Por: El Economista
A un año de que el presidente Enrique Peña Nieto anunciara 10 medidas en materia de seguridad y justicia a raíz del caso Ayotzinapa, este decálogo no ha rendido resultados tangibles, coincidieron especialistas en políticas públicas y seguridad ciudadana.
En un diagnóstico, el coordinador del área de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Édgar Cortez, recoge que de las 10 iniciativas sólo se ha llevado a cabo de manera completa el operativo especial en la región conocida como Tierra Caliente, en municipios de Guerrero y Michoacán, observó
En un análisis elaborado a propósito del anuncio que el mandatario diera el 27 de noviembre del 2014, por el también miembro de la Junta Directiva del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), detalla que dos de las iniciativas fueron cumplidas parcialmente.
El documento refiere que se trata del cuarto punto: la existencia de un número único para llamadas de emergencia. Hasta el momento sólo se tiene el visto bueno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero la puesta en marcha está pendiente.
En relación con las acciones para fortalecer los derechos humanos, Cortez expone que se han realizado algunas, pero otras están pendientes también de cumplirse, como las leyes generales de tortura y de desaparición forzada.
Dos meses después de los incidentes registrados en Iguala, Guerrero, donde 43 normalistas desaparecieron tras ser atacados por policías municipales, las medidas anunciadas fueron producto de la urgencia de atender el caso, así como de la necesidad de brindar una respuesta más amplia al recurrente problema de la impunidad.
El decálogo, argumenta Edna Jaime Tiscareño, directora de México Evalúa, fue una respuesta a una crisis que parte de un mal diagnóstico, el cual afirma la incapacidad de las autoridades estatales para lidiar con el problema de violencia.
La decena de iniciativas apuestan al federalismo y pretenden sustituir aquellos espacios de debilidad institucional con presencia federal. La especialista observa que, al anunciarse las medidas, en lugar de buscar mecanismos para fortalecer a los gobiernos municipales -en quienes recae una gran responsabilidad en materia de combate a la violencia-, se les hace a un lado.
“Después de un año, el decálogo no ha dado frutos. Fue una respuesta a una crisis sin la existencia de una reflexión profunda”, advirtió Edna Jaime y agregó que ninguna de las 10 propuestas se ha traducido en un proyecto conocido ni que tenga secuencia para su consecución. “Fue un anuncio que no trajo un acuerdo político detrás ni estaban suficientemente maduros”.
Las iniciativas de ley o reformas a las normativas actuales continúan trabadas en el Congreso de la Unión. El estudioso Édgar Cortez expone sobre ello, que siete de las medidas no se han cumplido.
“El anuncio del decálogo fue poco afortunado, pues de las medidas anunciadas, la mitad consistía en proponer nuevas leyes y lo más paradójico es que teniendo mayoría en el Congreso de su mismo partido, las leyes no se han aprobado. Las iniciativas presentadas nunca han sido una prioridad para el PRI”, alega Édgar Cortez.
Concluye que, tras un año, “encontramos que prácticamente no ha cambiado nada y que la crisis de derechos humanos está instalada en el país. Este decálogo fue un discurso para transitar el momento pero que así como se anunció se dejó atrás”.
