Por La Jornada
La violencia y la expulsión del agro de miles de jóvenes a consecuencia de la falta de acceso a servicios básicos de salud y educación son retos que afectan el combate a la inseguridad alimentaria, afirmó Ricardo Rapallo, oficial de seguridad alimentaria de la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), quien destacó que en América Latina y el Caribe aún hay 34 millones de personas que sufren hambre.
En entrevista con La Jornada, señaló que el contexto de violencia que enfrentan los jóvenes también los impulsa a abandonar el campo. Es uno de los principales desafíos; enfrentamos una población rural cada vez más envejecida, ante un fenómeno de abandono del agro por los jóvenes, muchas veces debido a situaciones de violencia, pero también porque no pueden tener acceso a servicios de salud, educación y ocio.
Destacó que todo lo que condicione o altere el proceso de comercialización de productos del agro o de la puesta en marcha de las políticas públicas sociales son una amenaza para la seguridad alimentaria.
Apuntó que tradicionalmente se enfocan los riesgos a factores climáticos o de crisis en el precio de los alimentos, pero la violencia también es una amenaza al combate a la inseguridad alimentaria.
Al participar en el seminario internacional Protección social y políticas productivas: lecciones y aprendizajes para la renovación de una agenda de desarrollo en América Latina y el Caribe, convocado por la FAO, destacó que la violencia e inseguridad de todo tipo son una amenaza al combate contra el hambre.
Rapallo explicó que afectan las cadenas productivas y la capacidad de las comunidades de tener acceso en condiciones de equidad a mejores servicios. Incluso, señaló, hay campesinos jóvenes que por su actividad podrían permanecer en sus comunidades, pero no lo hacen porque carecen de servicios educativos o de salud. Y enfatizó que se deben crear condiciones dignas e interesantes para que la gente quiera permanecer en el campo.
Al preguntársele sobre el impacto de la agricultura familiar –unidad de producción agrícola en la que predomina el trabajo familiar en pequeñas extensiones de tierra– en el combate al hambre, destacó que tiene un papel fundamental, no sólo porque aporta muchos de los alimentos que consumimos, sino porque también son un motor económico fundamental para el campo y por su enorme valor cultural.
De acuerdo con datos recientes de la FAO, en América Latina y el Caribe poco más de 80 por ciento de las explotaciones tienen como base la agricultura familiar, lo que implica la participación de más de 60 millones de personas, por lo que se considera que genera entre 57 y 77 por ciento del empleo agrícola de la región.
Se estima que tan sólo en México y Centroamérica existen 5.8 millones de explotaciones de agricultura familiar, lo que representa 35 por ciento del total en América Latina y el Caribe.
En el caso de nuestro país, se calcula que de 4.1 millones de unidades familiares existentes, 73 por ciento se dedica a la agricultura, 18 por ciento a la ganadería, 8 por ciento a la silvicultura y uno por ciento realiza actividades de pesca y acuicultura.
Tras recordar que de acuerdo con los resultados del Panorama de la inseguridad alimentaria para América Latina y el Caribe 2015, la región avanzó en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio para reducir a la mitad el número de personas que viven sin acceso a los alimentos necesarios para garantizar su nutrición, Rapallo indicó que en la FAO existe optimismo para lograr la meta de erradicar el hambre.
Sin embargo, puntualizó que esto dependerá de fortalecer los compromisos políticos para hacerlos objetivos de Estado y enfrentar escenarios de incertidumbre económica, pues aún hay sectores muy vulnerables afectados por el hambre, como las comunidades indígenas y aquellas que habitan en localidades aisladas y dispersas.
