por comisión o por omisión.
Peimbert Calvo denunció que la Defensoría ha observado que las autoridades penitenciarias no han atendido las observaciones hechas en materia de derechos humanos, pues las resuelven en forma paliativa sin profundizar en las soluciones.
El Defensor indicó que esta actitud se puede leer como una falta de respeto a los derechos humanos y adelantó que la Defensoría en próximos días emitirá una recomendación en la cual detallará violaciones a los derechos humanos que han encontrado en centros de reinserción social en el estado.
Finalmente, Arturo Peimbert Calvo dijo que, derivada de esta recomendación, la Defensoría identificará si hay responsabilidad por parte de alguna autoridad de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y pedirá la sanción por responsabilidad administrativa o incluso penal si el caso lo amerita.