San Bartolo Coyotepec, Oax.- El Gobernador Gabino Cué Monteagudo asistió como invitado de honor a la ceremonia de inauguración del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Oaxaca y fue testigo de la entrada en vigor -a partir de este lunes 30 de noviembre- del Código Nacional de Procedimientos Penales en la entidad.
Acompañado del Consejero de la Judicatura Federal, Magistrado Guadalupe Tafoya Hernández, así como de jueces especializados en la materia, el Jefe del Poder Ejecutivo acudió como testigo de la aplicación de este Nuevo Sistema de Justicia Penal en la entidad; instrumento legal que busca enmendar las fallas, la impunidad y sus consecuencias que enfrenta el actual sistema.
Su propósito –aseguró Cué Monteagudo- es cumplir con el mandato constitucional estipulado en la reforma penal de 2008 y transitar de un sistema de justicia inquisitorio, a un modelo de corte acusatorio adversarial. De esta manera –añadió- se establecen nuevas normas para investigar, procesar y sancionar delitos por los órganos jurisdiccionales locales y federales.
En las instalaciones del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Oaxaca, ubicadas en este municipio, el mandatario estatal refirió que en el periodo 2015-2016 se terminará la construcción de 10 Centros de Justicia, distribuidos en cuatro regiones, los cuales requirieron de una inversión de más de 630 millones de pesos.
Lo anterior, para hacer realidad la implementación del Sistema Acusatorio en todo el estado, con un total de 23 Centros de Justicia.
En este marco, el gobernante oaxaqueño manifestó que este es un momento histórico para Oaxaca, toda vez que con estas acciones se fortalece la certeza jurídica y se garantiza la vigencia de las garantías procesales.
Reconoció por tanto, el firme e invaluable apoyo del Gobierno de la República y de los tres Poderes del Estado para cumplir y enaltecer la causa de la justicia en favor de las y los oaxaqueños, toda vez que el proceso Penal Acusatorio Mexicano tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.
Además, los operadores del nuevo sistema tienen la obligación de proteger los derechos humanos de las partes en el proceso penal (persona imputada y su defensor; víctima y su asesor jurídico), especialmente durante las fases de la investigación.
En este tenor, Cué Monteagudo aseveró que Oaxaca se coloca entre los siete estados del país que configuran la vanguardia nacional en la implementación de este Sistema, con la existencia de 13 Centros de Justicia.
Destacó que de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, Oaxaca también se ubica entre los estados con mayor avance en la implementación del Sistema Acusatorio Adversarial en Materia Penal.
Durante la ceremonia realizada en la Sala de Audiencias de dicho Centro, el Consejero de la Judicatura Federal, Guadalupe Tafoya Hernández, expresó que de forma simultánea se iniciarán las funciones de los Centros de Justicia Penal Federal a partir del 30 de noviembre en las entidades de Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nayarit, Sinaloa y Tlaxcala.
Lo anterior –subrayó- representa un gran logro en el plano nacional, toda vez que se establecerán 44 de estos Centros en todo el país, antes del 18 de junio del año 2016.
En este marco, Tafoya Hernández precisó que en la entidad oaxaqueña serán tres jueces de Distrito (dos de ellos fungirán como jueces de control, de enjuiciamiento y de ejecución; y uno como administrador), así como un Tribunal de Alzada, además de juzgadores que sean adscritos por el Pleno, quienes se encarguen de atender las necesidades para la impartición de justicia.
Cabe mencionar que el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de modificación de diversos artículos constitucionales para establecer en nuestro país el modelo de justicia procesal penal acusatorio y oral, que se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
Por lo anterior, el Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de sus atribuciones debe dictar, en su ámbito de competencia, las disposiciones administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de la norma constitucional, de manera tal que antes del próximo 18 de junio, todo el territorio nacional opere bajo el nuevo modelo procesal penal.
