Por Animal Político
El 81% de los ingresos estatales son recursos transferidos año con año por el gobierno federal, mientras que sólo 8.6% corresponde a ingresos propios.
Gracias a los recursos que este 2015 les entregó el gobierno federal, las entidades pudieron ejercer 1.7 billones de pesos, es decir, 20 veces el presupuesto de Prospera, el principal programa de política social del país.
Del total de ingresos generados por México, cerca del 25% son transferidos a los estados y municipios, según datos recolectados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Las aportaciones y participaciones para los estados no han dejado de crecer en los últimos quince años; el problema es que aunque apenas generan el 16% de los ingresos totales, gastan el 44%.
En promedio, el 70% de su gasto se utiliza para financiar a la burocracia. En los últimos diez años los salarios de los funcionarios en los estados aumentó 39%. Con casos destacados en Zacatecas y Durango, con incrementos de 219 y 230%, respectivamente.
El Instituto Mexicano para la Competitividad advierte: generan poco y gastan mucho; aumentan cada vez más su dependencia y no terminan de transparentar la información sobre sus finanzas públicas.
En el Índice de Información Presupuestan Estatal (IIPE) que el IMCO presentó este martes, cuatro entidades están por debajo del mínimo aprobatorio sobre la calidad de información de sus finanzas públicas: el Distrito Federal, Zacatecas, Michoacán y Quintana Roo.
Y aunque tres entidades (Coahuila, Jalisco y Puebla) tuvieron 100% de cumplimiento todavía existen malas prácticas en los estados que obstaculizan la transparencia presupuestaria.
Por ejemplo, Baja California Sur publica su presupuesto ciudadano sin información para la ciudadanía, con un lenguaje técnico difícil de entender.
En San Luis Potosí no se incluyen montos para el clasificador por objetivo del gasto; Yucatán presenta su deuda pública sin informar sobre la tasa de interés; Morelos no contempla el tope para contratar deuda pública; y estados como Guerrero, Baja California, Durango, Oaxaca, Querétaro y Tabasco publican un presupuesto ilegible.
Ante ese escenario, el IMCO considera que las entidades se enfrentan a importantes desafíos: dependencia de los recursos federales, baja generación de ingresos propios y creciente deuda pública.
Según la única información disponible, el saldo de la deuda estatal asciende a 456 mil millones de pesos, monto que no considera pasivos a proveedores ni la deuda que no se garantiza con participaciones o aportaciones federales.
Los datos disponibles muestran que la deuda per cápita promedio es de 3 mil 828 pesos y aún así el 58% de las entidades federativas no entrega información suficiente sobre la contratación de deuda.
“La relevancia de la deuda no es tanto el monto si no la capacidad de pago. El problema es cuando se contrata y se ejerce en condiciones de opacidad”, dijo Juan E. Pardinas, director general del IMCO.
